|Por Ailín Colombo

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610) fue promulgada el pasado 29 de diciembre tras décadas de lucha del movimiento feminista. Entró en vigencia el 23 de enero y desde el gobierno anunciaron que no necesita adhesiones provinciales ni reglamentación, como pasa con otras leyes. De todas maneras, su acceso corre riesgo de ser restringido por sectores conservadores y religiosos que se opusieron a su aprobación, como sucede en la provincia de Chaco, en la que la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti dio lugar a una medida cautelar para dejar sin vigencia la IVE en ese territorio. En este contexto, charlamos con le integrante de Socorristas en Red Wada Waldo, quien nos brindó su mirada sobre las dificultades y desafíos que tiene por delante el movimiento feminista para lograr el acceso real al derecho a abortar. “Pienso que hay una reverberación del odio (de grupos antiderechos) ante la derrota de que se haya aprobado" concluyó Waldo.

“Socorristas en Red, feministas que abortamos” es una articulación de colectivos que brindan información para el acceso a un aborto seguro. “La red es plurinacional, está dentro del territorio de lo que se llama Argentina pero, a su vez, también trabajamos entretejidas con redes de acompañantes de Latinoamérica, el Caribe y en articulación también con redes y espacios de otras partes del mundo”, explicó Waldo, que es activista en la zona de CABA y el Conurbano bonaerense desde el año 2018.

Para dar cuenta de las posibles dificultades en la implementación de la IVE es valioso repasar los antecedentes en la implementación de la legislaciones previas en materia de interrupción de embarazos, como la Ley 23.077 que despenalizó los abortos de embarazos producto de violación desde 1921 de manera intermitente y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que rige desde 2005. Ambas legislaciones tuvieron y tienen problemas a la hora de llevarse a la práctica no sólo por grupos antiderechos, sino por el mismo sistema de salud, cuya estructura y funcionamiento genera grandes desigualdades en el acceso.

Al respecto, Wada señaló, “Creo que dentro de Capital Federal, por ejemplo, hay un acceso a la salud mucho más amplio que en el Conurbano. La bajada de recursos es muy distinta por partidos. No es lo mismo una ciudad como Capital Federal que abunda en presupuesto que ni el resto de la provincia ni el país tiene. Igualmente así, en lo que es Provincia, nosotres acompañamos muchas interrupciones legales en salitas y hospitales del conurbano bonaerense. El acceso en el conurbano sigue siendo mayor que el acceso en, por ejemplo, Mendoza, que es una provincia donde no existe ir al hospital y preguntar. Pero ojo, hay regiones como Rosario, Córdoba, Neuquén, que son zonas donde hay buen acceso”.

"...pedir una interrupción legal o una interrupción voluntaria sigue teniendo un peso social que no se termina donde comienza lo legal"

A su vez, las diferencias se agudizan aún más en el norte del país, “porque hay mucho juicio moral. No es lo mismo si yo quiero ir en Buenos Aires, que es una ciudad donde no te conoce nadie, desde que salís de tu casa hasta que volvés no viste a nadie conocido, que si vos vivís en una ciudad o un pueblo donde de acá a la salita te saludaste con todo el mundo y en la misma salita trabaja tu tío, tu vecino, el hermano del mecánico que es amigo de tu papá. Entonces, también ir a pedir una interrupción legal o una interrupción voluntaria sigue teniendo un peso social que no se termina donde comienza lo legal”, comentó la socorrista.

'El desafío está en el acceso'

Para le integrante de la red “el desafío está en el acceso. Hay un montón de espacios nuevos que habitar, necesitamos que sea totalmente inclusivo, ser muy cuidadoses porque del dicho al hecho hay largo trecho”. Además, apela a la atención que debe prestar el movimiento a que la persona gestante no sea revictimizada al solicitar la interrupción del embarazo, “el sistema es el que da los recursos o garantiza más o menos contención, más o menos información”, por lo tanto, “hay un montón de planos a mirar, así poder asesorar, acompañar y sobretodo dar herramientas. Nosotres trabamos mucho con la autogestión del aborto”.

A esto, se suma la posibilidad de que las instituciones de salud se nieguen a realizar abortos, permiso concedido por la ley redactada por el Ejecutivo, por medio del artículo 10, donde se habilita la objeción de conciencia institucional. Para la Campaña Nacional por el Aborto Legal, cuyo proyecto no incluía dicho ítem, genera el riesgo del “uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que han hecho abuso el personal médico antiderechos (...) La experiencia indica que es la puerta de entrada al incumplimiento de la ley”. En coincidencia con esto, para Waldo, la objeción de conciencia no puede ser institucional porque “queda poco aseguramiento que la o las instituciones del lugar donde vivís te vayan a garantizar el derecho”.

En vistas de las dificultades que rodean la implementación de la Ley, Socorristas en Red continuará trabajando en conjunto con todo el movimiento feminista para que se cumpla de manera efectiva dicha legislación, y acompañando a todes aquelles que deseen interrumpir un embarazo sin atravesar situaciones de violencia y vulneración de sus derechos.

Foto portada: Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito