Por Mariana Di Mauro
El pasado martes, las calles del Congreso y de las principales ciudades del país se volvieron a teñir de verde. Miles de mujeres y disidencias celebraron un gran paso en la lucha feminista, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ingresó, por segunda vez en la historia, al Congreso de la Nación. A diferencia del 2018, el proyecto de ley presentado esta vez fue redactado por funcionarias del gobierno de Alberto Fernández, pero “la letra y el espíritu en general del proyecto responde a muchas consignas y elaboraciones de la Campaña. La mayoría de su articulado está en ese sentido”, comentó Dolores Fenoy, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en diálogo con Revista Resistencias.
“La Campaña celebra la presentación del proyecto, no tanto por el proyecto en sí mismo, sino porque habilita el tratamiento de los proyectos”, remarcó la militante. Con el ingreso del proyecto de ley del Ejecutivo, hay tres proyectos que serán discutidos en las comisiones de Salud, de Mujeres, Géneros y Diversidad, de Legislación General y de Penal, de lo que resultará el que será votado en las Cámaras. Además del recientemente presentado, se discutirá el de la Campaña y uno presentado por Araceli Ferreyra, durante su rol de diputada nacional, dado que mantienen estado parlamentario. Con respecto a los extensos debates que suelen darse en estas instancias, Dolores aclaró que se espera “que haya una plenaria, es decir, no va a ir de comisión en comisión, sino, para abreviar los tiempos se hará una plenaria en conjunto con las cuatro comisiones. Así se consensuarán los tres proyectos”.
El proyecto de ley del Ejecutivo contó con extrema confidencialidad hasta su presentación. Fue el pasado 17 de noviembre, tras el anuncio del Presidente, que se dio a conocer su contenido. Si bien en términos generales hay correspondencia con el de la Campaña, existen algunas diferencias. En primer lugar, hay discrepancias con respecto al máximo de días en el que la persona gestante tiene derecho a acceder a la práctica una vez realizado el pedido. Mientras que el proyecto de la Campaña propone un máximo de cinco días, el del Ejecutivo extiende el tiempo a diez.
En segundo lugar, el proyecto del Ejecutivo establece una pena de tres meses a un año de prisión a aquellxs que pasadas las catorce semanas de gestación y no responda a las causales de violación o riesgo de vida se realice un aborto o consienta que alguien se lo realice. En este sentido, Fenoy señaló, “El de la Campaña no es punitivo, el del Ejecutivo sí. Habla de punición en los casos pasadas las catorce semanas si la mujer o quien lo efectuase no respondiera a los causales. La Campaña, como feminista, no admite el punitivismo con respecto a esta cuestión ni para las mujeres ni para los profesionales que realicen el aborto. De todos modos, lo que vemos en el proyecto del Ejecutivo es que, aun así, baja la pena que ya estaba en los artículos 86 y 88 del código penal, con lo cual es excarcelable y, además, dice que sería excusable si hubiera una razón de peso para no penalizar”.
Otra cuestión que probablemente sea discutida en comisiones se vincula con la inclusión de la temática del aborto legal en la currícula de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. La Campaña incluye en su proyecto un artículo específico donde explicita que la IVE debe incluirse en los contenidos de ESI. El del Ejecutivo, por su parte, no hace mención al respecto, sólo establece la responsabilidad de la implementación de la Ley 26.150 de ESI en todas las jurisdicciones.
Por último, uno de los puntos más controversiales que tuvo el debate del 2018 fue la objeción de conciencia. “La objeción de conciencia, el proyecto de la Campaña no la tiene desde hace años. Al inicio sí lo tenía, pero después nos dimos cuenta que eso era un derecho individual, no institucional. Nos dimos cuenta que este derecho podrá ser utilizado políticamente, sobre todo por aquellos antiderechos”, contó Dolores, y aclaró, “Lo que las compañeras abogadas advierten en la letra del proyecto del Ejecutivo es que limita la objeción de conciencia a lo individual, pero, además, de alguna manera, está obligando a los profesionales a que no sean objetores de conciencia ante el riesgo de vida de la persona. Está limitando el alcance que tiene la objeción de conciencia”.
En el 2018, el debate en torno al proyecto de ley duró alrededor de tres meses, el cual permitió el tratamiento en profundidad de la cuestión y las intervenciones de múltiples personalidades y actores sociales. Este año, la expectativa está en acortar los tiempos y evitar un despliegue similar. “Desde la Campaña pedimos que no haya tanto debate porque el debate ya fue hecho y fue efectivo. Creo que fue el único proyecto de ley que tuvo tanto debate. Exigimos que los tiempos sean breves porque el tema ya está en agenda, la Campaña hace 15 años que viene bregando por esta cuestión y, por primera vez en la historia, el Ejecutivo toma el tema y hace su propio proyecto”, remarcó Dolores y finalizó, “Exigimos un tratamiento rápido, exigimos que sea ley este año”.