La vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher enfrenta un juicio que la investiga por direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz. Ayer, los fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Diferentes referentes del campo popular mostraron su apoyo a Cristina, sosteniendo que se trata de un caso de persecución política y, en muchos casos, consideraron que el objetivo es la proscripción de la funcionaria. Por su parte, Juan Grabois, dirigente de la UTEP, manifestó que el pedido del fiscal se trata “de una amenaza mafiosa del poder real”. Y agregó, “la amenaza no está dirigida a CFK, sino a todos los demás, para que nadie se les anime nunca más”.
Myriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, subrayó que las acusaciones por corrupción deben ser juzgadas por jurados populares y rechazó categóricamente la inhabilitación para cargos públicos: “para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares”.
“La persecución judicial a CFK es la historia repetida de nuestro país: a nuestros líderes populares los quieren proscribir para llevarse puesto los derechos de nuestro pueblo y arremeter contra la democracia. Lo hicieron con Perón y ahora lo intentan con Cristina”, publicó Leonardo Grosso, diputado nacional del bloque Movimiento Evita-Frente de Todos.
“Quieren instalar el miedo y proscribir a Cristina para mandarle un mensaje a los sectores populares que con los poderes económicos no se jode. Buscan que nadie se les anime más. Nosotras y nosotros no les tenemos miedo. Si la tocan a Cristina, nos tocan a todes”, aseguró Jackie Flores, referente popular del MTE y funcionaria del Ministerio de Ambiente.
Las centrales obreras también la respaldaron, hablaron de “show mediático” y “proscripción”. La CGT calificó de “absurda” la acusación y la CTA de los Trabajadores la tildó de “antidemocrática”. Por su parte, CTA Autónoma consideró que detrás se encuentra una “disputa política”.
Tras el pedido del fiscal, un grupo de opositores de derecha se presentó anoche en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta para insultarla. Por su parte, militantes del kirchnerismo y aliados, se acercaron a manifestar su apoyo y fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad.