Desde el año 2021 los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso se encontraban suspendidos e imputados por presunto mal desempeño en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez tras haber absuelto a los responsables del delito. Hoy, la Corte Suprema bonaerense los absolvió y restituyó a sus cargos.
En el 2018, tras dos años de juicio, los jueces Viñas, Gómez Urso y Aldo Carnevale resolvieron condenar a los principales sospechosos del femicidio de Lucía, Matías Farías y Pablo Offidani, a ocho años de prisión por tenencia y venta de estupefacientes, absolviéndolos de los delitos de abuso sexual y femicidio de la adolescente. El argumento fue que la joven tenía “carácter fuerte” y era “determinada”, y por eso “podía tener relaciones con quien quería y cuando quería”. Justicia patriarcal en su máxima expresión.
Frente al fuerte repudio social que generó el fallo, en el 2020 el Tribunal de Casación Penal bonaerense lo revocó y llamó a un segundo juicio con un nuevo tribunal bajo el argumento de que el fallo contenía “intolerables prejuicios” y “suposiciones basadas en estereotipos de género”. En este segundo juicio, Farías y Offidani fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual y femicidio.
En este marco, en el año 2021 la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Bonaerenses confirmó el jury contra Viñas y Gómes Urso por “negligencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” (Carnevale consiguió jubilarse antes). La Bicameral explicó en la resolución que los magistrados “juzgaron a la víctima y no a los victimarios”, y que “llevaron adelante una práctica de revictimización secundaria contra Lucía, aún después de muerta, que atentó contra su intimidad y su dignidad”.
Hoy, a ocho años del femicidio de Lucía, tras una decisión unánime de la Corte, los jueces fueron absueltos. Una vez más, la justicia ratificó su postura patriarcal, misógina y violenta. Viñas y Gómez Urso volverán a sus cargos, y las víctimas y sus familias continuarán sin amparo ni resguardo.
En Argentina hay un femicidio cada 35 horas. No obstante, los jueces siguen culpando a las víctimas por ser violentadas, mientras que el presidente vota en contra de eliminar la violencia hacia las mujeres y niñas frente a organismos internacionales. Para las mujeres y niñas no hay resguardo en nuestro país. La falta de perspectiva de género en la justicia y el Estado mata.