|Por: Ailín Colombo
El preso político argentino y ex combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Facundo Molares lleva más de 250 días detenido por un pedido de extradición a Colombia que fue anulado el 6 de julio por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ese país. "Ese pedido ya no está vigente", aseguró Gustavo Franquet, defensor del militante e integrante de La Gremial de Abogadxs.
Los abogados de Molares, Franquet, ante la Justicia argentina, y Eduardo Matyas Camargo, ante Colombia, explicaron, el pasado miércoles 13, que no hay motivos para que permanezca en prisión, mediante una conferencia de prensa en el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia). Allí, organismos de derechos humanos exigieron su libertad. "Consideramos que Facundo debe ser puesto en libertad de inmediato, con la misma celeridad con que actuó la justicia cuando lo detuvo", reclamó el integrante de La Gremial.
Molares fue detenido mientras visitaba a su padre en Chubut en noviembre de 2021, por un pedido de extradición a Colombia por presuntos delitos cometidos durante su participación en las FARC, es decir, crímenes políticos. Luego de pasar por las cárceles de Esquel y Rawson, fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza, a la espera del juicio. En mayo pasado, el juez federal de Ezquel Guido Otranto sentenció "parcialmente procedente" su extradición.
La extradición fue pedida a partir de una orden de detención emitida por una fiscalía del fuero penal ordinario colombiano. Durante el juicio por extradición, la defensa argumentó que el organismo competente para decidir sobre el caso era la JEP y no así la justicia ordinaria, ya que la jurisdicción fue creada para intervenir en el "proceso de paz" entre el Estado de Colombia y las FARC. Surgió como resultado del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 tras alrededor de 60 años de conflicto armado interno.
Gustavo Franquet resaltó en la conferencia que "la resolución de la JEP dice en el primer punto que asume la competencia (del caso), y en el segundo, que se suspende el pedido de extradición, esto significa que Argentina tiene que dejar inmediatamente en libertad a Facundo". Además, explicó que la Cancillería argentina actuó con irregularidad, ya que el pedido fue realizado de manera ilegítima, por lo que la orden debió ser "rechazada o devuelta a Colombia" por la Dirección de Asuntos Jurídicos. "La Cancillería argentina no puede, por su propia función, desconocer ni el proceso de paz".
A pesar de que la JEP ya dispuso la anulación del proceso de extradición hace casi 15 días, Molares, que tiene problemas de salud cardíacos y renales, sigue detenido a la espera de que se haga efectiva su libertad sin ningún proceso judicial. Según su defensa, su detención tuvo “la intencionalidad política de la persecución y de atacar el proceso de paz".
Redacción Resistencias