El Gobierno porteño, en conjunto con Cynthia Hotton, Presidenta del Consejo Social de la Ciudad, firmó un convenio para que en todos los hospitales públicos de la ciudad se coloque cartelería celeste con la inscripción “0800-vida”. La medida fue repudiada por la Campaña por el Aborto Legal regional Caba.

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El teléfono pertenece a la Fundación Vida en Familia, “compuesta por más de 400 instituciones voluntarias a través de Argentina, comprometidas con la defensa de las dos vidas”, según dice su página web. El objetivo de la propuesta es “acompañar” a mujeres con embarazos inesperados.

El repudio de organizaciones feministas y de derechos humanos no tardó en llegar. La preocupación y la crítica principal radican en que el Estado delegue en organizaciones religiosas acciones y problemáticas que deberían ser abordadas con políticas públicas y en el marco de las leyes vigentes que resguarden los derechos conquistados.

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Desde la Campaña Nacional por el Aborto convocaron un Pañuelazo hoy frente a la Legislatura y entregaron ayer una carta – con más de 1500 adhesiones –  ante el Ministerio de Salud, la Jefatura de Gobierno y el Consejo Social porteños en la que rechazaron “que las iglesias gestionen políticas publicas” y denunciaron “enfáticamente el acuerdo firmado entre el Consejo Social y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020”.

“Se trata de una iniciativa impulsada principalmente por una red de iglesias evangélicas que integran la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera)”, explicó Amnistía Internacional. Desde este organismo, se elevaron pedidos de informes respecto al proceso mediante el cual se seleccionó a la Fundación y al presupuesto que le implicaría al Estado.

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En su carta, la organización feminista expresó “como Campaña reafirmamos y exigimos la efectiva separación de las iglesias y el Estado, que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes”, y expresaron su defensa a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las iglesias”, remarcaron.

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Por otro lado, no hay que perder de vista el contexto electoral en el que se impulsa esta medida. El apoyo y el vínculo entre los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad y el Jefe de Gobierno de la Ciudad también es algo que despierta alertas por sus posibles implicancias no sólo a la hora de votar, sino de gobernar.