|Por Ailín Colombo

Julia tiene a su hijo de 22 años detenido en la Unidad 1 de la localidad bonaerense de Lisandro Olmos y repite de manera incansable que “no están dadas las condiciones para que tanta cantidad de pibes vivan ahí”. Nos mostró un video de un hombre de cerca de 40 años ostomizado, es decir, que mediante un orificio en el abdomen, elimina sus desechos en una bolsa fuera del cuerpo. Ella explicó que son muchos los casos parecidos en las unidades de sanidad de las prisiones, que los beneficios que les corresponden a personas con este tipo de enfermedades no son otorgados y que, en cuanto a las condiciones, “el Servicio Penitenciario bonaerense está superpoblado. Ahora, con el tema de la pandemia, el servicio médico de distintas unidades está colapsado, no les dan la atención adecuada, no tienen ni una bayaspirina”.

Las familias de distintos penales del país están realizando un acampe frente a los tribunales del microcentro porteño desde el 1 de febrero para denunciar la violación de derechos humanos dentro de las cárceles. Las mismas son definidas como “centros de tortura”, porque, como lo dijo en el acampe Azucena Racosta -militante por los Derechos Humanos e integrante del Colectivo La Cantora que tiene una radio en la Unidad 23 de Florencio Varela- “sostener la idea de cárcel es sostener la muerte. Sobre todo cuando pensamos que en la cárcel están nuestros compañeros, compañeras y compañeres pobres. No están los delincuentes en la cárcel. Esos están acá adentro (en la Corte Suprema), en la casita enfrente a la Plaza de Mayo, y enfrente a la Plaza San Martín. No hablo solo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos que hemos transitado, porque en el tema de la represión y las cárceles  las comisarías y la tortura, no hemos tenido década ganada”.

Julia, en su relato, expresó que su hijo se enfermó de tuberculosis en el penal debido a la mala alimentación y las deplorables condiciones sanitarias. Además, denunció que no le permitieron continuar con el tratamiento, “les cortan la medicación y el informe del juzgado dice que ‘el paciente no quiere continuar el tratamiento médico’, queda como responsabilidad del paciente, cuando en realidad a mi hijo le cortaron la medicación a los cuatro meses de haber empezado”.

La tuberculosis y demás enfermedades producto de un sistema de encierro venido abajo se repiten en boca de diferentes familiares. Camila, quien tiene a su pareja detenida en la Unidad 18 de la localidad bonaerense de Gorina, también expuso las condiciones de sanidad, “un chico que está en la celda con mi pareja está con una bolsita donde orina (urostomia), tiene que usar pañales, está en silla de ruedas y son los mismos detenidos los que lo ayudan. No tiene atención médica. Este chico está para salir a un hospital de calle, porque ahí adentro sanidad no existe. Sanidad es un biombo, una camilla y algunas pastillas”.

La alimentación dentro de las Unidades Penitenciarias corre por cuenta de las familias. Mientras hace años, medios de comunicación hegemónicos lanzan cifras del “costo de un preso”, que rondan los 100 mil pesos mensuales, los detenidos y las detenidas comen lo que llaman “rancho”, comida en mal estado. “Muchos no lo comen, tratan de comer lo que les da la familia porque si comes eso te cae mal. Muchos chicos están mal de la panza constantemente por esa comida”,  reveló Camila.

Tanto en el testimonio de Julia como en el de Camila queda expuesta las malas condiciones de las Unidades Penitenciarias: cortes de agua y luz, plagas (por ejemplo, ratas), falta de atención médica, comida en mal estado y vejaciones por parte del Servicio Penitenciario. Así también, las dos comentaron que las refacciones de los lugares de detención las realizan los detenidos y detenidas con materiales que las familias compran.

Por otro lado, denunciaron la sustracción y robo de mercadería para los presos que sus familias les acercan por parte del Servicio Penitenciario. “Le he llevado cosas a mi hijo, con mi esfuerzo y siempre le ha faltado mercadería, y la medicación tengo que pelear para pasarla”, manifestó Julia.

"Son un ingreso"

Para el Servicio Penitenciario, según Julia, los detenidos “son un ingreso” y explicó el círculo de la reincidencia: “te piden antecedentes, saben que tenés antecedentes penales y eso por diez años no se cae, es muy duro para los pibes que buscan trabajo. Ahí es cuando vuelven a delinquir, otros no, todo depende de la contención que les dan los familiares. Hay que ponerse a pensar en ese sentido, porque después los abandonan, es mucho el abandono que sufren los pibes: no les dan trabajo, empiezan a delinquir, empiezan con el consumo y ahí vuelven a estar detenidos. Al Servicio Penitenciario les conviene, no sé cuánto cobran por cada preso”. Este es el motivo por el que -según las familias- tanto los beneficios por buena conducta, completar estudios, como la morigeración de penas o los derechos de prisión domiciliaria por enfermedades crónicas no son otorgados. Es decir, por la complicidad judicial con el Servicio Penitenciario para los que los presos son, como dijo Julia, un ingreso. “Todos los beneficios que tienen son negados por parte de los jueces. Por eso la mayoría se va cumplido, no les dan ningún beneficio. Por eso están las cárceles hacinadas, los beneficios quedan a arbitrariedad del juez”, aclaró Camila.

El artículo 18 de la Constitución Nacional dice “(...)Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.” y al respecto, Racosta manifestó que “ninguno de nuestros militantes lucha por mejoras de las condiciones de detención, ni importan cárceles limpitas ni sanas, ya que nunca lo van a cumplir. Nos mienten desde la Constitución en adelante. Nosotros queremos romper la cárcel”.