El juez federal Gustavo Lleral procesó, el pasado 27 de abril, a 23 integrantes de las asambleas ambientales de Chubut por cortar la Ruta Nacional 3 en mayo de 2021 durante una protesta contra la megaminería en la provincia. Los asambleístas, junto con organizaciones sociales y políticas reclamaban por el rechazo de la legislatura chubutense a la Segunda Iniciativa Popular que, con más de 20 mil firmas, pretendía frenar la Ley de Zonificación Minera.
Esa ley, que fue aprobada a espaldas de la voluntad popular en diciembre de 2021, fue derogada tras una semana de protestas, paros y movilizaciones, evento que se denominó ChubutAGUAzo, en referencia a la defensa del agua y los territorios. Permitía la designación de la meseta de la provincia como "zona de sacrificio" para proyectos mineros.
La histórica Asamblea No a la Mina de Esquel se expresó vía Twitter contra la medida de Lleral, “todo el repudio ante la criminalización de nuestrxs vecinxs. ¡Luchar por el agua no es delito!”, manifestaron. Además, convocaron una asamblea “contra la criminalización de la protesta" para el pasado 29 de abril.
Por otro lado, denunciaron las declaraciones sobre el extractivismo del Presidente Alberto Fernández durante una entrevista en Radio Nacional Rock. “El oro y la plata son una oportunidad única. A los amigos de Chubut les digo que por favor revisen, porque tienen la segunda mina de plata más grande del mundo en la meseta de Chubut. (...) Yo eso lo entiendo si eso ocurriera en la zona boscosa, en los Andes; está en el medio de la meseta, es un desierto”, manifestó.
Por su parte, la Asamblea de Esquel publicó “La meseta no es zona de sacrificio. Antes de decir sandeces [presidente], conozca los territorios o llámese al silencio”. Y agregaron en su web: “[Fernández] pone en evidencia su pensamiento neocolonial y su doble discurso en materia ambiental. El Presidente aún cree que la solución la dará el mismo sistema económico extractivista que nos condena desde siempre a la pobreza”.
En este marco, los activistas denuncian una creciente persecución a los luchadores y luchadoras sociales. Tal es el caso de la docente Estela del Valle Juárez condenada a tres meses de prisión en suspenso por las protestas de estatales del año 2019. Exigían al gobernador Mariano Arcioni el pago de salarios y cargas sociales adeudados.
Redacción Resistencias