En paralelo a la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Buenos Aires, se llevó a cabo la CELAC Social que reunió a más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de género, de derechos humanos y políticas de la región.

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El lunes en el Museo Malvinas se presentó una declaración conjunta que fue entregada a los jefes de Estados por medio de una movilización popular que se dirigió hasta las puertas del Hotel Sheraton donde se reunieron los mandatarios. La declaración lleva la firma de la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, CGT, UTEP, entre las principales de Argentina y de diversas organizaciones populares de América Latina y el Caribe.

La CELAC Social, que contó con la participación del ex presidente de Bolivia Evo Morales, celebró “la realización de la VII Cumbre de la CELAC y la vocación y el compromiso de los gobiernos de la región en avanzar en un camino de mayor integración regional”.

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El documento caracteriza una situación de crisis estructural para la cual la unidad de los países de la región es una condición indispensable para alcanzar una verdadera independencia y que esta debe construirse desde abajo con la participación de las organizaciones populares. Además denuncia “que la democracia en América Latina y el Caribe está amenazada por nuevas formas de desestabilización y quiebres institucionales”.

A la vez que declara “que es imperioso un posicionamiento firme en relación con la finalización de la guerra en Ucrania”, rechaza “toda forma de colonialismo o neocolonialismo” y denuncia “que la base de la OTAN representa un peligro para toda la región” reafirmando “los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas”. Repudia “todo bloqueo” y solicita “desmantelar las bases militares instaladas por EEUU”.

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Asimismo, el documento condena “los golpes de Estado” y “la extranjerización de la tierra”. Plantea la necesidad de una voz coordinada ante el problema de las deudas externas y las transformaciones del sistema financiero, la cuestión de la crisis climática “en relación a las responsabilidades comunes pero diferenciadas” y la promoción “de procesos de democratización de los poderes judiciales en América Latina”.

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Por último, afirma “que sin igualdad de género no hay justicia social”, demanda “la protección de las personas migrantes” y la creación de un ámbito “para la elaboración de estrategias comunicacionales conjuntas”.