Por Tomás Astelarra
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Con la decisión del gobierno de suspender definitivamente el plan Volver al Trabajo, se cierran diez años de una política pública nacida de las organizaciones sociales. Con amplio y diverso consenso político, la Ley de Emergencia Social buscaba organizar cooperativamente el aumento de la informalidad laboral en Argentina bajo el concepto de “economía popular”.
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Corría el fin de año del 2016 cuando empezó a circular entre las compañeras de muchos barrios populares y pueblos perdidos del interior el rumor de la posibilidad de acceder a un nuevo “plan social” llamado Salario Social Complementario (SSC).
La novedad era que esta vez no se trataba de una política meramente asistencialista, sino de un “subsidio al trabajo cooperativo”, que formaba parte de la Ley de Emergencia Social (27.345), aprobada por unanimidad en el Senado y con apenas 4 abstenciones (del FIT) y un voto en contra (el inefable prócer de la nueva ultraderecha argentina Alfredo Olmedo) en Diputados. Si, calcularon bien: en pleno gobierno de Cambiemos.
El SSC había sido elaborado y militado por la Confederación de Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), surgida en 2011. Sus principales referentes eran, por ese entonces, Emilio Pérsico (del Movimiento Evita) y Juan Grabois (del Movimiento de Trabajadoras Excluidas). Juntos habían publicado en 2015 el libro Organización y Economía Popular.
Una política desde abajo y la periferia
La ley tenía como objetivo: “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
Mas peronista no se consigue. Aunque si se tiene en cuenta que muchos de estos derechos ya se estaban garantizando por las organizaciones desde la autogestión, la cosa también pintaba medio anarcozapatista (autonomista decían las compañeras).
Quizás sonaba un poco ambiciosa la propuesta. Pero había algunas experiencias piloto con buenos resultados. Y con entre diez y veinte años de experiencia. Ya que muchas surgían de los movimientos campesinos o piqueteros, asambleas barriales y centros culturales, fabricas recuperadas y otras experiencias que se cocinaron al calor de la debacle del modelo neoliberal de los noventas.
Si bien se trataba de un término ya ampliamente utilizado para otras realidades de América Latina, en Argentina, el concepto de “economía popular” se ajustaba a la novedad para nuestro país de que no todos los empleos eran formales. Que no todos los trabajadores tenían aguinaldo, obra social y vacaciones pagas. Pero, sobre todo, que las mujeres también trabajaban, y que no todas las personas que no aparecían en las estadísticas de empleo eran necesariamente unas “vagas planeras”.
Algo que se evidencia hoy cuando, a pesar de tremenda crisis económica, la estadística de desempleo no aumenta. Claro, a diferencia de antes de los noventas, hoy en Argentina “trabajar” no necesariamente implica tener derechos laborales.
En Argentina la economía popular había nacido como una forma de empoderar a las ex “desocupadas” o “excluidas”, luego “piqueteras” o “cartoneras”, producto del modelo neoliberal o Consenso de Washington implementado en los noventas por el peronismo versión menemista. Se trataba de aquellas doñas que el papa Francisco luego bautizaría como “poetizas populares”. Aquellas que, frente a la crisis económica previa al estallido del 2001, igual que Lenin, se preguntaron: ¿Qué hacer?
Sus maridos proveedores deprimidos sin laburo. Incluso después de algún fracaso como emprendedor con algún kiosco, videoclub, parripollo, cancha de paddle o todopordospesos que habían puesto con la guita de la indemnización de alguna empresa privatizada del interior. Al igual que sucede hoy con los empleos de plataforma, la oferta de estos emprendimientos crecía mientras la demanda se caía frente a la evidencia de una profunda crisis económica para los sectores populares.
Mientras tanto las “jefas de hogar” veían como sus adolescentes, también sin laburo, se la pasaban de joda, o mucho peor, vendían joda (como soldaditos del narco). Los más peques comían salteado. Todavía no existían los préstamos de las billeteras virtuales ni la AUH.
De la protesta a la propuesta
Quizás hoy la solución suene un poco violenta, pero aquellas doñas fueron las promotoras de las acciones piqueteras que luego redundarían en la creación de los llamados “planes sociales”, luego las ollas o comedores populares. Incluso encararon incipientes proyectos cooperativos textiles o de agricultura familiar, de cartoneras, maquilladoras o vendedores ambulantes, producciones de escabeches y mermeladas y hasta redes de comercio justo (que comercializaban productos todavía extraños como yerba agroecológica de Misiones o harina de algarroba o dulce de leche de cabra del Movimiento Campesino de Santiago del Estero). También alguna radio comunitaria o bachillerato popular, guarderías infantiles, brigadas feministas y otros inventos del siglo XXI en Argentina.
A pesar de no haber logrado evitar que llamemos crisis del 2001 a un estallido social que comenzó, por ejemplo, en Cutral Co en 1997, la economía popular, heredera de las organizaciones piqueteras (luego sociales), nació con un amplio carácter federal. Además de su sentido matriarcal, que fue evidente cuando el gobierno duhaldista, con sus patrones del conurbano o las provincias peronistas, tuvieron que ponerle “Jefes y Jefas de Hogar” al plan social con el inaugurarían su gestión.
A esta altura pocos recuerdan que dicha política asumía el “plan social” como una condición imprescindible para cualquier gobierno post 2001. Aún en el gobierno libertario de la Libertad Avanza, la AUH no sólo zafó de la motosierra, sino que mantuvo su valor. Solo que a diferencia del SSC, no es para trabajar, y mucho menos de forma cooperativa.
Es que también pocos recuerdan que el Plan Trabajar, inaugurado por el gobierno menemista tras el fracaso de la represión durante la protesta de Cutral Co, incorporaba, justamente, una contraprestación de trabajo en obras públicas. Fue a pedido de las propias organizaciones. Todavía existía algo parecido a la “cultura del trabajo”.
Vallan a laburar. ¿Adonde?
Luego del proceso de “reorganización nacional” y la “plata dulce”, la democracia argentina había nacido un poco atada de manos desde los factores económicos, estrenando vocabulario con palabras como “deuda externa”, “riesgo país”, “paco” o “monotributo”.
Entre 1976 y 1983 la deuda externa había pasado de 8.000 millones de dólares a cerca de 45.000. La pobreza del 5 al 25%. El salario real había perdido el 40% de su valor, habían cerrado más de 10.000 pymes y la industria jamás pudo volver superar los 6 millones de empleos formales. Una estadística que Pérsico citaba una y otra vez para explicar la importancia del modelo de “economía popular”.
En aquel 2016, cuando se aprobó la Ley de Emergencia Social y los SSC, en pleno gobierno de Cambiemos, a pesar de la “década ganada”, según el INDEC, el 33,6% de las trabajadoras argentinas se declaraban informales. En 1976, la tasa de informalidad laboral en Argentina era de apenas del 10%. Diez años después, en 1986, casi se había triplicado (27%). En 1996 ya era del 35% y en 2006, tras la crisis, alcanzó el 44,3%. Hoy ese guarismo, sigue rondando el 44,2 % y en suba. Un aumento del 1% anual desde aquel proyecto de Ley del 2016.
Al igual que la pobreza, más allá de los esfuerzos, la recuperación económica del peronismo en su fase kirchnerista no había alcanzado para solucionar el tema de la informalidad laboral. Con el gran capital nacional en manos de empresas monopólicas extranjeras (incluyendo a Techint, con sede en Luxemburgo) y “el campo” copado por la soja y desplazando población hacia los conurbanos, la reconstrucción del empleo formal a través del fomento de la “industria nacional” comenzaba a sonar a más chamuyo que el “efecto derrame” neoliberal.
Generar empleo estatal para solucionar el problema se parecía más a una estafa piramidal que a una solución de largo plazo. Muchas provincias ya evidenciaban ese problema.
El peronismo kirchnerista, que tardó más de veinte años en reconocer que accedió al poder gracias al “caos” de las movilizaciones populares piqueteras de los noventas (que desembocaron en el 2001), tampoco había modificado esa lógica asistencialista de los planes sociales del duhaldismo (incluyendo las manzaneras de Chiche). Más cerca de Susanita que de Evita.
Con la Ley de Emergencia Social y el SCC, las organizaciones de la economía popular (ex sociales, ex piqueteras) habían podido generar el consenso (masiva movilización mediante y en pleno gobierno de Cambiemos) para aprobar una ley que fortaleciera, no solo sus derechos básicos, sino también sus iniciativas productivas. Una especie de “tercer sector” que solucionara, desde abajo y la periferia, a través de la “comunidad organizada”, aquello que ni el Estado ni el Mercado habían podido solucionar desde la vuelta de la democracia: un trabajo digno.
El fin de un ciclo
Así como las poetizas populares se habían inventado su propio trabajo, también se habían inventado sus propias ONGS. Ya que, legalmente, lo comedores populares y “unidades de gestión” del SSC estaban constituidas como asociaciones civiles. Es decir: Organizaciones No Gubernamentales (ONGS). Que era la maravillosa expresión que había encontrado el consenso neoliberal de los ochentas (el fin de la historia de Francis Fukuyama) para bautizar esa nueva “tercera vía”. La del sector privado colaborando con los sectores todavía excluidos del dichoso efecto derrame (neoliberal o progresista).
Quizás por eso, según denunció el propio Pérsico en más de una ocasión, algunos empresarios o funcionarias macristas, entendieron mucho más la economía popular que muchos compañeros progresistas o peronistas.
Casi cuarenta años después del “fin de la historia”, cansadas de esperar que la Fundación Clarín o Techint se acercara a sus territorios, las dichosas excluidas colaboraban consigo mismo. Y extorsionaban al Estado a través de numerosas movilizaciones para que les tirara una moneda o migaja*.
Ya en toda la Patria Grande había tufillo a fin del llamado “ciclo progresista”. Que más allá de la distribución de los excedentes o migajas del boom extractivista y primario para el consumo masivo, no había podido modificar la concentración económica o la extranjerización de la tierra y los medios de producción. En Argentina tampoco había podido restaurar una condición que nos había hecho casi únicos, casi europeos, en casi toda América Latina: un Estado de Bienestar que permitía un trabajo digno, con aguinaldo, obra social y vacaciones pagas. Incluso la posibilidad de comprarse una casa.
En las paradojas o vueltas de la vida, poco antes de ser asesinado, apenitas después del 2001, Darío Santillán había inaugurado en el predio okupa de Roca Negra, una cooperativa de “bloques de cemento” con una vieja bloquera que la había regalado un empresario de la zona sur de Buenos Aires. Actualmente es fuente de trabajo para varios compañeros. En ese entonces, también, era la forma que aquel militante piquetero encontró para construirse su primera casa (y la de otras compañeras) en el barrio okupa de La Fe.
Ya en 2015 en Bolivia, específicamente en Santa Cruz de la Sierra, con motivo del II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares gestado junto al Papa Francisco (que mandó a los jóvenes a “hacer lío”), Pérsico contó como una gran novedad el concepto de economía popular en una mesa de intelectuales y dirigentes sindicales y sociales bolivianos.
Se le cagaron de risa. “Acá hace décadas, sino siglos, que todo es economía popular. Y están todos sindicalizados”, le explicaron. Hasta contaron aquella vez que en el proceso de la nueva constitución plurinacional boliviana (2009), el sindicato de payasos callejeros se acercó a presentar sus propuestas.
Una economía de la derrota
En el debate por la Ley de Emergencia Social, la jefa del bloque por el Frente Renovador, Graciela Camaño, aclaró que el proyecto era “el mea culpa más vergonzoso de la política argentina. Porque estamos reconociendo que hay millones de compatriotas que están en la economía informal y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas que se la rebuscan para sacar su familia adelante”. Leo Grosso, diputado y referente del Movimiento Evita, aclaró: “Nacimos como piqueteros porque no había posibilidad de hacer huelga. Esta ley viene a plantear el reclamo de los sectores sociales y de la economía popular de darle poder a los pobres”. Por su parte el dirigente del PRO Luciano Laspina reconoció que la ley: “viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles”.
La socialista Alicia Ciciliani sostuvo que el proyecto era: “un reconocimiento de ese porcentaje de la población que son excluidos, que quieren un trabajo digno, y dejamos estigmatizar”. Por su parte Olmedo criticó el proyecto, estigmatizando a los excluidos, con un argumento que cada vez se haría más popular, al sostener que los titulares de los planes sociales: “hacen cola para cobrar por no hacer nada. Prueben trabajando. Porque ningún país se levanta fomentando la vagancia”. Era el anticipo del “agarra la pala” con el que la Libertad Avanza lograría ganar las elecciones en 2023.
Por su parte Néstor Pitrola, representante del FIT, manifestó su rechazo al acuerdo político entre movimientos sociales y el macrismo y denunció “una red de precarización laboral”. Una posición parecida a la de un gran sector del peronismo kirchnerista que, fuera del gobierno, también acusaba a los movimientos de la economía popular de “traidores” por negociar con el macrismo mejores condiciones de vida para los sectores populares. El tema pasó a mayores cuando el Movimiento Evita decidió apoyar la candidatura de Florencio Randazzo.
El principio de un desentendimiento o debacle que comentaremos el próximo episodio.
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* La anécdota que supo relatarme un dirigente de las organizaciones piqueteras, luego sociales, luego de la economía popular de Buenos Aires, es ejemplificadora del desentendimiento entre los funcionarios peronistas y estas nuevas modalidades del trabajo popular cooperativo. Fue en una reunión en medio de una importante concentración. El funcionario preguntó cuántos planes querían. Los dirigentes dijeron que no querían planes sino créditos o subsidios para algunos emprendimientos de la economía popular. El funcionario insistió: “no me rompan las pelotas. ¿Cuántos planes quieren?”. Los dirigentes insistieron mostrando unas carpetas con planillas de Excel que mostraban diferentes proyectos de panaderías, herrerías, cooperativas textiles y de construcción, entre otras iniciativas. El funcionario se cagó de risa y preguntó: ¿con medio palo nomás montan una panadería? Abrió un cajón y le pasó en mano unos cinco palos (o diez panaderías). “Despejen la calle y déjenme de joder”, parece que les dijo.
PD: Los dirigentes volvieron al año con la rendición de los proyectos. El funcionario se volvió a cagar de risa. “Boludos eso era para que se lo queden ustedes”, parece que dijo.