Por Ailín Colombo

La semana pasada, los medios de comunicación dedicaron horas de programación al hecho que ya es conocido como “La Masacre de González Catán”. El domingo 14 por la tarde, un grupo armado irrumpió en una asamblea de vecinos y vecinas del Barrio 8 de Diciembre, en la localidad bonaerense del partido de La Matanza. El saldo del ataque a los habitantes de la toma de tierras fue de cinco muertos y alrededor de seis heridos.

Durante las primeras horas, la información que circulaba era confusa e incluso se trató de instalar la versión de un enfrentamiento entre bandas por la disputa de tierras. Sin embargo, con el correr de los días, la investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza determinó que el trasfondo del hecho es la venta ilegal de terrenos por parte de una “inmobiliaria” clandestina. El grupo se dedicaba a apropiarse de terrenos, venderlos y luego amedrentar a los vecinos para que paguen las cuotas. En muchas ocasiones, tras despojar a los compradores, volvían a vender los lotes a otras personas.

Todavía con el recuerdo del desalojo de Guernica latente, otra vez las tomas de tierras en el conurbano bonaerense acaparan la agenda pública. La Masacre de Gónzalez Catán pone en manifiesto este fenómeno consecuencia del déficit habitacional del Área Metropolitana de Buenos Aires, la falta de normativas para el acceso a tierras y la desigual distribución de la población. La problemática de la toma de tierras es amplia, desarrollaremos algunos de los factores y cifras que rodean el fenómeno. 

Crecimiento de la problemática

El primer factor a considerar es la desigual densidad de población en Argentina. De   acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022, en el conurbano bonaerense es de 2.179,4 habitantes por km²; mientras que la densidad poblacional del país es de 16,2 habitantes por km². La falta de planificación es una de las aristas de la situación. Sin embargo, sólo cuentan con una ley de ordenamiento territorial Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, La Rioja y Chaco; aún así, estas legislaciones parecen no ser suficientes.

Por otro lado, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), desde el 2016 al 2022 el número de asentamientos creció un 48 %, que se concentran principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gran Córdoba y el Gran Rosario. Para el organismo, algunas de las razones de este incremento son la falta de acceso a la vivienda, la pobreza y la migración interna.

Esto se debe no sólo a la falta de planificación de las ciudades, sino también a la gran cantidad de terrenos ociosos que existen en el país que podrían brindar respuesta a esta desproporcionada distribución poblacional con la construcción de viviendas, como reclaman muchas organizaciones sociales. De hecho, los vecinos de la toma de González Catán denunciaron que el terreno está abandonado hace décadas y que la masacre sucedió debido a la oposición de los integrantes de la “inmobiliaria” clandestina a que se organicen para realizar mejoras en el barrio. 

Por otra parte, el ReNaBaP determinó que existen 1,17 millones de hogares a lo largo de Argentina expuestos a factores de riesgo como la contaminación, basurales cercanos e inundaciones. Este dato acompaña a lo que indicó el informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y TECHO Argentina, que estableció que en el 2022 el déficit habitacional en el país alcanza a uno de cada tres hogares que no cuentan con una vivienda adecuada.

"Es insostenible socialmente este modelo de acceso a la vivienda"

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el aumento de inquilinos, que según el último censo del INDEC, la cantidad de familias que alquilan aumentó de un 16 % a un 20 % entre 2010 y 2020, en un mercado inmobiliario que reduce y dolariza los alquileres. Asimismo, quien consigue rentar tuvo que enfrentar aumentos del 203 por ciento en su alquiler durante el 2023, conforme a datos del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IDES).

En suma, como estableció el Ministerio de Desarrollo Territorial, el 32 % de los inquilinos del AMBA destina más de la mitad de su salario en el alquiler. A estos incrementos hay que agregarle los rigurosos requisitos que el negocio inmobiliario exige a los inquilinos, como varios recibos de sueldo y garantes, en una población con un 50 % de informalidad laboral.

Como si la situación no fuera apremiante, el gobierno nacional derogó  la Ley de Alquileres, pensada para proteger al inquilino, con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 – que aún falta ser tratado por el Congreso – dictado por el presidente en diciembre pasado. Y, por si el DNU es rechazado, duplicó la medida en el proyecto conocido como Ley Ómnibus que se discute en comisiones.

Durante su exposición en la quinta reunión plenaria de las comisiones de la Cámara de Diputados por el tratamiento de la Ley Ómnibus, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, manifestó que "es insostenible socialmente este modelo de acceso a la vivienda". Y agregó: “Lo que va a suceder es que cuando se conjugue con el aumento de tarifas, muchísimas familias que alquilan van a tener que dejar de pagar el alquiler”.

Cierre

La Masacre de González Catán no es un mero hecho policial, sino que desnuda la falta de  políticas estatales para brindar respuesta a la necesidad de acceso a la vivienda de los sectores populares que data de décadas. En un contexto de inflación galopante, salarios en baja y alquileres impagables y sin regulación, esta negligencia expulsa a miles de familias a la calle o los deja a la merced de las mafias inmobiliarias, como fue en el caso de los vecinos del Barrio 8 de Diciembre.