Por Mariana Di Mauro

Hace cinco años se llevó a cabo el primer Pañuelazo , hecho que marcó un antes y un después en la lucha de los feminismos por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito . Por primera vez, las calles de todo el país se tiñeron de verde, y miles de mujeres y disidencias, grandes y chicas, madres, adolescentes y abuelas salieron a las calles a exigir el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que llegaba por octava vez al Congreso de la Nación.

Ese año no fue la excepción de lo que venía sucediendo desde el 2007 cuando el proyecto de Ley entró por primera vez al Congreso: volvió a ser rechazado. A partir de allí, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito -que ya cuenta con 18 años de historia- estableció el 19 de febrero como el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto.

Casi tres años después de aquel primer Pañuelazo, el 30 de diciembre de 2020, la marea verde volvió a levantar sus pañuelos, pero esta vez con motivo de celebración, el aborto se convirtió en Ley en la Argentina. Finalmente, el 24 de enero siguiente, la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entró en vigencia.

El pañuelo no se guarda

Como no podía ser de otra manera, la conquista de este derecho fundamental para la vida y la salud de las personas gestantes provocó el contraataque de los sectores más reaccionarios de la sociedad. Desde la aprobación de la Ley fueron múltiples los intentos para boicotear su plena implementación: declarar inconstitucional la Ley, denunciar y detener profesionales de la salud por practicar abortos y hasta impedir que mujeres y niñas interrumpan sus embarazos.

Sin ir más lejos, tan sólo dos meses atrás tres mujeres fueron detenidas en Villa María, Córdoba, por asistir un aborto. Dos de ellas, integrantes de Socorristas en Red -organización que se encarga de asistir e informar a personas que deseen acceder a la IVE-, fueron acusadas por “ejercicio ilegal de la medicina”, mientras que la tercera, una profesional de la salud, por “encubrimiento”. Fueron liberadas cinco días después gracias a la presión social.

Este escenario, como tantos otros vinculados a la ampliación de derechos, muestra que los derechos no sólo se pelean y se conquistan, sino que deben defenderse frente a los embates reaccionarios.

Pedido de Audiencia de la Corte

Días atrás fue noticia el caso de una ex pareja que había congelado embriones, pero decidieron interrumpir el proceso y descartarlos. La clínica se los negó y elles acudieron a la Justicia. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación, la cual decidió resolverlo mediante un llamado a una Audiencia Pública. Frente a esto, tal como lo expresó Estela Díaz, Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, el cuestionamiento es "si una persona está habilitada para interrumpir un embarazo ya en curso, ¿por qué no podría decidir acerca del embrión antes de ser implantado?".

El accionar de la Corte vuelve a poner en discusión un tema ya debatido y saldado, hace apenas 2 años, dando lugar, nuevamente, a la exposición de los argumentos anti-derechos. De esta manera, cabe preguntarse, ¿qué buscan los jueces de la Corte Suprema y qué consecuencias podría tener una decisión contraria al espiritu de la IVE?

Desde aquel 19 de febrero de 2018, cuando el aborto se impuso en la agenda pública y cultural, el movimiento feminista dio un paso fundamental que cambiaría la historia de millones de mujeres y disidencias argentinas. Si bien el derecho fue legalmente conquistado el 30 de diciembre del 2020, la reacción continúa. Por eso, el pañuelo no se guarda.

La IVE en números

Gracias a la legalización del aborto, hoy es posible llevar un registro oficial de las IVE/ILE realizadas en el país, lo cual sirve de insumo para futuras políticas públicas que fortalezcan el acceso a una salud de calidad para cada vez más personas. En este marco se inserta el ImplementAR, que brinda información del trabajo realizado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, “para la implementación de la Ley 27.610 en el territorio nacional en conjunto con las jurisdicciones provinciales y las redes y organizaciones feministas”.

Según el Informe ImplementAR 2022 “se informa un total de 59.267 IVE/ILE realizados en 2022 en todo el territorio nacional (datos actualizados a septiembre)” . Asimismo, informa que “1443 efectos del sistema público de salud en todo el país información haber practicado interrupción del embarazo. Esto constituye un 59,8 % más que lo declarado en el 2020 (903 efectos) y un 7,5 % más que en 2021 (1342 efectos)” . Es importante destacar que esto no significa que haya más abortos, sino que son más los que se realizan de manera segura en una institución de salud acondicionada para llevar adelante la práctica y, por ende, registrados.