Por Ailín Colombo
Diseño Emiliano Guerresi
Las federaciones universitarias lo remarcan: la educación pública está en peligro. ¿La amenaza? Las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei que se ven materializadas en la asfixia presupuestaria que sufren las universidades. Estudiantes, docentes y trabajadores no-docentes responderán con una Marcha Federal Universitaria el próximo martes 23 de abril en distintas ciudades del país.
Por su parte, el gobierno impulsó operaciones mediáticas contra las universidades vía X. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, amenazó con que el poder ejecutivo audite las universidades.
Además, Álvarez lanzó una línea para denunciar presuntos hechos de adoctrinamiento en las Casas de Altos Estudios. Otro que se subió a las acusaciones fue el presidente, que en su cuenta de X retuiteó información dudosa, como el posteo de la concejal quilmeña Estefanía Albasetti, que asegura sin pruebas recibir denuncias de estudiantes obligados a asistir a la marcha. Así también, acusaciones infundadas de usuarios que sostienen un plan desestabilizador detrás del reclamo.
Las provocaciones del gobierno no censan. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que activará el protocolo antipiquetes durante la marcha del martes 23. Desde la Comisión Provincial de la Memoria sostuvieron que el protocolo es impracticable en esta convocatoria ya que se prevé que será multitudinaria.
“No se trata de un acuerdo, sino de un anuncio”
De cara a la manifestación, el Ministerio de Capital Humano, que absorbió la cartera de Educación, anunció el jueves 18 un incremento del 70% retroactivo a marzo (ya había sido anunciado) y otro 70% para mayo del presupuesto para el funcionamiento de las casas de altos estudios. Para el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en diálogo con La Nación, el anuncio fue un intento del gobierno de “desactivar” la marcha del 23. Así también, explicó que el aumento del 70% comunicado en marzo aún no fue desembolsado.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) explicó en un comunicado que “no se trata de un acuerdo, sino de un anuncio del gobierno” y exigió que se realice formalmente. También sostuvo que sus demandas son “incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no-docentes, reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras”. Además, ratificó la marcha del martes 23.
También se expresó sobre el anuncio Emilino Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresó mediante su cuenta de X que “no hubo acuerdo, hubo una propuesta informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento” y agregó que dichos gastos “representan solo el 10% del presupuesto. El otro 90% son salarios, con una pérdida de alrededor de 35 puntos por la inflación.
Cabe recordar que ya se realizaron anuncios falsos sobre aumentos presupuestarios. El subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez informó a través de X el pasado miércoles 17 que “está firmado el pago” de los fondos solicitados por la UBA. Esa información fue desmentida por la institución, que explicó en diálogo con Infobae que la medida a la que el funcionario hizo referencia es “la prórroga del presupuesto del año pasado para hospitales universitarios”.
¿Qué denuncian las universidades?
La situación es alarmante. Las Casas de Altos Estudios denuncian que el presupuesto universitario otorgado es el mismo que en 2023 y no tiene en cuenta el 45% de inflación acumulada en lo que va del 2024, sumada al 211% de inflación interanual durante el año pasado, de acuerdo a cifras del INDEC. Algunas instituciones, como la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), entre otras, anunciaron que no saben si podrán abrir sus puertas el próximo cuatrimestre.
De hecho, el presupuesto universitario de este año es el más bajo del que se tiene registro, de acuerdo a un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) basado en datos extraídos de la plataforma Presupuesto Abierto,que cuenta con datos a partir del año 1997. El organismo advirtió, además, que “la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional”.
Estudiar a oscuras
Otra de las medidas de ajuste que denuncian es la quita del subsidio de electricidad. Esta medida ya mostró sus consecuencias, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata reveló que le llegó una factura del servicio de electricidad por 14 millones de pesos. Por otro lado, las facultades de la UBA, a raíz del tarifazo, funcionan a oscuras para ahorrar energía eléctrica.
La Facultad de Medicina fue viral la semana pasada tras ser la primera en tomar esta medida para acatar "las pautas para afrontar la emergencia presupuestaria" establecidas mediante un comunicado por la Secretaría de Hacienda de la UBA el pasado lunes 15. Las directivas indican mantener apagadas las luces de las oficinas y espacios comunes durante el día, reducción de la utilización de calefacción y aire acondicionado, así como el recorte en programas de investigación y ciencia.
¡La educación se defiende!
Los días previos a la Marcha Federal se realizaron asambleas multitudinarias en las distintas universidades. Incluso, debido a la cantidad de concurrentes, estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA cortaron la Avenida Independencia el miércoles 18 en el centro porteño. Ese mismo día se llevó adelante otra actividad con convocatoria masiva: el Abrazo Solidario al Hospital de Clínicas, que funciona con servicio limitado por falta de fondos.
Se espera que la convocatoria del martes 23 sea masiva, como supo manifestarse la comunidad universitaria a lo largo de la historia. En un comunicado del pasado 9 de abril, el CIN interpela a la población a involucrarse: “Es necesario que la sociedad en general (...) nos acompañe en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres”.