En el marco del ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional, se anunció la suspensión de más de 154 mil personas del cobro del programa Potenciar Trabajo, conocido como "planes sociales".

Tras la finalización de la auditoría convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, se dieron a conocer los resultados, donde 1.210.571 personas validaron sus datos, el 89% del total del padrón.

Las personas que no pudieron validar sus datos pasarán a cobrar la mitad del programa en el próximo mes y si no validan sus durante ese lapso al siguiente cobró serán dados de baja. Tendrán otras dos instancias para cumplir con la auditoría.

La auditoría se realizó tras un informe de AFIP, filtrado a la prensa, que identificaba supuestas irregularidades en más de 250 mil beneficiarios y una serie de acciones judiciales que frenaron el cobró del programa. Aunque sólo se identificó a 20 mil beneficiarios con irregularidades que fueron dados de baja, finalmente se decidió realizar una auditoría general.

Los resultados

A diferencia de lo que busca instalar la derecha y los medios hegemónicos, un total de 1.134.471 personas realizan como contraprestación tareas comunitarias o productivas. Sumado a las 46.471 personas que declaran realizar programas y cursos de capacitación laboral, y 29.628 que están finalizando estudios formales.

En la misma línea que los datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), el 65,7% de los auditados son mujeres y casi el 70% del total son menores de 40 años (39,1% de 18 a 29 años; el 29,5% de 30 a 39 años; el 19,8% de 40 y 49 años y el 11,5% de 50 años o más).

Otros datos, indican que el 60,87% (736.723 titulares) de los que validaron los datos no finalizó los estudios primarios o secundarias. De ese total, 124 mil personas no tienen la primaria terminada y más de 500 mil personas no tienen el secundario finalizado.

Llamativas fueron las palabras de la ministra Toloza Paz, que sólo se enfocó sobre los datos de los niveles educativos y poco habló sobre la confirmación del trabajo que realizan los auditados. Prometió poner el eje en generar los instrumentos para el acceso a la educación, lo cual siempre es valorable, pero poco dijo sobre mejorar las condiciones laborales. Parece pesar más la idea que los que no tienen trabajo formal es por su falta de formación, que por la falta del mismo.

Las repercusiones

Los movimientos sociales están enemistados con la ministra desde su llegada a Desarrollo Social. Durante diciembre pasado fueron varias las movilizaciones y cortes en protesta contra las acciones de la ministra, tanto desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como desde Unidad Piquetera.

Tras los anuncios, Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social del mismo Ministerio y dirigente del Movimiento Evita, validó el operativo, sin dejar de señalar en diálogo con FutuRock, que “no hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización”.

Por su parte, Daniel Menéndez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente de Somos Barrios de Pie, planteó a La Nación que "el programa social acarrea derechos y obligaciones y está bien que se audite”. "Hay que destacar que casi el 90% de los beneficiarios validaron sus datos y demostraron que están asociados a una unidad de gestión productiva, es decir, que trabajan como contraprestación al ingreso que reciben por el Potenciar".

Mucho más crítico fue Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera y dirigente del Polo Obrero, al afirmar que “hay 160.000 familias que el mes que viene cobran la mitad del ingreso, no porque no corresponda que estén, sino porque el sistema de validación es por internet y hay muchísimos pueblos y lugares donde no hay agua y luz”.