Ayer por la tarde, las y los mendocinos volvieron a las calles para proteger la Ley 7722, la “guardiana del agua”, frente al fallo de la Corte Suprema que busca declarar inconstitucional uno de sus artículos. La decisión de la Corte gira en torno al artículo Nº1, que establece: “A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. El argumento recae en la expresión “otras sustancias tóxicas” por su grado de “indeterminación”, es decir por no especificar a qué tipo se hace referencia.
La medida de la Corte surgió a partir de una apelación de la minera San Jorge. La resolución de la inconstitucionalidad habilitaría el desarrollo de la megaminería en la provincia con el uso de sustancias químicas que no están explicitadas, como el xantato o la poliacrilamida, entre otras, que destruyen y contaminan el agua y el medioambiente. La Ley 7722 se aprobó en 2007 y desde ese momento, comenzó una obstaculización por parte de las empresas mineras que, en total, presentaron doce acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Esta ley regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la provincia de Mendoza. Su promulgación fue una verdadera victoria del pueblo mendocino que se organizó para ponerle freno al avance megaminero y extractivista que desde los gobiernos provinciales en complicidad con las empresas buscan promover. Después de dos años salen de nuevo a las calles para expresar rechazo al reciente dictamen.
Desde la Asamblea Maipucina Por el Agua, de vecinos y vecinas de Mendoza, emitieron un comunicado repudiando la decisión y reafirmando su compromiso con el agua y contra la megaminería, “ratificamos que la Ley 7722 es legítima porque la conquistó y defendió el pueblo en las calles. Es el resultado de una decisión clara y consciente: ¡No queremos megaminería en Mendoza! No avalamos una actividad de tan alto impacto ambiental, con uso intensivo de enorme volúmenes de agua y energía. No queremos que exploten nuestras montañas. No toleramos que contaminen el agua ni con cianuro, ni con mercurio, ni con ácido sulfúrico, ni con ninguna otra sustancia tóxica similar en contextos de crisis hídrica y de cambio climático, reconocidos incluso por los mismos organismos estatales”.
Recordando que en diciembre del 2019, en contra de la voluntad popular, se aprobó un proyecto para modificar y flexibilizar el uso de sustancias tóxicas. Sin embargo, dada la presión social de las y los mendocinos, el gobernador Rodolfo Suárez debió dar marcha atrás y suspender la iniciativa. Finalmente, el 30 de diciembre la ley modificatoria fue derogada.
En la movilización de ayer, las distintas organizaciones participantes se concentraron en la Peatonal y San Martín y marcharon por las calles del centro para llegar hasta la Legislatura. Bajo las consignas ‘el agua de Mendoza no se negocia’, ‘Mendoza no tiene licencia social para la megaminería’ entre otras.
Fuente: Unidiversidad