Por Ailín Colombo
Dieciséis vecinos y vecinas chubutenses fueron procesadas por el juez federal Gustavo Lleral — que había llamado a indagatoria a 23 personas — el pasado 27 de abril por cortar la Ruta Nacional 3 en mayo de 2021. La protesta había sido contra el rechazo de la Legislatura provincial a la Segunda Iniciativa Popular que, con más de 20 mil firmas, pretendía frenar la Ley de Zonificación Minera. En este marco, conversamos con Noelia Silva , una de los procesadores e integrante de la Asamblea Ambientalista de Rawson.
Durante el corte de ruta “éramos alrededor de 120 personas y había más de 400 policías. Fue un desalojo que sucedió a las 3:40 de la madrugada; nos habían cortado la luz, había montado, patrulleros, motos, estaban todas las fuerzas de la policía ahí. Acordamos en una asamblea que nos íbamos a bajar para evitar que hubiera represión , porque era muy desproporcionado el número” , recordó Silva.
Las y los manifestantes habían decidido desalojar de manera pacífica para evitar que el conflicto escale. Sin embargo, dos años después, llegaron los procesamientos. Los militantes ambientales los definen como parte de la “criminalización de la protesta” impuesto por el gobierno provincial. “Lo vemos como una medida disciplinatoria que busca desactivar las movilizaciones y amedrentar a la comunidad”, concluyó Noelia.
Tras el último levantamiento popular, denominado Chubutazo o ChubutAGUAzo, en diciembre de 2021, el pueblo ganó a fuerza de lucha en las calles la derogación de Ley de Zonificación Minera, aprobada por la Legislatura contra la voluntad popular. Dicha ley permitía la designación de la meseta de la provincia como "zona de sacrificio" para la explotación a cielo abierto del depósito de plata sin desarrollar más grande del mundo.
Redacción Resistencias
Causas judiciales
“Esta es mi tercera causa”, alertó Noelia. En Chubut, las causas judiciales a luchadores sociales están a la orden del día. Hace casi 15 días, la docente Estela del Valle Juárez fue condenada a tres meses de prisión en suspenso por las protestas de estatales del año 2019. Exigían al gobernador Mariano Arcioni el pago de salarios y cargas sociales adeudados.
“Tenemos muchos procesados en la provincia, incluso hay 24 por el Chubutazo y todavía no tenemos ni un policía identificado por la represión brutal que sufrimos esos siete días”, agregó la asambleísta. Este acontecimiento, que duró una semana, dejó un saldo de por lo menos 30 heridos, decenas de detenidos y a posterior los imputados acusados de "destrozos" que mencionó Noelia.
Amedrentamiento y espionaje
Los ambientalistas también denuncian que son foco de amedrentamientos y espionaje. Sobre este tema, Noelia sintetizó: “Nosotras estamos hablando por una llamada fija. Yo, por recomendación de mi abogado, no debería utilizar este tipo de contacto porque sospechan que tenemos los teléfonos intervenidos. A nosotros nos espían afuera de nuestras casas, a veces con patrulleros, a veces con autos de civil de inteligencia; nos persiguen, nos paran en los controles; las causas nos llueven”.
De hecho, el juez Guido Otranto elevó a juicio a tres ex agentes de la AFI por espionaje contra integrantes y personas cercanas a la Asamblea No a la Mina de Esquel. El juicio comenzará en 2024. La denuncia data del año 2015, cuando se filtraron fichas de vecinos de la Comarca Andina – se presume que por error – en un expediente de la causa por la recuperación de tierras mapuche Lof en Resistencia Cushamen.
Por otro lado, el 3 de julio comenzará el juicio contra cuatro policías provinciales imputados por vejaciones y torturas contra seis luchadores ambientales, causa en la que Silva es querellante. Los hechos denunciados son de la madrugada del 6 de diciembre de 2019, cuando los activistas fueron detenidos de forma ilegal durante una manifestación. “Les va a pasar lo mismo que a Santiago Maldonado”, fue la amenaza que perpetró la policía contra los detenidos.
¿De qué se trata el proyecto de Soberanía Energética?
Mariano Arcioni, el gobernador que prometió en campaña no ser promotor de la megaminería, envió a la Legislatura en abril pasado el proyecto de Ley de Soberanía Energética, que tiene el objetivo de que el gobierno provincial pueda “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Según declaró Arcioni, el objetivo es “tomar las riendas del destino de los recursos y las potencialidades provinciales”.
Los recursos a explotar serán los “hídricos, eólicos, fotovoltaicos, mareomotriz, geotermia, y sus vectores energéticos, sus potenciales combinaciones o nuevas fuentes que se desarrollen en el futuro con afectación directa al uso del suelo, mar, recursos renovables o no”. Noelia Silva explicó que se trata de “de la explotación completa de la provincia de todas las maneras posibles. Propone que se autorice por noventa años”.
Atentado contra la soberanía
La persecución judicial y la presentación del proyecto de ley se dan en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sumado a la visita de la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, que declaró : "ésta región es importante ¡ con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras! ”.
Al respecto, Silva resaltó que “están todos (los capitales extranjeros) pidiendo la explotación de distintos materiales en todo el territorio, pero acá la verdadera presión la está ejerciendo el FMI, que tiene como propósito fundamental la explotación y que le entreguemos todos nuestros bienes para saldar la deuda, que no deja de ser un plan colonialista”.
Redacción Resistencias