|Por Mariana Di Mauro
Esta semana en el marco del Día de Lucha por la Legalización del Aborto, la marea verde volvió a mostrar su fuerza y su capacidad de movilización, esta vez desde la virtualidad. El escenario no pudo ser la calle, pero aun así millones de mujeres y disidencias encontraron la manera de expresar su reclamo por el derecho a decidir y porque el aborto sea ley.
En un marco de pandemia mundial, donde el gobierno tiene su atención dirigida a la crisis sanitaria y económica, y la expectativa porque salga la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo parece ser cada vez menor, el movimiento feminista mantiene viva la lucha y la esperanza. De todo esto hablamos con Dolores Fenoy, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La militante nos compartió sus perspectivas sobre este año con respecto a los proyectos de ley, cuándo piensa que podrían volver a tratarse en el Congreso y la importancia de que el aborto se legalice de manera urgente.
¿Cómo ven el panorama desde la Campaña con respecto a que ley del aborto salga este año?
-Es la pregunta del millón. Muchas compañeras de la Campaña no perdemos la esperanza de que este año, al menos en los últimos meses, pueda tratarse en comisiones el proyecto. El tema es el siguiente. El proyecto de la Campaña ya está presentado desde hace un año y el año que viene perdería estado parlamentario. ¿Qué ocurrió, además de la pandemia? El Ejecutivo decidió presentar su propio proyecto, que fue recibido con mucho júbilo porque no desconocemos que un proyecto del Ejecutivo siempre tracciona fuerte y cualquier proyecto que presenta lo hace cuando tiene alguna seguridad de que se va a aprobar, pero, una semana antes de que se declarara el aislamiento el proyecto del Ejecutivo ya estaba listo y estábamos esperando que ingrese a la Cámara de Diputados, pero llegó la pandemia y pasó lo pasó.
Hasta ahora lo que nos dicen es que hay voluntad de todas, de todas y de todes, de los políticos, tanto de diputados como de Senado y funcionarias, como Vilma Ibarra, Eli Gómez Alcorta y el mismo presidente que ayer tuiteó. Lo que nosotras hubiéramos esperado es que el presidente dijera, por ejemplo, en tal fecha o para el mes de octubre o noviembre vamos a enviar el proyecto. Eso no ocurrió, pero, en mi opinión, y en esto coincido con algunas otras compañeras, es que la cuestión política en general está bastante complicada, sobre todo en las Cámaras, en esto de cuestionar, la oposición, si se sesiona, qué leyes se pueden tratar, cuáles no.
“Estamos en esta situación insólita e inédita, pero estamos acostumbradas a seguir peleándola y en algún momento tendremos ley y esperemos que sea lo más pronto posible”.
¿Y cuáles son sus expectativas en este marco?
-Muchas estamos absolutamente convencidas de que la de mínima sería que ingrese el proyecto del Ejecutivo en los próximos meses. Seguramente va a haber sesiones extraordinarias y, por lo menos, lo que esperamos es que este año entre el proyecto del Ejecutivo, se discuta en comisiones, por lo menos en Diputados; y el año que viene, que encima es año electoral, veremos qué ocurre. Que este año pueda debatirse en Diputados y después el año que viene pasar al Senado, sería nuestra máxima aspiración, con la pandemia y con todas las dificultades que hay. No somos ajenas ni desconocedoras del contexto socio-político.
Lo que sí, la Campaña sigue trabajando, seguimos teniendo reuniones, articulando con el Ejecutivo, con funcionarios y con el Parlamento, también. Seguimos haciendo lo que hicimos siempre. No bajamos los brazos más allá de ser conscientes de que estamos en un momento muy complicado. La pandemia complicó todo, porque si estuviéramos con posibilidades de salir a la calle, yo creo que ayer hubiéramos sido multitudes una vez más. Como una demostración de fuerza, de que somos actoras políticas muy importantes y que movilizamos muchísimo más que cualquier partido político. Y esto lo reconocen, no es que lo nieguen, porque incluso algunas diputadas esperan que podamos movilizarnos porque es una manera de demostrar que somos potentes en la movilización y que eso también fue importante en el 2018. En fin, lo que nosotras evaluamos es que ya no nos pidan más demostración de altas movilizaciones. Las podemos hacer, pero eso no tiene que ser una razón para que se trate el proyecto o los proyectos.
Ese es el panorama. No perdemos las esperanzas, capaz alguna se bajonea algún día, pero seguimos trabajando como siempre, movilizándonos, apuntalando mucho todo lo que es ILE con las redes; articulando, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Salud Sexual de la Nación, cuya directora recibe a la Campaña una vez por mes, donde hay reuniones de evaluación de qué pasa en los territorios y en las provincias donde hay compañeras. Hay una actividad que no paró. Estamos en esta situación insólita e inédita, pero estamos acostumbradas a seguir peleándola y en algún momento tendremos ley y esperemos que sea lo más pronto posible.
-Con respecto al proyecto del Ejecutivo, ¿qué diferencias tiene con el de la Campaña?
-Nadie conoce los artículos que tenga ese proyecto de ley, porque han hecho como un pacto de silencio quienes lo redactaron. Lo redactaron Vilma Ibarra y el Ministerio de Mujeres y el de Salud. Lo que nos han dicho es que no tiene grandes diferencias con el proyecto de la Campaña, pero nadie conoce la letra de ese proyecto, así que hasta ahora es un misterio. Confiamos en que no va a tener tantísimas diferencias con el nuestro porque sería el colmo. Primero porque sabemos que quienes participaron en la redacción están a favor y reconocen el proyecto de la Campaña y, sobre todo, la importancia que tuvo la media sanción del 2018. Entonces, no creo que tengamos sorpresas muy desagradables.
Quizás, esto corre por mi cuenta, en el proyecto del Ejecutivo conste la objeción de conciencia, cosa que no está en el proyecto de la Campaña. No creo que hayan modificado el tiempo gestacional, pero tampoco pongo las manos en el fuego. No creemos que difiera tantísimo el del Ejecutivo con el nuestro. Lo que ocurre es que tiene un peso específico más importante por ser un proyecto del Ejecutivo.
-¿Cuáles son los elementos que tiene que el proyecto de la campaña que no son negociables?
–La edad gestacional no la negociaríamos. La cobertura de las obras sociales, las prepagas y demás tampoco. Cada provincia tiene su cobertura de obra social, entonces lo que pretendemos es que todas las obras sociales y todo el subsistema de seguridad social cubra la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Supongo yo que no va a ser problemático, pero es porque yo estoy hablando más desde mi deseo, porque los lobbys de las prepagas, incluso de las obras sociales, a veces son poderosos, entonces, puede ocurrir que tengan esa presión.
¿Y la objeción de conciencia?
–Lo que no negociaríamos es que pongan objeción de conciencia institucional, que sería una aberración. Pero sí negociaríamos la objeción de conciencia, porque eso ocurrió en el 2018. Te diría que casi estratégicamente no está la objeción de conciencia, como no hay ninguna cosa punitiva tampoco porque como Campaña no avalamos las cuestiones punitivas. Pero no se incluye objeción de conciencia, te diría como una ficha para poder negociar, si ellos la quieren poner nosotras decimos bueno, pongan eso, pero no saquen tal cosa.
La otra cosa es el tema de asesorías, porque en el otro proyecto, el tema de asesorías multidisciplinarias era cuasi obligatorio, y nosotras decimos que quede a petición de la mujer, pero que, además, en el caso de que haya asesoría se contemplen los principios de autonomía, de intimidad, de confidencialidad, desde una perspectiva del derecho, de la libertad de la mujer para decidir y para poder elegir. En ningún caso el servicio de asesoría debería ser obligatorio, ni ser una condición para la realización de la interrupción del embarazo, es decir, puede ser a voluntad de la persona, pero no tiene que ser ni obligatorio ni determinante para que la mujer acceda o no a la práctica.
“La ley es urgente y prioritaria porque es un tema de derechos sociales, humanos, derecho a la salud, es un tema de salud pública y es un tema de justicia social”
¿Por qué dirías que la ley del aborto es urgente y prioritaria?
La ley es urgente y prioritaria porque es un tema de derechos sociales, humanos, derecho a la salud, es un tema de salud pública y es un tema de justicia social. Porque los abortos existen y persisten, con o sin pandemia o con o sin anti-derechos, existen. Y porque, fundamentalmente, evitaríamos muertes de mujeres que terminan en abortos no sólo clandestinos sino sépticos. Porque clandestinos son todos los abortos de interrupción voluntaria, pero están los que se hacen en los consultorios privados y se pagan, y ahí tenés la asepsia y los cuidados que no tienen las mujeres más vulnerabilizadas.
Y lo más tremendo es el tema de los embarazos en niñas, sobre todo en algunas provincias, que son obligadas a ser madres, niñas menores de 15 años hasta de 10 y 11 años, y eso es una tortura. Por esa razón decimos que es urgente que tengamos una ley. Porque además es una deuda que la democracia tiene con todas las mujeres, y en este país que tenemos un marco jurídico de ampliación de derechos muy importante, nos falta conquistar este derecho, que es el derecho a elegir y decidir si tener o no tener hijos y, por supuesto, a que el Estado se haga responsable de esa atención.