|Por Paula Farbman
Hoy, el presidente Alberto Fernández, en un acto junto al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta y referentes del movimiento campesino y el activismo, anunció la promulgación de la Ley de Educación Ambiental Integral, aprobada por unanimidad el mes pasado por el Senado de la Nación.
Más de veinte proyectos sobre educación ambiental se presentaron desde 1994. Todos fueron cajoneados. El cuidado por el ambiente, hasta entonces, no parecía ser tan urgente para el Estado y la época tampoco muy favorable: el boom del plástico y casas de comida rápida por doquier. Pizza, champagne y basura: la megaminería comenzaba a llegar al país y el glifosato se legalizaba para expandirse junto a la soja envenenando los campos.
El tiempo y la activa participación de activistas, asambleas ciudadanas, trabajadorxs de la tierra y periodistas especializados en la temática ambiental fueron quienes pusieron en agenda el debate para promover la educación ambiental en establecimientos educativos formales (escuelas y universidades), no formales (organizaciones de la sociedad civil) e informales (medios de comunicación), a nivel federal poniendo en valor el respeto de la biodiversidad, el cuidado del patrimonio natural y cultural y el derecho a un ambiente sano.
La Ley de Educación Ambiental Integral crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) como el instrumento de la política de educación ambiental obligatoria en todas las jurisdicciones del país. Los contenidos serán definidos por el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) y un Consejo Consultivo que deberá estar integrado por docentes, estudiantes, pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil, sector científico, universidades, gremios y guardaparques.
Cerrar bien la canilla, darse duchas cortas y no tirar papeles en la calle, son algunas de las consignas que se grabaron en nuestro inconsciente colectivo como cuidado ambiental, culpabilizándonos por estas pequeñas malas conductas, tapando así el sol con la mano siendo que la problemática es más profunda y está atravesada, principalmente, por los modelos de producción.
Según un estudio de FOA (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura) la mayor parte de la huella hídrica del desperdicio de alimentos proviene de la alimentación animal. Es decir que se gasta más agua sosteniendo cultivos de alimento que no será comido por personas, sino por animales que serán sacrificados para la producción de carne, que tampoco será la promesa de cubrir las necesidades alimentarias de toda la población.
Reconocer y cuidar nuestros recursos es uno de los ejes principales de esta ley de educación ambiental, que esperamos también sea acompañada por políticas públicas que acompañen el pedido de techo, tierra y trabajo para incentivar una producción local, agroecológica y soberana.