Con un operativo de 250 efectivos federales y provinciales, reprimieron y desalojaron ayer en Villa Mascardi, Río Negro, a la Lof Winkul Lafken Mapu, la comunidad de Rafita Nahuel, mapuche asesinado por Prefectura en 2017. Fueron detenidas 8 mujeres con sus hijos.
Esta es la primera acción del Comando Unificado de Seguridad creado el lunes pasado por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Consta de la cooperación entre la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que colaborarán con la policía provincial.
El hecho se dio en un contexto de avanzada contra las comunidades mapuches. El 26 de septiembre pasado, el Juzgado Federal de Bariloche inculpó a miembros de la Lof por incendiar un puesto de vigilancia de Gendarmería de la zona. Tras este suceso, la gobernadora rionegrina Arabela Carreras se reunió con el presidente Alberto Fernández, quien visitó la provincia para inaugurar unas viviendas. Al viaje, fue acompañado por Aníbal Fernández, que a su vez, se reunió con la ministra de Seguridad provincial Betiana Minor.
El nuevo Comando se creó a pedido de la gobernadora rionegrina, que caracterizó la propuesta – durante una entrevista a Clarín — como "superadora" de las mesas de diálogo impulsadas por la anterior gestión de Seguridad encabezada por Sabina Frederic. Carreras desde el 2021 pidió la intervención de fuerzas federales. En la entrevista, además, afirmó que busca defender "la identidad argentina de la Patagonia".
Por su parte, la presidenta del PRO Patricia Bullrich presentó su denuncia contra la ex y el actual funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, por terrorismo. Este último también fue cuestionado por la gobernadora que afirmó en diálogo con Radio Mitre que el INAI tiene un mensaje "contradictorio" respecto a la "defensa de la soberanía". Además que Pilquimán "tiene una causa en ocasión de trasladar personas y bienes hacia la toma (de Villa Mascardi) en vehículos oficiales".
Ayer, Aníbal Fernández anunció vía Twitter que "se procedió a dar por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi". Luego de 5 años de recuperación territorial y a pesar del derecho constitucional que reconoce la devolución de las tierras a los pueblos indígenas preexistentes, el gobierno nacional avanzó con el desalojo.