| Por David Pike Lizárraga
| Diseño Emiliano Guerresi
El Fondo de Integración Socio Urbano (FISU) es el objetivo de la campaña sucia que le hicieron los medios hegemónicos a Juan Grabois, una operación burda de off, con cero pruebas, muchas suspicacias y mil repeticiones. El FISU es un fondo fiduciario destinado a la urbanización de los 6467 barrios populares (villas o barrios precarios) que hay en el país y donde viven 5 millones de personas.
Este Fondo se financiaba con el 9% del impuesto PAIS que se abona al comprar dólares a precio oficial y en su momento recibió un 15% de lo recaudado con el impuesto a la riqueza de 2020. Pero ahora tras la un decreto del ejecutivo, el Fondo pasará a recibir solo el 0,3% del impuesto País, un miserable ajuste sobre la población más humilde.
El FISU: una conquista popular
La historia del FISU se remonta a la sanción de la Ley 27453 de Integración socio urbana de barrios populares sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. La misma creó el régimen de regularización dominial de barrios populares y determinó la necesidad de llevar adelante obras para su integración socio urbana.
Previo a ello, fue necesario relevar los barrios populares existentes, ya que no había aun registró de los mismos. La tarea quijotesca de los más de 13 mil voluntarios de los mismos barrios creó el Registro Nacional de Barrios Populares(ReNaBaP). El cual tras su última actualización elevó la cifra de barrios precarios a 6467.
La Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) creada tras la sanción de la Ley 27453 es la encargada de llevar adelante la tarea de ejecutar las obras de urbanización. El FISU fue creado en 2019 con el objetivo de financiar dichas obras y para 2021, será puesto en funcionamiento al asignársele lo recaudado con los porcentajes del impuesto País y el impuesto a las riquezas detallado más arriba.
La SISU durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo a cargo de Fernanda Miño, una dirigente social del barrio popular “La Cava” de San Isidro que milita en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuyo principal dirigente es Juan Grabois. De allí la afirmación de la supuesta “caja negra” que maneja Grabois, una burda operación para apropiarse de los fondos del FISU tras la caída de la Ley Ómnibus que le daba al presidente facultades extraordinarias para eliminar este y otros fideicomisos.
“En los últimos días, el Gobierno nacional difundió información falsa sobre nuestra gestión. Trata de demonizar el funcionamiento de este fondo, para apropiárselo y que deje de ir a la urbanización de barrios populares, como indica la ley 27.453. Es muy clara esa estrategia política de este Gobierno”, afirmó Fernanda Miño al medio La Voz del Interior.
La desmentida
El actual funcionario libertario a cargo de la SISU, Sebastián Pareja, desmintió la operación mediática y resaltó el trabajo transparente de la secretaria en la ejecución de obras del FISU. Afirmó que ningún intendente de los distintos espacios políticos tuvo queja alguna sobre los destinos del Fondo y que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que participa del fideicomiso, resaltó positivamente su ejecución poniéndolo de empleo a nivel internacional.
“El 40% de los proyectos fueron terminados durante mi gestión. Se trabajó con transparencia, y con auditorias constantes de otros organismos oficiales. Salgo a hablar porque hay que defender una gestión que para nosotros fue realizada con mucha responsabilidad y amor por la gente que vive en los barrios populares”, declaró Miño al mismo medio.
Las obras del FISU tienen un sistema de auditorías externas en las que intervienen universidades, colegios profesionales, la SIGEN, la Oficina Anticorrupción, entre otras entidades. Además todas sus obras están publicadas en el sitio gubernamental Datos. En su informe final de gestión Miño detalla que llevan realizadas más de 1200 obras de integración, 24 mil lotes con servicios, 250 mil obras de mejoramientos de piezas, entre otras obras en los barrios humildes de todo el país.
Redacción Resistencias