|Por Ailín Colombo
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró este lunes "parcialmente procedente" la solicitud de extradición a Colombia del preso político argentino Facundo Molares Schoenfeld. Si bien Otranto, el mismo recusado de la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado, publicará este jueves la sentencia, adelantó ayer durante la audiencia que dará luz verde a la extradición.
Eduardo Soares, miembro de la defensa de Molares a cargo de La Gremial de Abogados y Abogadas, aseguró que el juez “tiró la pelota para arriba” y adelantó que apelarán el fallo ante la Corte Suprema. Según explicó Soares, la fiscalía que pidió la captura no tiene competencia porque los delitos cometidos dentro del conflicto armado colombiano son de incumbencia de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP).
“La Cancillería argentina dejó pasar el pedido de captura sabiendo que es trucho. Si quieren mañana mismo le manda un oficio al embajador argentino en Colombia o piden a la Cancillería colombiana que vaya a la JEP”, reclamó el abogado. El juez “dijo que la justicia ordinaria tiene la capacidad de juzgar y que no hay condena en ausencia a pesar de que le demostramos que hay un proceso irreversible en el sentido de que si Facundo va allá y lo someten a un proceso está vencido el plazo para presentar pruebas”, concluyó.
Mientras tanto, Hugo Molares, su padre quién además es abogado, denunció que se trató de un fallo "ideologizado, prejuicioso y predeterminado con antelación". Y agregó, "creo que el que dictó este fallo lo tenía previsto desde que inició el proceso. Si uno analiza cómo fueron la serie de consecuencias de los actos, (...) la resolución final resulta un hecho cantado, consumado. Realmente me da vergüenza."
Antes de la lectura del veredicto, al hacer uso de sus últimas palabras, Molares sostuvo: "opté por tomar partido por la lucha por la justicia social y la igualdad de los seres humanos, esa lucha me llevó a tomar decisiones de mucho compromiso. Entre ellas, la más importante fue vincularme a una lucha en un país hermano, en la que invertí casi la mitad de mi vida y aprendí mucho".
De todos los presuntos delitos que se le acusaba, el juez sólo declaró procedentes los de homicidio y secuestro. A pesar de que fueron cometidos cuando Molares era integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no los consideró políticos. El militante perteneció durante alrededor de diez años a esa organización guerrillera.
Tras la audiencia, organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas en repudio al veredicto. Las agrupaciones acamparon por diez días frente al Penal Federal de Ezeiza donde el periodista está detenido desde febrero pasado tras ser capturado en Chubut en noviembre del 2021. Allí estuvo detenido en los penales de Esquel y Rawson hasta que fue trasladado a Buenos Aires debido a sus problemas cardíacos y renales.