Sentenciaron a cadena perpetua a los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca por el crimen de Facundo Ferreira, el niño de 12 años asesinado el 8 de marzo de 2018. En pleno auge de la Doctrina Chocobar, el asesinato formó parte de la ola de casos de gatillo fácil que, en cuatro años de gobierno macrista, escalaron a una muerte cada 19 horas en manos de las fuerzas de seguridad.
Este martes se realizó la audiencia final del juicio, donde los imputados tuvieron lugar para dar sus últimas palabras. Nicolas Javier Montes de Oca reiteró la desmentida versión del enfrentamiento para aludir al derecho de legítima defensa: “Actuamos de acuerdo al protocolo que nos enseñó la Policía. No hicimos nada que no corresponda”, y afirmó, “Tenemos el apoyo de la institución policial”, lo que llamó la atención en el recinto.
El Tribunal de la Sala I de la Cámara Conclusional condenó a los dos ex efectivos de la policía tucumana a la pena máxima por ser coautores del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de las fuerzas de seguridad, agravado por el uso de armas de fuego e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El hecho tuvo lugar en la capital de Tucumán, cuando los policías de la División de Motoristas del Servicio 911 comenzaron una persecución a los tiros hacia Facundo y Juan, niños de 12 y 14 años, que se habían escapado de sus casas para ir a ver las “picadas”, carreras de moto que se realizan cerca del Parque 9 de Julio. Durante la persecución, la policía disparó con balas de goma y plomo que terminarían con la vida de Facu y con graves heridas en Juan.
En aquel momento, el ministro de seguridad local, Claudio Adolfo Maley, defendió a los asesinos y apuntó contra la familia: “Hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres. Hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable”. A pesar del relato que quiso imponer la policía tucumana y varios funcionarios públicos de la provincia, las evidencias y la rápida denuncia de la familia junto a organismos de derechos humanos fueron contundentes para esclarecer el caso de gatillo fácil.
Tras la sentencia y decisión del Tribunal que efectuó la prisión preventiva hasta tanto la condena quede firme para los imputados, familiares de los policías condenados amenazaron y atacaron a la familia de Facundo y a periodistas que cubrían el caso. Los últimos denunciaron el hostigamiento policial que sufrieron a lo largo de estos años, lo que evidencia una vez más la impunidad y el entramado que sostiene a estos casos, muchas veces sin denunciarse o desistiendo frente al miedo que se impone desde sectores del poder institucional.