La Cámara de Diputados aprobó ayer 29-10 con el voto del oficialismo, de algunos bloques minoritarios de la oposición y de seis integrantes de Juntos por el Cambio el proyecto de Presupuesto 2021, que ahora deberá ser analizado por el Senado. El primer Presupuesto del Gobierno de Alberto Fernández cosechó 139 votos a favor, 90 abstenciones y 15 votos en contra, tras casi 20 horas de debate mayormente presencial en el recinto de la Cámara baja, informó la Agencia Telam.
La ley de Presupuesto 2021 anticipa las políticas públicas del año se desdibuja en el debate público. Sin embargo, 2021 se vaticina como un año donde habrá que recoger los escombros pospandemia y de las partidas presupuestarias asignadas por el gobierno de Alberto Fernández para cada área se desprende cuál será el motor para la “reconstrucción argentina” que reza en el slogan de Presidencia.
A grandes rasgos, la ley contempla un crecimiento de la economía del 5% y un déficit fiscal del 4,5%. Pero, ¿qué significa esto?
De acuerdo con un reciente informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) fundado por el director del Banco Nación Claudio Lozano y coordinado por la economista Ana Rameri, el Presupuesto 2021 tiene un “sesgo neodesarrollista de la política económica” que desplaza las políticas de ingresos de shock –que impulsan el consumo- por un rol público destinado a sostener garantías favorables para inversión productiva.
“Estabilidad, sostenibilidad, tranquilidad macroeconómica son parte de los principales objetivos que orientarán el accionar del sector público junto al acompañamiento de la infraestructura necesaria. De esta manera, la política de ingresos no será, según una lectura textual de la letra de los planes de gobierno, la palanca para la reactivación económica. La apuesta del Gobierno es exactamente al revés, sería el repunte de la actividad privada la que recomponga el empleo y así los ingresos”, consideran Lozano, Rameri y equipo.
Macroeconomía
Para el IPyPP, el elegido por el gobierno del Frente de Todos es “el camino lento para la recomposición del cuadro social” ya que, si bien minimiza el impacto presupuestario, subestima las condiciones de la urgencia social que dejará la pandemia “con tasas récord para los niveles de pobreza e indigencia”. “Un precio demasiado alto para cumplir con el imperativo de reducir el rojo en las cuentas públicas”, resume el informe.
En efecto, la crisis sanitaria ha dejado al descubierto serias problemáticas sociales: hambre, hacinamiento habitacional y falta de acceso a los servicios públicos esenciales como el agua potable, la salud y la educación (atada a la conectividad, en el contexto de aislamiento).
Lozano destaca que el Gobierno parece haber depositado su confianza en que sucederá “una reacción del empleo de relevancia”, aún cuando los pronósticos de crecimiento de actividad económica son lentos y, de acuerdo a las últimas paritarias, habrá un escaso margen de recuperación del salario.
El plan diseñado para 2021 supone que, de efectivizarse, el año próximo el consumo sólo recuperará el 40% de la caída del 2020, la inversión y las exportaciones recuperarán en 70% y las importaciones el 74%.
Obra pública
“El binomio precios relativos-infraestructura es la arena autodelimitada por el Presupuesto para intervenir activamente, concentrando en el segundo, la inversión pública, la variable más dinámica de todo el trazado presupuestario”, analiza.
En efecto, el gasto de capital prevé para el año que viene un aumento del 89,9% nominal (un 47,1% real, descontando la evolución de precios) lo que permitiría alcanzar el 2,2% del PBI y así duplicar el nivel verificado durante el año 2019 (previo a la pandemia). Los principales rubros de la inversión, en orden de relevancia, serán transporte (obras viales, infraestructura ferroviaria y mejoras de terminales de buses), vivienda y urbanismo (especialmente a través del Procrear y en menor medida viviendas sociales e infraestructura en Argentina Hace, el Renabap), agua potable y alcantarillado (obras de Aysa como la Cuenca Matanza-Riachuelo, Plan Nacional de Agua Potable e infraestructura em algunas provincias) y educación (infraestructura y equipamiento y fortalecimiento de jardines).
Si bien lo previsto “es una recomposición muy importante, para haber sido designado como el canal casi exclusivo de transferencias de recursos públicos destinado al aliento de la reactivación económica, se encuentra muy por debajo de otros momentos de la historia reciente: queda un 10% por debajo del nivel promedio verificado en el período de los siete años entre la última crisis financiera internacional y la crisis local del 2018 (período 2010-2017)”, afirma el IPyPP.
Salarios
En este punto, la deuda externa –espada de Damocles que pende sobre las cuentas públicas nacionales- muestra su peso, incluso luego de la reestructuración con los bonistas.
La presentación oficial establece una reducción del déficit financiero que implica pasar del 10,3% del PBI en 2020 al -5,6% en 2021 para el Sector Público Nacional.
Para la Administración Pública Nacional esa mejora del resultado fiscal es del 0,7 puntos porcentuales (se pasa un déficit del -4,6% del PBI al -3,9%) que se realiza sobre la base de contraer el gasto público en -4 puntos del PBI, en particular los salarios públicos, las prestaciones previsionales, asignaciones familiares y transferencias de ingresos a los hogares. “Concretamente, la caída de los cuatro puntos se explica por un ajuste del -2,6 puntos porcentuales del gasto social y en especial el correspondiente a la seguridad social. Las transferencias corrientes a los hogares caerían en términos reales un -50%”, asegura el IPyPP.
En lo que respecta a los salarios de los estatales de la administración nacional el Presupuesto presenta un aumento nominal del 35,6% que implicaría una recuperación real del 5,1%. “Sin embargo, la anualización de los últimos valores disponibles salariales comparados con la masa salarial estipulada para el próximo año en el Presupuesto dan cuenta de una pauta de aumento del 23% que significa que los salarios de los estatales deberán enfrentar una caída real del -4,5% si no se realiza un refuerzo”, detalla el estudio.
Seguridad social
Algo similar ocurre con las prestaciones previsionales: el proyecto de ley estipula un incremento real del 1,6% pero si consideramos los últimos valores de los haberes (septiembre y diciembre) la caída real implícita en el Presupuesto 2021 estaría entre el -7,4% y el -12%.
A juzgar por el proyecto, el año que viene tampoco se contará ni con los $269.630 millones del IFE (ingreso familiar de emergencia) que llevaron alivio a cerca de 9 millones de personas. “El mayor esfuerzo fiscal sólo se concentrará en el grupo juvenil que, a través del Progresar, podrá acceder a becas para estudio lográndose una ampliación de la cobertura de casi el doble que la vigente”, analiza el informe.
Las transferencias directas de ingresos para expandir la frontera de la acotada cobertura brindada por la seguridad social formal, quedaron limitadas a dos programas: la tarjeta alimentaria y el Potencia Trabajo.
Deuda
De acuerdo con lo que verifica el IPyPP, la estrategia de financiamiento del sector público despeja la mayor parte del problema del endeudamiento con los acreedores privados en el mediano plazo al tiempo y comienza un camino de sustitución del endeudamiento sobre la base de la deuda intra sector público.
“Si bien esta estrategia evita negociaciones costosas y condicionamientos sobre la política pública, lo cierto también es que el riesgo está puesto en la horadación de los patrimonios de organismos públicos que tienen implicancia directa en las condiciones de vida de la población. La encerrona situada en el carácter público o privado de los acreedores podría superarse si se asume la necesidad de una reforma fiscal integral que dote de mayor progresividad al esquema tributario”, asegura.
Energía
En efecto, hay una reducción prevista de los subsidios de las tarifas lo que muy probablemente significará que “se discutan ajustes de los servicios que estén en línea con la evolución combinada de los índices de precios mayoristas y minoristas durante 2021”, destaca el informe.
Asimismo, releva que está considerada “una prioridad” en el Presupuesto para el año entrante la promoción de energías renovables en función de la consolidación de un desarrollo sostenible con menores emisiones y con despliegue simultáneo de procesos de adaptación y mitigación ambiental en el marco de las políticas de cambio climático. Se prevé que para 2021 el 14,2% del consumo de energía eléctrica provendrá de fuentes renovables.
“En definitiva, la coyuntura actual indica que el Gobierno tiene que afrontar dos grandes desafíos: la pandemia y la negociación de la deuda con el FMI. Las características del Presupuesto presentado para el próximo año indican que la segunda, el acuerdo con el Fondo, obtuvo un peso más importante para la planificación de la política pública contenida en el proyecto de ley. Está claro que otro hubiera sido el trazado presupuestario si en el centro de la agenda pública estuviera la resolución de los efectos sociales y laborales que viene dejando a su paso la crisis sanitaria”, concluye Lozano.
Fuente: Canal Abierto (salvo primer párrafo, actualización de información de Agencia Telam)