|Por Mariana Di Mauro
El fin de semana pasado contamos una nueva muerta por aborto inseguro y clandestino. La tercera de la que tomamos conocimiento desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, la segunda en la Provincia de Buenos Aires, esta vez en la localidad de Junín.
Rosario, tenía 40 años. Falleció en el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro, a causa de una infección generalizada tras haber recurrido a una práctica de un aborto inseguro, consecuencia de la ausencia estatal. En abril, murió Ivana de 22 años en Pirané, Formosa. En mayo, B. de 41 años, en La Matanza. No queremos contar más muertes evitables, no queremos volver a escuchar que el aborto no es un tema prioritario, que la legalización y despenalización pueden esperar.
La pandemia ha recrudecido las condiciones del sistema sanitario y por ende, ha impactado desfavorablemente en las mujeres y personas gestantes. Aumentaron los embarazos no deseados y forzados; la información sobre el derecho a acceder a la Interrupción Legal del Embarazo se ve restringida en muchos municipios o el servicio no forma parte de la oferta sanitaria; durante agosto dejaron de llegar las partidas de misoprostol a los equipos de salud o llegan en cantidades insuficientes; las personas con derecho a interrumpir su embarazo ven dilatado el acceso a la salud y la garantía de derechos ante un panorama de colapso y así, en muchos casos, las gestaciones avanzan.
Con cada obstáculo en el circuito de acceso a la Interrupción Legal de Embarazo, con cada demora, el Estado nos empuja a la clandestinidad y consecuentemente a la criminalización, a condiciones inseguras que provocan daño integral a la salud y, como en las historias que nombramos: a la muerte.
Seguimos exigiendo el tratamiento de nuestro Proyecto de Ley presentado por 8va vez consecutiva, el 28 de mayo de 2019 y la legalización y despenalización del aborto voluntario 2020. Es una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, que no puede ni debe postergarse.
Nuestras vidas son prioridad y están en emergencia social.
Fuente: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito