El jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, modificó el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo luego de ser aprobado en la Legislatura. Entre los cambios significativos se encuentra la objeción de conciencia institucional y la disposición de plazos para practicar el aborto, en retroceso a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo al fallo F.A.L. del 2012.
El aborto por causales es un derecho y lo que cada profesional de la salud opine al respecto no puede interferir en la vida y en el cuerpo de una persona.
Más que “clarificar” los procedimientos, el jefe de la ciudad restringe el acceso a una práctica segura respaldada por organismos internacionales, estableciendo que “luego de las 24 semanas, la interrupción de un embarazo sólo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre”. Además de complejizar la intervención donde busca que “en todos los casos” se deberán efectivizar “consultas multidisciplinarias que garanticen la salud de la madre y su conocimiento pleno de las condiciones de ejercicio y opciones”, lo cual puede retrasar la práctica y poner en duda la voluntad de la persona gestante.
Respecto a la objeción de conciencia, Rodríguez Larreta se refirió a “las instituciones con un ideario fundacional contrario a la práctica del aborto” y dijo que instruyó al Ministerio de Salud “para que proceda a la creación de un programa de derivación de prácticas de ILE que ofrezca una alternativa a las instituciones antes mencionadas, garantizando a su vez el acceso a una práctica segura y oportuna a la persona embarazada”.
En la sesión del 16 de julio la Legislatura adhirió al protocolo ILE con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, una votación contundente que hoy el gobierno macrista modifica en un claro gesto hacia los sectores más conservadores y anti-derechos. Permitir que las instituciones de salud puedan negarse a realizar abortos continúa poniendo en riesgo la vida de las personas gestantes y vulnerando sus derechos. El aborto por causales es un derecho y lo que cada profesional de la salud opine al respecto no puede interferir en la vida y en el cuerpo de una persona. Además, la negativa por parte de toda una institución coloca a la persona gestante en una situación de discriminación y violencia que no puede ser permitida.