La lucha de la 60 en defensa de su histórica organización

|Por: Ailín Colombo

Los trabajadores de la línea 60 de colectivos denunciaron ocho “despidos políticos” persecutorios por parte del grupo empresarial MONSA-DOTA, según el trabajador Santiago Menconi, ya que se trata de “compañeros activistas sindicales”, resaltó. Mediante un paro, reclamaron la reincorporación, entre ellos, de Carlos Zaragoza, delegado electo en las últimas votaciones de la comisión interna. Si bien se dictó una conciliación obligatoria, aún se encuentran en asamblea permanente.  Menconi señaló que la empresa busca “romper la organización sindical para imponer su plan de ajuste”.

La organización gremial de “la 60” es referencia dentro del sindicalismo combativo. Las decisiones se toman de forma asamblearia con libro de actas, y se realizan elecciones internas previas a las votaciones del sindicato. Además, busca romper con la dispersión de las diferentes luchas impulsando uniones con otras organizaciones clasistas como la Agrupación Interlíneas, coordinada con cuerpos de delegados de líneas afines y el Espacio de Trabajadorxs de Zona Norte, que nuclea a Madygraf, Mondelez, Pepsico, entre otros.

Este tipo de construcción democrática y horizontal se opone a las tradicionales prácticas burocráticas del gremio UTA. Se gestó de manera clandestina alrededor del 2000 como iniciativa del chofer y militante de izquierda ya fallecido Hugo “El Judío” Schwartzmann. De acuerdo al ex delegado Héctor Cáceres, “Hugo tenía un ‘ABC del activista gremial’: “no venderse; siempre laburar junto a los representados; nunca cortarse solo en una medida de fuerza; consultar cuando se dan pasos trascendentes y construir confianza con hechos”, enumeró. Estas máximas estructuran la organización y resumen los valores del sindicalismo combativo.

Principales conflictos: lock out y David Ramallo

Tras múltiples intentos de romper la organización sindical a fuerza de amenazas y patotas que agredían a los trabajadores, en el 2015, DOTA decidió realizar un lock out, es decir, el abandono del espacio laboral por parte de la patronal, luego de más de 50 despidos e intento de vaciamiento. La medida extorsiva de la empresa fue en respuesta al “no cobro de boleto” que solidarizaba a los choferes con los 250 mil trabajadores que viajaban por día en los por entonces 19 ramales de la línea.

La medida de fuerza de “no cobro de boleto” fue una estrategia gremial, mediática y económica de los trabajadores. Como explicó Cáceres, “en las medidas anteriores éramos condenados por la opinión pública por dejar a la gente parada y nos descontaban los días”, en cambio así hacíamos una huelga parcial de nuestras actividades sin afectar al usuario, encima le gastamos el combustible a la empresa. Era un ataque directo” a la patronal. Por su parte, los pasajeros donaban al fondo de lucha una cantidad del dinero que se ahorraban en boleto.

Durante el lock out, en julio de 2015, los trabajadores fueron reprimidos mientras cortaban la Autopista Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz, donde se encuentra una de las cabeceras. El operativo incluyó cientos de efectivos de Gendarmería, balas de goma, gases lacrimógenos y la participación del propio por entonces Ministro de Seguridad Nacional Sergio Berni. “¡Cargá la SUBE la puta que te pario!” cantaban los choferes a los que los reprimieron. Esta protesta espontánea se convirtió en la campaña “Gendarmería paga boleto”, que consistió en cobrarle a los efectivos mientras el resto de los usuarios no pagaban.

Luego del bloqueo empresarial, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó cerrar la cabecera de Barracas, nadie podía entrar ni salir, por lo que un grupo de 22 trabajadores tuvo que quedarse ese invierno de 2015 al resguardo de las unidades para evitar el desmantelamiento. Con cinco colchones, sin cigarrillos, ni medicación (18 de los 22 fumaban y uno era insulino-dependiente) resistieron el embate empresarial mientras el resto del personal acampaba fuera de la cabecera. Tras 42 días de conflicto, se logró el acuerdo de reincorporar a los despedidos y levantar el lock out.

Al siguiente año, la desidia patronal asesinó a un trabajador de la línea, crimen que continúa impune. David Ramallo, electricista, trabajaba en un autoelevador que no estaba habilitado y por el cual se habían hecho reclamos. Trabajaba bajo un colectivo que se le desplomó encima, lo arrastró y falleció delante de sus compañeros. La mamá de David, Eva Puente, acuñó el término “asesinato laboral” para caracterizar la muerte de su hijo. A partir de este concepto, los trabajadores de la Línea 60 con otros sindicatos combativos conformaron la agrupación Basta de Asesinatos Laborales para exigir justicia por los obreros muertos por causas laborales.

Un ataque a la historia

Los actuales despidos son un ataque directo del grupo empresario al corazón de la organización sindical y tienen el propósito de debilitarla, no es un conflicto más. De la misma manera, el paro y la lucha de los trabajadores es su defensa ante la embestida patronal, la defensa de una historia de construcción gremial fundada en el mandato de las bases que construyó una sólida organización que es referencia del sindicalismo combativo.