| Por Ailín Colombo
Bajo la consigna “Las necesidades del pueblo son esenciales, la represión no” se presentó ayer por la tarde el Informe Represivo de Correpi del 2020. Por primera vez, no se expuso en Plaza de Mayo, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo cual se realizó en el Auditorio Eva Perón de ATE y fue transmitido en vivo por la cuenta de Youtube de Correpi, con la colaboración de Antena Negra. Dicho informe, presidido por María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, registra año a año desde 1996, los hechos de violencia en manos de las fuerzas represivas, así como contabiliza a las víctimas del gatillo fácil y bajo custodia estatal durante la democracia.
Este año, el archivo registró 496 nuevos casos de asesinados por el aparato represivo estatal, es decir, uno cada 20 horas, lo que suma en total 7587 en el periodo democrático. De éstos, 411 fueron ejecutados durante la gestión de Alberto Fernandez. de los cuales 348 se produjeron durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El resto corresponden a los últimos dos meses de gobierno de Mauricio Macri y seis homicidios más antiguos de los que se tuvo conocimiento de manera reciente.
El ASPO recrudeció la represión estatal ya que dio rienda suelta al accionar policial en los barrios. Hechos como torturas y acoso a presuntos infractores de la cuarentena fueron viralizados y denunciados en redes sociales. Durante este período, el informe contabilizó cuatro desapariciones forzadas seguidas de muerte, la primera fue la de Carlos Orellano en febrero y las otras tres se dieron a partir de detenciones y retenes durante la cuarentena, estos son los casos de Facundo Astudillo Castro, Francisco Cruz y Luis Espinoza, que si bien no están esclarecidos, las pruebas demuestran un claro accionar policial.
“La represión no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que tienen para disciplinar y ejercer el control social cuando lo que reina es la desigualdad”.
Una de las novedades en comparación con los informes de años anteriores fue el fuerte incremento de muertes bajo la responsabilidad de los servicios penitenciarios nacionales y estatales. Este aumento tiene dos variables, por un lado la proliferación de manifestaciones dentro de los penales durante la pandemia en reclamo de mejores condiciones sanitarias, libertades morigeradas a quien corresponda y reanudación de las visitas, es decir, derechos humanos básicos. Por otro lado, existió un crecimiento en las detenciones arbitrarias por faltas y contravenciones, como la circulación sin permiso. Estos puntos fueron determinantes para que los casos bajo custodia en cárceles y comisarías correspondan a más del 57 por ciento del total.
En cuanto al incremento en las instituciones, la Policía de la Ciudad de Horacio Rodriguez Larreta multiplicó por cuatro la cantidad de casos de gatillo fácil durante este año.
Madres del dolor y de la lucha
La transmisión contó, además, con la participación de dos madres de asesinados por gatillo fácil elegidas para representar la voz de los familiares de las víctimas. Gloria Paez, mamá de Carlos Abregú, fusilado en el 2013 por el policía federal Alejandro Aguirrez Manzur, y Noemí Robelli, madre de Leonel Sotelo, quien fue asesinado en el 2016 por el policía bonaerense Guiliano Fattori.
Los crímenes de Leonel y Carlos parecen calcados, el primero sucedió en Burzaco y el segundo en Moreno. Ambos adolescentes realizaban un viaje en moto con un amigo cuando se cruzaron con los policías de civil, también en motos, que dispararon sin razón aparente. El saldo de los dos casos fue Carlos y su amigo Emanuel Ojeda asesinados al igual que Leo, cuyo amigo Alan Daveza resultó herido. Cabe destacar que mientras Aguirrez Manzur recibió una condena de 20 años por el caso de Carlos y Emanuel, el asesino de Leonel, Fattori, sigue libre y ejerciendo en la fuerza. Estos no son casos aislados, ya que un dato que se repite todos los años, es que en 2020 la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15 y 25 años.
Las dos madres destacaron que el aumento de presencia policial en los barrios fue perjudicial para los habitantes de las barriadas populares. Noemí Robelli recalcó que “con la excusa de la pandemia y el aislamiento pusieron más policías en las calles y ahí se incrementó el hostigamiento y la persecución a los pibes del barrio”.
Al cierre de la presentación, Jalil manifestó que “la represión no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que tienen para disciplinar y ejercer el control social cuando lo que reina es la desigualdad”.
Foto: CELS