En el marco del quinto Paro Internacional de Mujeres y Disidencias Trabajadoras, Revista Resistencias conversó con Mari, militante cordobesa de Organizaciones Libres del Pueblo (OLP - UTEP) sobre los principales temas de agenda que atraviesan hoy al movimiento feminista. Tras ser el primer 8M con el aborto legal, seguro y gratuito, conquistado al calor de la lucha popular feminista, la compañera respondió sobre esto y, también, sobre el alcance de las políticas contra las violencia de género impulsadas por el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, la organización de las compañeras en los barrios populares frente a las opresiones machistas y la importancia de disputar una reforma judicial con perspectiva de género.
Hace ya más de un año que tenemos Ministerio de la Mujer, con compañeras referentes del feminismo, sin embargo siguen sucediendo casos de femicidios todos los días, ¿qué pensas de esto? ¿Qué opinas de las políticas impulsadas por el Ministerio, como el Plan Nacional contra la Violencia de Género?
M: La existencia misma del primer Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades es, en sí misma, una política de Estado que, aunque haya llegado muy tarde, es reflejo inmediato de la lucha que el movimiento feminista dio en las calles desde el primer 3 de junio donde gritamos que el Estado era responsable de los femicidios. Esa responsabilidad, era demandada, en todos los lugares donde intervenimos, como una urgencia y una deuda con las mujeres y diversidades,por parte del Estado, que venía postergando la labor de asumir el desarrollo de políticas públicas necesarias para erradicar la violencia de género.
La violencia machista es un problema social, de abordaje político, perteneciente a la esfera pública y que requiere ser abordado (por fuera de la esfera doméstica) transversalmente a todas las instituciones sociales y de manera multidimensional. Es decir vinculando a todos los espacios y todos los aspectos de la vida (como el económico, el social, religioso, etnico, etc), brindando respuestas que contemplen los afectos y redes comunitarias, articuladas con las organizaciones sociales y/o de la sociedad civil y con el Estado, a través de sus diversas instituciones. En ese sentido, el reconocimiento de las trabajadoras de la economía popular, promotoras contra la violencia de género, que se pusieron al hombro la tarea -allí donde el Estado estaba ausente- debe ser reconocido y tenido en cuenta, como un elemento fundamental para alcanzar el mayor objetivo en común que tenemos por delante: frenar los femicidios y transfemicidios.
Nosotras entendemos que es necesario que el Ministerio sea el punto de partida de una transformación social y una consecuente reforma de Estado, que contemple de manera transversal los diversos reclamos que venimos sosteniendo las mujeres y diversidades en los diferentes ámbitos en los que el feminismo se enraizó y que debe completarse, no solo con presupuesto, sino con más y mejores políticas, que ponga especial atención en las necesidades de los sectores populares, de las mujeres, trans, lesbianas, travestis y no binaries que habitan los barrios populares y que se organizan todos los días para sobrevivir a un sistema que las excluye.
¿Cómo se organizan en los barrios para abordar esa problemática, prevenirla o trabajarla con las compañeras?
M: En ese sentido, las compañeras están organizadas en grupos de trabajos específicos,con promotoras comunitarias contra la violencia de género, que son compañeras que se han formado, que han estudiado y que tienen la experiencia no solo de asistir y socorrer a mujeres y diversidades en situación de violencia, sino que además son compañeras que contemplan el panorama de una manera más amplia. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de los varones en todo esto?
Estamos hablando de que la violencia machista debe ser abordada de manera política y no de manera superficial, aislada del entramado social y las relaciones de poder. Y en abordar el problema de manera completa, las compañeras son realmente especialistas. No sólo en acompañar en todo el proceso (judicial o extrajudicial) sino de hacerlo rompiendo con la fría lógica del tecnicismo, la prepotencia académica y la quimera de la objetividad, que derivan muchas veces en nuevas fórmulas de asistencialismo cortoplacista.
¿Cómo ves el tema de una reforma judicial con perspectiva de género?
M: La reforma judicial es urgente, pero no cualquier reforma. No podemos seguir tolerando que el aparato judicial criminalice y obstaculice el acceso a la justicia de los sectores populares. Para ellos, el proceso judicial es principalmente sancionatorio y, muy rara vez, una garantía para hacer efectivo sus derechos.
El feminismo (nuestro feminismo, el popular) es mucho más que una perspectiva de género sobre la realidad. Son también posiciones (y sobre todo acciones) que se organizan contra las opresiones de clase, etnia, raza y género. Por eso entiendo que el género, la clase y la etnia deben ser lineamientos transversales, es decir, que atraviesen al sistema judicial y lo trastoquen. Sino es así, corremos el riesgo de hipotecarnos con fórmulas gatopardistas que, a lo sumo, contemplarán algunos reclamos -en ejes de reforma- o puntos de excepción, a reglas que, en la práctica, nos oprimen sistemáticamente.
Por otra parte, es obvio que es necesario también cuestionar en alguna medida el rol de los jueces y la clásica visión de la “sana crítica racional” por la que tradicionalmente dicen justificar sus fallos, como si fueran seres de otro planeta. Es necesario poner sobre la mesa algo obvio, que los jueces son personas con inclinaciones políticas y religiosas que pertenecen a un espacio/tiempo determinado y que, en base a eso, aplican el derecho. Necesitamos pensar esquemas descentralizados de administración de justicia (comunitaria, interdisciplinaria y multidimensional) que echen mano a los métodos alternativos, más veloces y eficientes de resolución de conflictos, antes que estas raras avis sociales con privilegios llamadas jueces, decidan nuestros destinos.
¿Cómo se recibe en los territorios la sanción de la ley del aborto y la posibilidad de acceder a ello? ¿Quedan demandas en torno a esa cuestión?
M: En los territorios se percibe un ambiente de “desacralización” de algunos aspectos que permanecían ocultos, como tabúes. Al mismo tiempo que comienzan a salir a la luz , situaciones que, no hace más de un año, hubiesen sido invisibilizadas y que giran en torno al derecho a maternar (o no) que tenemos lxs cuerpxs gestantes.
En otro sentido, la sanción de la Ley de Interrupcion Voluntaria del Embarazo fue una conquista que al conjunto del movimiento feminista le costó muchos años de trabajo y de lucha. Nosotras dijimos algo que sentimos en lo profundo de nuestros cuerpos: no fue Alberto, fue la militancia. Fue la marea verde, la construcción de poder popular, el loop (a veces infinito) de discusiones que sostuvimos estos años, que nos llevaron a salir fortalecidxs, empoderadxs, pero sobre todo unidas.
Fue nuestra militancia, organizada y sostenida por las redes que tejimos, las que nos permitieron dar esa lucha. Esas redes son las mismas que continuamos tejiendo con otras compañeras de otras organizaciones, asociaciones civiles, médicas, parteras, socorristas, etc que nos permiten pensar en que existe una forma de desarrollar políticas, que escapa a los estándares patriarcales del “sálvese quien pueda”, “primero yo” , “mejor lo mio” . Y es que por eso decimos que en verdad nos sostuvieron las redes feministas . Hoy la sanción de la Ley nos pone frente al desafío de seguir construyendo y reforzando esas redes, ahora que salimos de la clandestinidad y de seguir organizándonos, en conjunto en cada territorio, con la mirada en lo que realmente importa, porque todavía nos queda un largo camino por delante.
Redacción Resistencias