Se duplicaron las muertes provocadas por la desidia empresarial y estatal en los espacios de trabajo. El rubro más golpeado por estos crímenes durante el 2020 fue el de salud. “Si pueden evitarse no son accidentes” sostuvo el delegado y chofer de línea 60, Santiago Menconi, en diálogo con Revista Resistencias.
Por: Ailín Colombo
La pandemia de covid19 dejó en evidencia la falta de interés empresarial y estatal por las vidas de las y los trabajadores. Durante el 2020 murió un obrero cada siete horas por razones laborales en el país, según el Informe Anual del Espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). Fue presentado esta mañana mediante una transmisión de facebook desde la Clínica San Andrés, de Caseros, que fue tomada por el personal. Este registro contiene a los mal llamados “accidentes”, es decir, defunciones, enfermedades profesionales y lesiones producidas por la desidia patronal. En un año la cifra se duplicó ya que en 2019 los fallecimientos se produjeron cada 14 horas.
El Espacio Basta de Asesinatos Laborales surgió en la Ciudad de Buenos Aires el 9 de septiembre de 2016, día que murieron tres obreros sólo en Capital Federal. Santiago Menconi, miembro de la comisión interna y conductor de línea 60 explicó que la iniciativa de realizar un informe anual de casos surgió “a raíz de que las cifras que brinda la Superintendencia de Riesgo del Trabajo quedan cortas. No consideran a los trabajadores en negro, las enfermedades profesionales, ni muertes in itinere” (que se producen de camino o regreso del trabajo) que sí incluye su relevamiento.
Fueron 1295 los casos de muerte durante el 2020. De los cuales, más del 76 por ciento sucedieron por coronavirus contraído en el trabajo. Los sectores más afectados son el de salud, con el 31 por ciento de los decesos y transporte con el 15 por ciento. La transmisión del informe contó con la participación de familiares de víctimas que contaron cómo se dieron los asesinatos laborales. También trabajadores de diferentes gremios combativos. Entre ellos, Luis Franceschi, delegado de ATE en INTA, quien resaltó: “No podemos concebir que en el trabajo se pierda la vida. Existe una artimaña entre los empresarios, el Estado y los sindicatos para que estas muertes queden impunes y cuidar el bolsillo de las patronales”.
El primer relevamiento del observatorio se realizó en el 2018. A lo largo de estos tres años, BAL descubrió factores comunes entre los casos. “El primero es que los medios los llaman ‘accidentes’. Pero la responsabilidad es empresarial por no cumplir las normas de salud y seguridad así como de las burocracias sindicales que no ejercen el rol de control. Por otro lado, que el Estado no controla que se cumplan las condiciones de trabajo”, sintetizó Menconi. “Por último, la patronal responsabiliza a los trabajadores. Como sucedió con David Ramallo, trabajador de línea 60. La empresa falsificó los papeles de la ART de la cabecera y acusó a los mecánicos de negligencia”.
Caso David Ramallo
“En la línea 60, David, que era electricista, estaba trabajando con una máquina que no estaba habilitada, un autoelevador que sostenía 15 mil kilos, lo mismo que pesa un colectivo vacío. Este se desplomó, lo arrastró y falleció”, relató Menconi. Ramallo fue asesinado por la desidia patronal de MONSA-DOTA el 9 de septiembre de 2016. Ese mismo día fallecieron otros dos trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires, Richard Alcaraz, en una obra en construcción y Diego Soraire, en el INTA. Estos casos fueron impulsores para la creación de la organización intersindical BAL.
Según Menconi, “si pueden evitarse no son accidentes, son incidentes, por lo tanto es un asesinato laboral”. A partir de esta noción, acuñaron el concepto de “asesinatos laborales” para evidenciar la responsabilidad patronal en las muertes. La tipificación es innovadora porque no hay antecedentes de uno similar. Justamente, “fue la mamá de David Ramallo y miembro de BAL, Eva Puente, quien dijo que fue un asesinato laboral y nos pareció el termino más justo”, explicó el delegado.
La desidia patronal sigue tan vigente como la pandemia
Lo que va del año no presenta un panorama alentador para el próximo informe. Al parecer la desidia estatal y empresarial crece junto con el nuevo pico de contagios. El personal de sanidad sigue siendo de los gremios más golpeados. De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, solo en febrero y marzo pasado se diagnosticaron 1237 casos entre el personal de este rubro. Cifras que dejan al desnudo el colapso sanitario y falta de medidas preventivas.
Los decesos no sólo se producen por covid19. Entre los casos más resonantes, en la Línea Ferroviaria General Roca, Roberto Pereira, un operario del depósito de lavado de la localidad de Llavallol murió tras recibir una descarga eléctrica de una catenaria en enero pasado (aquí*). Otro operario del transporte fallecido es Jorge Pacci. Se desempeñaba en la línea B del Subte. Fue a causa de un cáncer contraído por el asbesto, sustancia contaminante prohibida que no deja de llevarse vidas de los trabajadores del Subterráneo.