|Por Ailín Colombo
El acampe anticarcelario se formó junto al vallado de dos metros y medio de alto que separa la Plaza Lavalle de la calle Talcahuano, frente al Palacio de la Corte Suprema. A la derecha, un baño químico, a la izquierda, banderas con consignas: “En democracia o en dictadura en las cárceles se tortura” indica una. “Contra el Estado y el capital; contra la yuta y toda autoridad. ¡Abajo los muros!” arenga otro trapo. La mesa de caballetes bajo el toldo, que resguarda un mueble con comida. En él se ven entrando hormigas en fila a robarse migas. Al lado, un brasero con agua para el mate calentándose constantemente y, sobre este, dibujos coloridos de niñas y niños.
Sobre la plaza, las carpas de familiares de presos y presas que exigen, ante la Corte Suprema, el cumplimiento de las leyes vigentes y que se respete los derechos de los reclusos. Reclaman el cese de torturas, vejaciones y asesinatos por acción directa o negligencia del Servicio Penitenciario dentro de las prisiones del país. La mayoría son mujeres, madres de detenidos. Denuncian la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Sistema Penitenciario y la Justicia. Están cansados de golpear puertas en vano, por eso se organizan en lo colectivo. Hace más de dos meses que duermen en la plaza. Ocupan el espacio por tiempo indeterminado, hasta obtener respuestas.
“Para el sistema penal los detenidos son un negocio”
Al llegar, se escucha una acalorada discusión entre dos personas. No se entiende el motivo del debate porque sus puntos de vista parecen coincidir. Una mujer morocha con la mitad del pelo recogido y un pibe con tatuajes en el rostro y cuello se gritan. Uno está sentado junto a la otra en la mesa de caballetes que ocupa la plaza desde el primero de febrero. De costado, se miran a la cara. Otras personas sentadas en la mesa llena de galletitas escuchan el debate, algunos desayunan. Son cerca de las 11 de la mañana, suenan unas cumbias fuertes que se entremezclan con el sonido de tránsito del microcentro porteño.
- Un chico que vivía en mi cuadra fue a un colegio privado, estaba contenido, comía todos los días. En la misma cuadra otro pibe tenía al padre alcohólico, estaba todo el día en la calle y no tenía para comer. El primero estudió y se convirtió en un profesional pero el segundo se convirtió en profesional en robar. ¿Qué pasó? Este le fue a robar al otro. Después, se pelearon. Él que robaba lo mató de un tiro. Esto pasó en mi barrio. ¿Sabés por qué? El problema está en que no te podés preocupar sólo porque tu hijo coma y el chico de la otra cuadra no. Tenemos que estar todos juntos - Relata eufórica Marcela, la señora morocha de pelo recogido.
- Es que estamos en una sociedad individual. A los pobres nos educan en la escuela para ser albañil, obrero. En el barrio privado están aprendiendo a ser jefes - le responde, también a los gritos, el tatuado.
Marcela habla fuerte y con claridad. Cuenta que se tuvo que preparar y formar para defender a su hijo, detenido desde los 18 años. Su propio defensor le hizo firmar un acuerdo por una condena de 15 años. Según su madre, en dicho acuerdo figura que el joven estuvo prófugo durante un año, pero, en ese lapso, estuvo haciendo un tratamiento en Sedronar. Ella también, tiene a su hermano preso, que estudia abogacía dentro del penal y es usuario de silla de ruedas. Perdió la movilidad en sus piernas tras una golpiza propiciada por el Servicio Penitenciario. Aún así, la Justicia no le otorga el arresto domiciliario que por ley le corresponde.
Para esta madre, hay que exigir medidas concretas: cámaras en los pabellones, para evidenciar y evitar las torturas del Servicio Penitenciario así como crear organismos encargados de realizar los exámenes criminológicos. Con ellos, se analizan las libertades condicionales, morigeración de la pena. En la actualidad, estos exámenes son realizados por el mismo Servicio. Ella denuncia que se les niegan los beneficios porque “para el sistema penal los detenidos son un negocio” ya que el dinero destinado a los presos no llega a los penales. Por lo tanto, es importante que los estudios los realice un organismo independiente que esté integrado también por familiares.
En Argentina, cada 48 horas muere un prisionero
Al preguntar por Alfredo, un compañero se levanta a buscarlo. Al rato, sale bailando cumbia de una carpa. “¡Che, hay visitas!" le advierten a la vez que todos en la mesa ríen. Es un hombre de más de 50 años, morocho. A pesar de ser muy alegre, tiene la mirada triste. Alfredo Cuellar, es el papá de Florencia “La China”, joven asesinada en el 2012 dentro del penal de mujeres de Ezeiza. El Servicio Penitenciario quiso pasar el crimen como un suicidio, pero los golpes en su cuerpo evidenciaron que fue violentada. Entre el 2009 y el 2013 otras ocho mujeres fueron encontradas muertas en sospechosas circunstancias. Todas las muertes fueron caratuladas como suicidios. Él es un luchador anticarcelario desde el femicidio de su hija.
Hoy denuncia que su hijo sufre amedrentamientos en el complejo Nº 1 de Ezeiza. En mayo pasado, apareció quemado junto a su colchón, sobrevivió de milagro. Alfredo siempre resalta: “las cárceles son centros de exterminio”. Y advierte que cada 48 horas muere una persona dentro de las prisiones del país por acción directa o desidia del Servicio Penitenciario y la Justicia. Hace unas semanas, se manifestaron en la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria por otra muerte. En una nota anterior de Revista Resistencias, contó de un hombre ostomizado, Walter Aquino, que pedía ser atendido en un hospital de calle. Mediante la lucha, lograron que sea operado pero fue tarde. Falleció al salir de la operación.
Alfredo nos presenta a Jimena, una compañera que tiene un hijo en el penal de Sierra Chica. Con más de tres cuartos de la pena cumplida, le negaron la domiciliaria por tener partes disciplinarias. “No por mala conducta, es porque estuvo en buzones y admisión de muchos penales. Él no es un chico problemático, sino que tiene que defenderse de robos cuando llega a una cárcel”, explica la madre. “Nunca subió a pabellones porque siempre estuvo lejos y no se quiso quedar, sabe que me cuesta viajar. Los jueces no tienen el conocimiento de todo por lo que pasó” agrega.
El caso es un ejemplo de por qué los exámenes criminológicos no contemplan la realidad de los detenidos. Así hay miles, es más, los familiares resaltan que esta problemática es de clase, ya que ni siquiera son atendidos por los defensores gratuitos del Estado. “Yo no le conozco la cara al defensor de mi hijo”, denuncia Jimena. Por su parte, Alfredo remarca que en las cárceles del país están llenas de personas pobres - según la Procuración Penitenciaria de la Nación, seis de cada diez ni siquiera tienen condena - por eso la Justicia permite el avasallamiento de derechos en conjunto con el Servicio Penitenciario que opera de manera criminal.
Redacción Resistencias
Redacción Resistencias