Por Ailín Colombo
En las últimas semanas fue noticia el llamado de la Corte Suprema de Justicia a una audiencia pública para resolver el pedido de una pareja separada que busca descartar embriones que criopreservaron durante su relación. La clínica de fertilidad se negó al pedido ya que argumentan que no existen legislaciones que definen el status jurídico de los embriones no implantados, por lo que el ex matrimonio inició una demanda que tras distintos fallos llegó a la Corte Suprema. ¿Podría tener consecuencias una decisión contraria al espíritu de la ley de IVE?
Sobre este tema Revista Resistencias charló con la licenciada en Ciencias Políticas e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Yamila Picasso, que sostuvo que “este vacío legal [el destino de los embriones no implantados] es algo que tiene que ir resolviendo el Congreso de la Nación”. A su vez, la militante advirtió que desde la Campaña están “en alerta ante una posible avanzada”, pero aún así afirmó que se manejan con “cautela” para no “instalar una problemática que no necesariamente la hay”.
“Estamos atentas y en alerta frente a un posible conflicto con la ley 27.610, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ese sentido, somos muy cautelosas en conocer cuál es el proceso que va a llevar la Corte y entendemos que los plazos del poder judicial siempre son bastante largos”, explicó Picasso. Y resaltó que “lo importante es que se sepa que la ley 27.610 sigue vigente. Luchamos más de 15 años para exigir su tratamiento, aprobación y hoy peleamos por su implementación”.
El llamado a audiencia pública por la Corte Suprema generó polémica ante la posibilidad de volver a darle protagonismo a las voces antiderecho. También abrió debate sobre si es necesario el llamado de la Corte ante la vigencia de la IVE o hay un vacío legal a complementar. Más allá de la posiciones, la coincidencia se encuentra en el estado de alerta ante la posibilidad de una avanzada contra los derechos sexuales y (no) reproductivos conquistados con la legalización del aborto.
Continúa la avanzada antiderechos
Las organizaciones autodenominadas “provida” convocaron a la Octava Marcha por la Vida en distintos puntos del país el próximo 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, efeméride instituída por el decreto presidencial 1406/98 bajo el gobierno de Carlos Menem. “A nosotras no nos preocupa tanto que se movilicen, porque tienen la libertad de hacerlo, pero nos preocupa la cantidad de este tipo de personajes que están en los hospitales públicos y en los centros de salud”, concluyó Picasso.
La activista denunció que existe un hostigamiento a “profesionales de la salud que garantizan derechos o intervienen en casos, como sucedió en enero”, explicó haciendo referencia al caso de una niña embarazada que, junto a su madre en Santa Fe, fueron captadas por la ONG Grávida el día que tenía turno para abortar. La fundación antiderechos buscaba convencerlas de desistir de la decisión de interrumpir el embarazo.
Lo que aún falta conquistar
Picasso hace hincapié en la necesidad de la plena implementación de la ley 27.610: “depende de la voluntad política de las provincias y los municipios cómo se garantiza en términos de calidad”, concluyó. Además, agregó que existe “una desigualdad en la aplicación”, debido a que en la Reforma Constitucional de 1994, la garantía de la salud y la educación son facultades de los gobiernos provinciales.
Redacción Resistencias
Por otro lado, resaltó la vigencia “del reclamo de la produccion pública del misoprostol y de mifepristona” y que “el ANMAT [Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología] autorice la medicación mifepristona, que en combinación con el misoprostol es el tratamiento recomendado por la OMS [Organización Mundial de la Salud] y garantiza que el aborto sea más efectivo y sin dolor, porque también abortar sin dolor es una cuestión politica y es un derecho que tenemos las mujeres y las identidades con capacidad de gestar”.