Por Ailín Colombo
Explota Jujuy. Entre manifestaciones gremiales, indígenas y de movimientos sociales, el gobernador Gerardo Morales logró aprobar anoche, mediante una sesión express de la Convención Constituyente, la modificación parcial por unanimidad de la Constitución provincial, que contiene medidas que criminalizan la protesta.
En septiembre pasado, la legislatura jujeña aprobó el proyecto de reforma parcial de la carta magna que fue presentado por Morales. Bajo el argumento de la “institucionalización de la paz social”, el gobernador logró la modificación de 66 artículos. La Convención Constituyente comenzó a sesionar el pasado miércoles y contó con la renuncia de ocho de sus integrantes, dos del Frente Justicialista y los seis representantes del Frente de Izquierda. Estos últimos advirtieron que de aprobarse la reforma apelarán ante la Justicia.
¿En qué consiste la reforma?
Los sindicatos que protestan levantan la consigna de “arriba los salarios y abajo la reforma”. La oposición a la modificación de la Constitución provincial se debe a una serie de medidas que limitan y criminalizan el derecho a la huelga y manifestación, consagrado en la Constitución Nacional; otorgarle la mayoría simple a la fuerza que gane las elecciones ejecutivas y eliminar las votaciones intermedias, entre otras.
“Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar”, advirtió Morales el miércoles pasado durante la sesión. Bajo esta postura, le otorgaron calidad constitucional a los Códigos Contravencionales vigentes que establecen sanciones a quienes ejerzan su derecho a manifestarse.
Este artículo es contrario a lo que establecen los artículos 14, 14 bis y 32 de la Carta Magna Nacional, así como a la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a huelga, asociación y libertad de expresión, que están por encima de cualquier legislación provincial.
En cuanto a las elecciones, eliminaron las votaciones legislativas intermedias para juntarlas con las ejecutivas que se realizan cada cuatro años. De esta manera, se termina con la renovación de los cargos legislativos cada dos años. Por otro lado, plantea otorgarle la mayoría más uno en la cámara de diputados, concejales y comisionados provinciales a la fuerza ganadora de las ejecutivas.
Otra de las modificaciones cuestionadas es el temario sobre tierras fiscales, con el que se busca la “recuperación” de estos terrenos y evitar la usurpación de espacios públicos y privados. De acuerdo a la denuncia de organizaciones indígenas, esta medida atenta contra la recuperación de tierras ancestrales, así como también con las tomas de sectores vulnerables, que corren riesgo de sufrir desalojos.
Además, se registraron irregularidades en la Asamblea Constituyente, como el adelanto de los plazos de votación. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) sostuvo mediante un comunicado que “el proceso tuvo gravísimos problemas de procedimiento y de contenido”, por ejemplo el acotamiento de los debates de “90 días a tres semanas”. Además, denunció que se trata de “un texto profundamente regresivo en relación a los derechos humanos”.
También denuncian que la reforma vulnera los derechos de los pueblos indígenas de la región, ya que no respeta lo establecido por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el derecho a consulta y consentimiento informado, así como se reserva el derecho de explotación de recursos naturales, como el litio.
Pueblo movilizado
En este marco, anoche se realizaron protestas multisectoriales en toda la provincia contra la aprobación de la reforma. Encabezados por docentes, organizaciones sociales y políticas, trabajadores estatales y comunidades indígenas, el pueblo movilizado realizó una marcha de antorchas y movilizaciones en diferentes ciudades de Jujuy.
Las protestas comenzaron hace algunos días con el paro por tiempo indeterminado de los docentes en la provincia por un reclamo salarial. El lunes 12, tras el Decreto 8646 de Morales — fue derogado el martes 13 — que establecía sanciones a quiénes realicen manifestaciones, salieron a las calles otros actores sindicales, gremiales y políticos.
