Por Alin Colombo
Ilustra Lita Ce
Comenzó el juicio contra los cinco suboficiales de la Prefectura Naval Argentina involucrados en el crimen de Rafael Nahuel. El joven mapuche fue asesinado en 2017 en el marco de una represión contra su comunidad en la recuperación de tierras ancestrales Lof Lafken Wipu Mapu de Villa Mascardi, en Río Negro.
El pasado 15 de agosto se dio inicio a las audiencias. Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, miembros del grupo Albatros de Prefectura, son juzgados por el Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro. Cavia llega al juicio procesado por “homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa”, mientras que el resto por “partícipes necesarios”.
La querella, que integra la familia de Nahuel, la Secretaría de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), buscará probar que se trató de un homicidio calificado y que no actuaron en legítima defensa, sino que cometieron un asesinato durante una persecución cuando los miembros de la comunidad que se buscaban desalojar ya habían abandonado la zona. Además, coinciden en que el crimen estuvo cargado de violencia institucional y odio racial.
Las audiencias permiten la modalidad virtual, lo que generó descontento entre las organizaciones mapuche. “Hay una sensación de injusticia, privilegios, racismo, complicidad, protección y violencia institucional en este ‘juicio'”, sostuvo Orlando Carriqueo, vocero y werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche ante Diario Río Negro. “Los testigos de las fuerzas de seguridad también lo hacen por Zoom y el juicio no se puede transmitir. ¿Dónde están nuestros derechos humanos? ¿Dónde están las garantías de un juicio oral y público?”, cuestionó.
Desde el inicio del juicio se realizan concentraciones en las puertas del Tribunal en señal de acompañamiento a la familia Nahuel y exigiendo justicia por el joven mapuche. En ese marco, el miércoles 16, organizaciones sociales y de derechos humanos marcharon pidiendo justicia, tierra para las comunidades y aplicación plena de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas Originarias.
Acusados que faltan
El marco del asesinato fue la búsqueda del gobierno de Cambiemos de un enemigo interno en un contexto donde la población mapuche se puso al frente de la recuperación ancestral de tierras en la Patagonia mientras el Estado legitimaba la usurpación, posesión y venta de terrenos a manos de capitales extranjeros.
El país aún estaba convulsionado por la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, joven solidario con la causa mapuche desaparecido durante 77 días tras una persecución de Gendarmería contra manifestantes que realizaban un corte de ruta. Su cadáver fue hallado en octubre de 2017 río arriba en un lugar que fue rastrillado múltiples veces.
En noviembre del 2017, Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, envió fuerzas de seguridad a cargo de su cartera, Prefectura y Policía Federal, a la zona de Villa Mascardi, localidad rionegrina, donde la comunidad indígena se encontraba movilizada para recuperar tierras ancestrales de la Lof Lafken Wipu Mapu. Luego de algunos días de represión, sucede el crimen de Rafael Nahuel.
"Le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad", declaró Bullrich ante la prensa por esos días e instaló la hipótesis de enfrentamiento. El gobierno de Cambiemos no pudo actuar sin el respaldo de la Justicia. Fue el juez del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, quien dictó el desalojo de la comunidad.
Por entonces, la ministra justificaba la escalada represiva por la existencia de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que acusaba de querer formar “una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina” y de los más diversos atentados, como sostuvo durante una entrevista en Radio Mitre en agosto de ese año.
Tras el crimen, Bullrich no sólo legitimó el accionar de Prefectura – al igual que lo hizo con Gendarmería en el caso Maldonado – sino que redobló la apuesta. Junto con el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, y los ministros de Seguridad de Neuquén, Jorge Lara, y de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, crearon en diciembre de 2017, sólo un mes después, un Comando Unificado de fuerzas represivas contra “la violencia de la RAM”. Decidió responder con más represión.
Testigos: declaraciones contradictorias
Las audiencias se desarrollan los días martes y miércoles y se prevé que declaren 90 testigos. El miércoles 23 fue el turno de atestiguar de cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad, tres de Prefectura y uno de la Policía Federal, que declararon en calidad de testigos. En sus testimonios, de acuerdo a Agencia Télam, se hallaron algunas contradicciones.
El suboficial Francisco Lescano aseguró que pudo "escuchar disparos, el sonido de una escopeta, una 9 mm. y uno más agudo que podría haber sido una 22". Por su parte, el chofer del grupo Albatros, Daniel Alberto Colliard, quien permaneció en el auto en la ruta, dijo que le "contaron" que "estaban subiendo, sintieron que les habían tirado unas lanzas de caña o madera con clavos en la punta, piedras y después se escucharon disparos".
Sin embargo, al llegar el turno del prefecto Diego Brest, quien estuvo presente en Villa Mascardi, declaró no haber escuchado disparos. El fiscal auxiliar García Barrese le preguntó si a través del handy había escuchado disparos, a lo que contestó que no, e igual respuesta tuvo la pregunta de si había escuchado “disparos en general”.
Además, en esta instancia declaró que sus compañeros no le habían comentado lo sucedido. Pero la lectura de su declaración en la instrucción de la causa lo contradijo. "Nos quedamos debajo de un árbol (…). Me acuerdo haber preguntado si escucharon tiros o gritos y ninguno había escuchado nada", le leyó el asistente fiscal.
Luego de tres semanas de juicio, la semana pasada terminaron de declarar los fucionarios policiales y de prefectura y esta semana declararán el medico forense y los peritos.
El hecho
El día 23 de noviembre, con orden del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura Naval comenzaron un desalojo de la lof en el que detuvieron a varies mapuche, entre elles mujeres y niñes. Algunes lograron escapar hacia las montañas.
Dos días después, los cinco prefectos imputados volvieron al territorio y al ver grupos de personas corriendo en las montañas, comenzaron a disparar con balas de plomo. Rafael Nahuel, de entonces 22 años, recibió un balazo por la espalda – que impactó en su cadera, desde atrás – efectuado presuntamente por Cavia mientras escapaba de la represión. Otras dos personas resultaron heridas. En la escena se encontró evidencia de 130 disparos.
Bullrich no tardó en defender públicamente el accionar de la Prefectura. Aseguró que el pueblo mapuche había comenzado los disparos y sostuvo la versión del enfrentamiento: “Fue una acción legal y legítima frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”.
La persecución política y mediática contra el pueblo mapuche, que continúa hasta hoy, ocasionó la muerte de Rafael Nahuel. Organizaciones sociales y de derechos humanos, la comunidad mapuche y la familia de Rafa mantienen firme su reclamo de esclarecer y condenar a todos los responsables del hecho.