Por Pablo Solana
Entre septiembre y noviembre de 2016 se firmaron los Acuerdos de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC, la guerrilla que logró un mayor poderío insurgente y durante más tiempo en toda la historia de América Latina. Tras 52 años de combates, hace 10 años ese proyecto histórico dejó de existir.
Desde entonces quedaron activos sectores denominados “disidencias”, y el ELN, la otra guerrilla histórica. Y otra cantidad de grupos armados dedicados al crimen organizado y el negocio narco. Para comprender la actualidad de la violencia en Colombia, se impone historizar cómo se llegó a este punto.
1. De los años 50 a los 2000: organizaciones revolucionarias alzadas en armas
Durante la segunda mitad del siglo XX, la violencia en Colombia definió una particularidad que la alejó de los ciclos que marcaron los vaivenes políticos en la región. Con el magnicidio del líder de masas y candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán en 1948 se obturó la posibilidad de establecer algún tipo de gobierno popular, como hicieron otros países que aprovecharon los beneficios económicos que brindó la posguerra para América Latina.
A esa particularidad colombiana se sumó otra de carácter institucional. En las décadas de 1970 y 1980 la represión no requirió de estridentes golpes de Estado como en el resto del continente; la violencia estatal, igual o aún más criminal que bajo las dictaduras, mantuvo la formalidad institucional.
Eso no evitó que la disputa política en Colombia se ordene en torno al conflicto armado: la izquierda quedó asociada a la lucha guerrillera, ya sea porque en algunos casos efectivamente acompañó esas apuestas o porque desde las clases dominantes se construyó tal identificación. A la vez, la derecha construyó pacientemente un sentido común a partir de la estigmatización de la insurgencia armada, a la que tildó de comunista, apátrida y narcoterrorista, con la liviandad de toda campaña sucia de propaganda en tiempos de guerra.
Las FARC heredaron la rebeldía campesina que venía de los liberales alzados y se apoyaron en un Partido Comunista Colombiano que, alentado por la gesta de Fidel y el Che, les dio formación marxista. El núcleo promotor del ELN, compuesto principalmente por jóvenes universitarios, adquirió formación militar en los primeros años 60 en Cuba y con ese aprendizaje creó su propio grupo de combate en el país; Camilo Torres fue el más notorio de una serie de cristianos que aportaron a esa experiencia el bagaje ideológico de la Teología de la Liberación.
La lucha armada se mantuvo con constancia durante las décadas posteriores. Contó con apoyo popular en la medida en que fue la respuesta a una oligarquía que persistió en la violencia contra quienes buscaban una alternativa o simplemente defendían su territorio.
Desde 1982, tanto las FARC como el ELN acudieron a las distintas propuestas de negociación. A mediados de los años 80 impulsaron movimientos políticos legales, como la «Unión Patriótica», promovida por las FARC, «¡A Luchar!», en el caso del ELN, y el «Frente Popular», incentivado por otro grupo armado, el Ejército Popular de Liberación (EPL).
En ese período surgieron otros grupos guerrilleros. Los más conocidos, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), de origen indígena, el Movimiento 19 de abril (M-19), nacionalista, y el mencionado EPL, maoísta. Estos tres, junto a las FARC y el ELN, hicieron sus mayores esfuerzos de unidad entre 1987 y 1990, cuando conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Pero el fenómeno de la lucha armada los excedió: según un estudio de la Universidad Nacional, fueron al menos 31 los grupos rebeldes alzados en armas en el país entre 1958 y 2012.
Las FARC tuvieron su momento de mayor crecimiento hacia finales del siglo XX. Llegaron a contar con 12.000 combatientes, distribuidos en 70 frentes. El historiador Alfredo Rangel afirma que, junto con el ELN, lograron el “control absoluto del 10% de los municipios y del 95% de los corregimientos del país”.
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2. 2000-2016: declive, reorientación y derrota del proyecto armado
La respuesta a esa expansión guerrillera fue el Plan Colombia (1999), diseñado por los Estados Unidos, que brindó a las fuerzas militares colombianas la tecnología de guerra y los recursos económicos que les garantizara superioridad en el terreno de combate y control de la batalla ideológica de cara al conjunto de la sociedad.
Las Fuerzas Armadas realizaron masacres a poblaciones civiles y fusilamientos de jóvenes engañados con ofertas de trabajo para hacerlos pasar como bajas guerrilleras. La represión estatal se complementó con el paramilitarismo, que ya venía de antes y no dejó barbarie por cometer: “casas de pique”, donde despedazaban los cuerpos para desaparecerlos, degollamientos, fosas comunes.
En paralelo, el narcotráfico, tras la explosión y declive de los grandes cárteles, comenzó a permear a algunas organizaciones armadas. A la combinación de todas las formas de lucha, la guerrilla sumó la combinación de todas las formas de financiamiento, lo que en muchos casos desdibujó su proyecto revolucionario. Los secuestros con fines económicos apuntaron, en un principio, a grandes terratenientes y empresarios, pero continuaron con pequeños propietarios del pueblo según cada región.
El ELN, que en aquel entonces definió su rechazo al negocio narco, compartió la práctica del secuestro y se concentró en el manejo de economías territoriales como la minería ilegal, a veces en alianzas con la comunidad, pero también disputando territorios con otros grupos armados. Sumado a estos factores de desgaste, la ofensiva contrainsurgente orientada y sostenida por los Estados Unidos les asestó a las guerrillas un golpe tal que las hizo replegar.
Eduardo Pizarro caracterizó ese punto de inflexión como una “derrota estratégica” en el caso de las FARC, ya que “si bien [a partir de entonces] siguen existiendo como grupo armado, ya no tienen la posibilidad de llegar al poder por medio de las armas”. El ELN reconoció algo similar en su IV Congreso realizado en 2006, cuando redefinió su estrategia ya no en función de la toma del poder, sino del desarrollo de la “resistencia armada”. Desde entonces, sin la posibilidad revolucionaria en el horizonte, ambas guerrillas entraron en un período de debilidad política creciente.
3- 2016 a hoy: ¿qué es, exactamente, lo que queda alzado en armas?
Los acuerdos entre el Estado y las FARC firmados en 2016 pusieron fin a la existencia de esa organización tal como se la conoció durante más de cincuenta años. La sigla sobrevivió, reformulada como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (el “partido FARC”), pero a partir de 2021 ese nombre dejó de existir, y pasaron a llamarse Comunes; con los años, los restos de esa fuerza política también se terminaron de disgregar.
El Estado colombiano mantuvo su tradición e incumplió sistemáticamente los compromisos con quienes depusieron las armas. En su momento se estimó que, de 13.000 integrantes de las FARC, 1.800 no se acogieron a los acuerdos, es decir, un 15%. Una cifra en sintonía con otras experiencias internacionales de desmovilización de fuerzas insurgentes. Con ese dato se naturalizó, en un principio, la existencia de las disidencias.
Con el tiempo esas disidencias quedaron asociadas al narcotráfico, el control territorial que demanda el negocio y el mantenimiento de las vías para sacar la coca del país.
Por otro lado, tras la ofensiva militar y paramilitar de los 2000, el ELN transitó la segunda década de este siglo “con problemas de acción colectiva, asentado sobre bases sociales heterogéneas”, según describe el investigador Andrés Aponte González. Sin embargo, la coyuntura dialoguista que transitaron las FARC le quitó presión al ELN. Esa situación le permitió a los elenos recuperar aire, recomponerse, crecer. Si en el IV Congreso de 2006 habían resuelto el repliegue a la resistencia armada, en el V, realizado a inicios de 2015, decidieron que ocuparían los territorios que dejaran las FARC.
En la actualidad, un aspecto difícil de dilucidar es la relación que el ELN mantiene con el movimiento político y social. Se trata de una organización catalogada como terrorista, por lo que es de esperar que sean perseguidos quienes tengan vínculos con el grupo. Eso hace que en el movimiento social se mantengan las distancias. En las zonas donde la organización armada tiene presencia histórica, los apoyos existen —mediados por mecanismos más o menos coercitivos—,
porque sin ellos la guerrilla no podría sobrevivir. Pero por fuera de esos territorios no es posible saber mucho más. Salvo por los momentos donde las instancias formales de diálogo con el Estado le facilitaron a esta guerrilla encuentros con distintos actores sociales, el resto de los vasos comunicantes que eventualmente existieran no se podrán conocer o verificar.
Lo cierto es que tanto unas como otras expresiones armadas no pueden abstraerse de la necesidad, ya sea por complicidad o disputa, de construir un marco de convivencia con un factor de peso que sobrevuela permanentemente el territorio colombiano: el negocio narco, que genera espirales de violencia que padecen aún quienes pretenden mantenerse al margen.
Gustavo Petro intentó la salida política al conflicto armado a través del diálogo, con más honestidad que ningún otro gobierno en la historia de Colombia. Lo acompañó en esa intención la mayoría social que lo puso en la presidencia y una amplia variedad de líderes políticos, religiosos, defensores de derechos humanos, que comprenden las causas y las motivaciones de las insurgencias y proponen un diálogo basado en la buena fe y sin animosidad.
Sin embargo, esa buena voluntad no fue suficiente. Dificultó ese intento la derecha guerrerista que, si bien perdió el gobierno, mantuvo su influencia en las fuerzas armadas y el accionar paramilitar. A Petro tampoco le resultó fácil el diálogo con el ELN, porque esta organización no acepta dejar las armas, aun cuando el grueso del movimiento popular organizado, la izquierda política y una amplia mayoría social participaron del “Gobierno del Cambio” y apoyaron su proyecto de Paz Total.
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Replanteos estratégicos y tácticos
La valoración respecto a la lucha armada como vía revolucionaria debe hacerse de manera situada, evitando la tentación de poner elementos teóricos o conceptuales por encima del “análisis concreto de la situación concreta”, como reclama Lenin.
Es cierto que a los pueblos les asiste el Derecho a la Rebelión y que toda revolución que tenga como objetivo derrotar al sistema de opresión deberá contar con el desarrollo de fuerzas antagónicas a la altura del desafío. Pero en Colombia hace tiempo que el pueblo no transita una expectativa revolucionaria, sino un largo proceso de hastío y dolor por las consecuencias de una guerra sostenida durante décadas, bajo la cual comunidades enteras padecieron las afectaciones más severas como resultado de la acción del terrorismo de Estado pero también de la degradación de algunas prácticas de las propias organizaciones armadas que se pretendieron revolucionarias.
Visto ese proceso histórico desde hoy, cabe preguntarse por las viabilidades tácticas (¿cómo se sostiene una fuerza clandestina en tiempos de Palantir?) y, sobre todo, por las revalorizaciones éticas y estratégicas.
La exploración de caminos alternativos que el pueblo colombiano experimentó en los últimos años incluye el protagonismo juvenil en estallidos sociales, la insistencia en construcciones del movimiento popular y la apuesta por disputar el poder del Estado por vías institucionales.
Perviven, además, lógicas de autodefensa menos sofisticadas que las guerrillas pero más eficaces: las Guardias Indígenas han puesto límites concretos al accionar de las fuerzas de seguridad del Estado sobre sus territorios.
Asumir el fin del largo ciclo de luchas guerrilleras derivó, en la mayoría de los casos, en posibilismos y derrotismos que se apresuraron a pontificar las vías de una legalidad amañada. Sin embargo, las democracias liberales no garantizan ni siquiera sus promesas básicas. Se impone la urgencia de pensar por fuera de lo dado. Conocer nuestras historias (en este caso, la de las guerrillas colombianas) es fundamental, no para reponer recetas ni valoraciones dogmáticas, sino para reabrir horizontes y perspectivas por fuera de la impotencia y la resignación.
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