La Secretaría de Derechos Humanos intervino a favor de los manifestantes que reclaman la soberanía sobre Lago Escondido. El Organismo exigió al gobierno rionegrino que "garantice" la integridad de las personas y la "libre circulación" de quienes ayer fueron amenazados por una patota de cerca de 50 personas ligada a Joe Lewis, poseedor ilegítimo del territorio. Sucedió en el marco de la sexta Marcha de la Soberanía promovida por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA).
Los manifestantes de la columna de montaña, según denunció FIPCA, fueron increpados por hombres a caballo y armados, a la altura del Lago Soberanía, mientras avanzaban sobre el camino autorizado por la Justicia para ingresar al espejo de agua, que sigue obstaculizado por el empresario británico Lewis, a pesar del fallo del año 2009 que así lo establece. Entre los manifestantes se encuentra el médico sanitarista y miembro del Instituto Patria Jorge Rachid junto a otra decena de militantes de organizaciones sociales y políticas.
La Marcha por la soberanía surgió como una iniciativa para reclamar por el bloqueo ilegal del acceso al lago ubicado en la propiedad del empresario Lewis. Sucede que la Constitución Nacional argentina establece el libre acceso a los espejos de agua, que son públicos a pesar de estar ubicados dentro de propiedades privadas. Además, la venta del territorio a Lewis viola la Ley de Defensa Nacional 23.554, ya que esta prohíbe la venta de tierras de la frontera con Chile a extranjeros.
Ya es costumbre que durante las protestas realizadas contra Lewis, los manifestantes sean increpados por el personal del empresario. En 2019, por ejemplo, FIPCA denunció que dos activistas fueron arrojadas al agua. En 2020, Julio Uriel, titular de la fundación, expresó que recibieron amenazas por parte de personas que responden a Lewis. Ese mismo año, también fueron abordados por personas con palos que los golpearon para obstaculizar su paso.
La fundación FIPCA presentó un habeas corpus para la preservación de la integridad de los manifestantes y con el fin de que la justicia se haga presente para garantizar lo que la ley establece, que es la libre circulación y el acceso soberano al lago. Por ello, en Bariloche, la CTA Autónoma se movilizó al Juzgado Penal para acompañar la presentación.