Este proyecto, que pasó por Senado a fines del año pasado, se aprobó con una marcada mayoría de 64 votos a favor y unos 3 en contra. Desde esta media sanción pasaron 9 meses hasta que se volvió a retomar, y ayer Diputados emitió dictamen. Viene de la mano con iniciativas similares que se dieron en diferentes países de Latinoamérica, como Uruguay, Colombia, o Chile en consecuencia de un activismo que exige cada vez más saber qué comemos.
La ley de etiquetado frontal significaría un avance en materia de derechos para contar con información clara y veraz -sin obstáculos ni distracciones marketineras- sobre qué contienen los productos que compramos. Este avance no es menor puesto que no sólo transparenta la dinámica del consumo per se, sino que apunta a concientizar y promover la prevención de la malnutrición y otras enfermedades crónicas. Se busca combatir desde la información uno de los tres factores de riesgo más asociados a la mortalidad, como lo es la obesidad que, junto a los otros dos -hipertensión e hiperglucemia en ayunas elevada- según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), causan 140 mil muertes al año.
Los puntos claves dentro de la ley son, por un lado, la incorporación de una etiqueta color negra con letras blancas en forma octogonal en los frentes de productos ultraprocesados para advertir sobre excesos de grasas trans, sodio y azúcares. Además, puesto las mitificaciones alrededor de los edulcorantes, se propone que los productos que los contengan deben tener una leyenda de precaución que diga ‘Contiene edulcorantes. No recomendable para ñiños/niñas´.
Redacción Resistencias
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Por otro lado, obliga a las empresas a profundizar la información en relación a la composición de los azúcares. Deberían declarar cuantitativamente en el etiquetado nutricional hidratos de carbono simple como disacáridos y monosacáridos. Además, otro punto importante es que, según esta normativa, a los productos que tengan el sello de advertencia se les prohíbe la utilización de otros valores nutricionales, o la utilización de logos, personalidades públicas, o avales de comunidades científicas, etc. Este último punto es justamente para clarificar las características nocivas y desobstaculizar el acceso a la información en los consumos que pueden confundir.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar que para generar un cambio paradigmático en nuestra alimentación, no sólo habría que desalentar el consumo de comestibles ultraprocesados, sino democratizar alimentos como frutas, verduras, cereales y legumbres que sean libres de agrotóxicos para que comer sano no resulte un privilegio. En este sentido, si bien esta ley aportaría mayor conciencia a la hora de consumir a nivel individual, resulta necesario pensar cómo se marcará el camino para garantizar que alimentarse saludablemente sea un derecho.