|Por Agustina Machiavello
|Arte Afiche por Emiliano Guerresi
Hablar de residuos siempre es incómodo, pero a su vez, qué hacer con ellos es uno de los mayores problemas socioambientales de nuestro país. El ciclo que se activa después de comprar algo, consumirlo y tirar el envase está constantemente a punto de colapsar y más de 150.000 cartoneros y cartoneras evitan que eso suceda. De más está decir que trabajan en pésimas condiciones, y bajo situaciones de mucha vulnerabilidad.
Se calcula que en Argentina cada día se producen 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay, o en un relleno sanitario. Teniendo en cuenta que además, actualmente se recupera apenas un 10% de los residuos generados.
En este marco, aparece el proyecto conocido como Ley de Envases con inclusión social, cuyo nombre oficial es Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo. Este proyecto fue elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Desde que fue presentado ya cuenta con grandes opositores.
En líneas generales, el proyecto propone que sean las empresas que elaboran envasados contaminantes, las que se hagan cargo del costo del reciclado de esos envases, aplicándoles una tasa de 3%. Esta carga tributaria, es para generar un fondo destinado a mejorar las condiciones de trabajo de todos los y las cartoneras. Según la FACCYR este proyecto es una oportunidad para dignificar el trabajo de cartoneros, recicladores y carreros, además de disminuir, la contaminación ambiental y los costos de gestión de los residuos sólidos. Pero este es solo uno de los puntos de la iniciativa, que ya cuenta con dos dictámenes de mayoría para llegar al recinto.
Los objetivos de la ley
En el proyecto se destaca la importancia de que las empresas se hagan responsables de la forma de producción y además se delimita una serie de objetivos que marcan los rumbos sociales y ecológicos que caracterizan al documento. Los mismos son:
a. Reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado, que no sean reutilizables o reciclables, minimizar la disposición final de Envases Post Consumo y priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización;
b. Promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases, de acuerdo al principio "de la cuna a la cuna";
c. Promover el compromiso de los productores, consumidores y usuarios con la gestión integral de los Envases y de los Envases Post Consumo;
d. Incluir a las trabajadoras recicladoras y a los trabajadores recicladores en el procedimiento de gestión integral de los Envases y Envases Post Consumo y garantizar condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas y
e. Mejorar las condiciones ambientales de los diferentes sitios y regiones afectados por la disposición informal de Envases.
¿Qué dice el lobby empresarial?
El lobby empresarial declaradamente se opone, sostiene que el sector no resiste una mayor presión tributaria y que finalmente la carga recaerá sobre las y los consumidores, generando más inflación. Aunque lo qué dice la ley es qué esa famosa tasa se cobra si las empresas no buscan nuevos mecanismos y reducen el plástico. Es decir qué la tasa baja de acuerdo a quienes usen menos plásticos, o incluso se elimina.
Un informe realizado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) sobre los impactos en el precio de los productos alcanzados por el proyecto sostiene que "si se obtiene una buena calificación por material reciclado contenido y ecodiseño y la tasa puede tener un impacto del 0,24% promedio en el precio, con un valor que varía entre los tres y los 50 centavos por envase”.
Entendiendo qué la estipulación del valor de la tasa no depende del valor del producto, o siquiera es un impuesto sobre el mismo en el mercado, por lo qué no debería tener ningún impacto en el precio final del producto. Aunque aparece la pregunta clásica: cómo se va a regular esto para qué la reducción de la ganancia sea efectiva y no se traslade a los precios.
La tremenda ofensiva de estos sectores empresariales influyó en la agenda del recinto, se esperaba qué el martes 30 de noviembre se tratara la ley y esa posibilidad se diluyó. Solo quedaría en pie la sesión preparatoria del 7 de diciembre para que juren las diputadas y los diputados electos, y una última sesión con la composición actual para el jueves 9.
¿Qué pasa con los fondos recaudados?
Los fondos serían administrados por el Ministerio de Ambiente y destinados a los municipios, que hoy en día gastan entre el 10% y el 40% de su presupuesto en la gestión de residuos. La tasa recaudada (TAREP) será distribuida de la siguiente manera: un 85 % a la composición del Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER); Un 10 % a la composición del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), y un 5 % al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La tarea de las y los cartoneros en la economía circular
Este proyecto de ley es precursor y la primera iniciativa en Latinoamérica y el mundo qué contempla y hace parte a un eslabón medular en la economía circular como lo son las y los cartoneros. Exige responsabilidad social empresarial y resignifica la importancia de generar un sistema propio de recolección y reutilización de los envases.