|Por Paula Farbman
Los que pasaron felices fiestas son quienes manejan Equinor, la empresa noruega que poco antes de que termine el año obtuvo la aprobación del gobierno nacional para la exploración sísmica petrolera en el Mar Argentino a la altura de Mar Del Plata en sociedad con YPF y Shell durante cinco meses.
En otras palabras: habilitaron que una bomba sonora explote cada diez segundos con el fin de localizar y, potencialmente, extraer hidrocarburos. Una condena para el mar, su biodiversidad marina y la comunidad costera.
La última firma fue la del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pero el proceso licitatorio lo había iniciado Mauricio Macri en el 2018 y lo continuó Alberto Fernández. A la hora de entregar nuestros bienes para saldar deudas, pareciera que no hay ninguna grieta. Es que esta política corresponde a un modelo económico donde recursos naturales y materias primas son vendidos a corporaciones extranjeras con la promesa de desarrollo y trabajo: un discurso conmovedor.
Desde el gobierno sostienen que el proyecto apunta al diseño y ejecución de una política energética federal que impacte en la matriz productiva del país, así como contribuir a "poner en valor los recursos hidrocarburíferos que cuenta el lecho marino argentino”. Como contrapartida, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas plantearon: “En un contexto de crisis climática y ecológica, la expansión de la frontera fósil forma parte del pasado. Es una tecnología obsoleta que debe entrar en desuso cuanto antes y esos fondos ser desviados hacia la construcción de la infraestructura necesaria para una transición energética justa y popular”.
A su vez, la preocupación radica en las posibles consecuencias que pueda acarrear la participación de una empresa extranjera en la exploración y posible explotación de recursos nacionales, sumado a la desconfianza en las regulaciones y controles estatales. En este sentido, hay un fuerte rechazo a la profundización de las políticas extractivistas, tales como el agronegocio, la megaminería, el desmonte e incendios forestales, que se vienen desarrollando en distintas partes del país, y que atentan contra el desarrollo y la soberanía nacional.
Durante la audiencia pública en julio del 2021, organizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, 350 personas expusieron, de las cuales 333 se opusieron al avance de la industria petrolera en el Mar Argentino. Sólo 12 estuvieron a favor. ¿Entonces? No hay licencia social para esta actividad. Así como tampoco la hubo en Chubut para la explotación megaminera. La respuesta es muy clara: el pueblo no aprueba ninguno de los planes que ponga en peligro nuestra naturaleza ni nuestra vida.