Por David Acuña
Hablar de la última dictadura militar implica hacerlo sobre la guerra de exterminio desatada por los Estados Unidos bajo el paradigma de la Doctrina de Seguridad Nacional contra la integridad de Nuestra América. La sincronía de las rupturas institucionales perpetradas por el “Plan Cóndor” se ejecutó bajo la premisa de anular cualquier movimiento popular que cuestionara la lógica del capital transnacional y la hegemonía estadounidense. La evidencia de este diseño radica en que, una vez consolidadas las reformas estructurales que beneficiaban a Washington, al FMI y a los grupos económicos, la recuperación del sufragio electoral también adquirió un carácter sincrónico y tutelado.
Continuidades y Rupturas del Modelo Económico
En 1975, el fenómeno conocido como el “Rodrigazo” –consistente en una devaluación del peso del 160% y un incremento de tarifas y combustibles del 180%– tuvo como objetivo la licuación de deudas empresariales mediante el rezago deliberado de los salarios. Se buscaba generar un shock social y de mercado para, una vez estabilizada la situación, liberalizar la economía y facilitar la penetración del capital extranjero. Estas medidas fueron acompañadas por condicionamientos a las negociaciones paritarias y una reforma tributaria regresiva, factores que erosionaron estructuralmente el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
A pesar de la salida de Celestino Rodrigo y José López Rega del gobierno por la presión de la CGT –en lo que fue la primera huelga general contra un gobierno peronista–, la arquitectura del plan de ajuste persistió. Ricardo Zinn, viceministro de Rodrigo y verdadero ideólogo del programa, mantuvo su influencia como asesor de José Alfredo Martínez de Hoz durante la Junta Militar y más tarde de Carlos Ménem en el proceso de privatizaciones.
Meses más tarde, Zinn es sustituido en Hacienda por Pedro José Bonnani, quien tras veintiún días turbulentos es remplazado a su vez por Antonio Cafiero, hasta febrero de 1976. Aunque corta, la gestión de Cafiero alcanzó para negociar un acuerdo de endeudamiento con el FMI que se efectivizaría durante el gobierno de Jorge Rafael Videla.
Si el plan económico de Isabel Martínez halló continuidad en la dictadura, la deuda externa como mecanismo de condicionamiento soberano se convalidó durante el alfonsinismo, gestión que omitió utilizar las herramientas jurídicas disponibles para desconocer su legitimidad o liderar un “Club de Deudores Sudamericano”. Así, el ajuste, la desocupación y el desguace del Estado se configuran como una secuencia ininterrumpida de cincuenta años. Esta matriz se mantiene vigente a través de la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, que aún hoy prioriza la valorización especulativa sobre la producción nacional.
El frente externo: hacia el conflicto bélico
Durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, se registraron avances diplomáticos significativos hacia una co-soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Sin embargo, tras su fallecimiento, la postura británica se endureció drásticamente mediante el “Informe Griffith”, que confirmaba la riqueza petrolera de la cuenca austral. Ante las apetencias británicas, la Cancillería argentina comunicó el 19 de marzo de 1975 que el Reino Unido carecía de derechos de explotación en dichos mares, recibiendo como respuesta una amenaza de uso de fuerza militar.
El 3 de enero de 1976, Lord Shackleton arribó a las Malvinas en fecha coincidente con la ocupación británica en 1833. Ese mismo día, Argentina retira su embajador en Londres y expulsa a su par británico de Buenos Aires. La tensión escala con los disparos de advertencia que el destructor ARA Almirante Storni realizara al costado de la proa del buque británico que navegaba a 78 millas al sur de Puerto Argentino.
El 17 de marzo, la presidenta Isabel Martínez convocó al Congreso para declarar a la misión británica Shackleton como un atentado a la soberanía, desconociendo a la Corona como árbitro en disputas fronterizas. El golpe de Estado del 24 de marzo truncó estas medidas de reafirmación soberana. Las actas de aquella reunión legislativa “a puertas cerradas” fueron arrancadas de los registros oficiales.
El laberinto de los dictadores: la guerra como paradoja
La conducción política de la guerra de 1982 estuvo signada por errores de apreciación estratégica fatales. En primer lugar, la Junta Militar subestimó la preparación británica, que ya en 1981 había reconvertido su flota para una conflagración inminente. Como ha señalado el investigador Ariel Rolfo, los británicos habían suspendido la venta de portaviones, buques de desembarco y destructores, todo sin motivo aparente. También transformó varios buques mercantes como transporte de tropas casi diez meses antes de la conflagración de Malvinas. Es evidente que la Royal Navy estaba lista para operar.
En segundo lugar, la confianza en una supuesta neutralidad de Estados Unidos reveló una alarmante ignorancia sobre la “Doctrina Monroe” y la política de despliegue hemisférico de Washington. El autoengaño de Galtieri respondió a su ignorancia por la historia hispanoamericana.
Por otro lado, es imperativo rechazar la categoría de “manotazo de ahogado” para explicar la coyuntura de la Guerra de Malvinas. Este concepto forma parte del relato “desmalvinizador” diseñado por usinas anglosajonas para despojar al conflicto de su trasfondo histórico de lucha soberanista. No obstante, el problema central en 1982 fue de concepción política: un gobierno militar que operaba como guardia pretoriana de un plan económico liberal y pro-estadounidense no podía liderar un proceso de liberación nacional. Para enfrentar al agresor imperialista, era condición sine qua non romper con el alineamiento de la OTAN, cesar la opresión interna sobre el pueblo que debería convocar a la lucha antimperialista y abandonar el modelo económico genocida: 1982 no fue entonces un manotazo de ahogado de la dictadura sino la manifestación del extravío histórico de un sector de las fuerzas armadas, la oligarquía y la gran burguesía argentina.
El “Versalles argentino” y el presente en disputa
Entre 1989 y 1990, los “Acuerdos de Madrid” formalizaron la capitulación diplomática otorgando a Gran Bretaña el control de 1,6 millones de km y restringiendo los movimientos militares argentinos en su propio territorio. La Ley 24.184 blindó las inversiones británicas garantizando una remisión de utilidades sin restricciones y otorgando el estatus de “Nación más favorecida” en detrimento de los intereses argentinos.
Al igual que el “Tratado de Versalles” humilló a Alemania, la clase política argentina post 1983 ha evitado en los hechos revertir esta situación. La democracia actual, lejos de retomar el modelo de desarrollo nacional o las banderas de la justicia social, se ha limitado al rito electoral dentro de un marco de dependencia.
En 1983 no se reinició el proceso político, cultural, económico y social derrocado en 1955. Tampoco se retomó el modelo de desarrollo propuesto por Perón en 1974. Y mucho menos se quiso, aunque sea, reconocer los caminos de la utopía revolucionaria de una plural generación setentista que englobaba en la palabra “socialismo” genuinas ansias de concretar la justicia social. Lejos de todo aquello, el proceso desmalvinizador de nuestra cultura que dio inicio Alfonsín-Menem construyó un muy amplio “Nunca Más” donde en la misma bolsa del terrorismo de Estado se quiso colocar a la militancia política combatiente y ocultar el carácter antimperialista de Malvinas.
Con la actual democracia no se come, no se cura y no se educa, sólo se vota. Sin entender esto no hay posibilidad de cambio social. Hay que rediscutir qué democracia necesita la Argentina en clave nacional y revolucionaria. Es de una estupidez supina pensar que disfrutamos de una verdadera democracia y que el país no sigue bajo ataque. Nos urge volver a rediscutir la naturaleza de nuestro sistema económico y las formas de participación política en clave nacional y revolucionaria.