Por Ailín Colombo
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que 60 personas fueron asesinadas por el aparato represivo durante los primeros 70 días del gobierno de Javier Milei. “A partir del 10 de diciembre, sin comenzar con la búsqueda sistemática del archivo del 2024, empezamos a recibir información de tal cantidad de casos que empezamos a registrarlos y resulta que ya vemos el impacto de las políticas represivas de La Libertad Avanza”, señaló María del Carmen Verdú, referente de la organización.
Ayer 14 de marzo, Correpi presentó su Archivo de Casos 2023 mediante una conferencia de prensa en el Anfiteatro de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE). La presentación de los datos estuvo a cargo de la abogada María del Carmen Verdú, que fue acompañada por las diputadas nacionales Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Natalia Zaracho (Unión por la Patria). Además, contó con el cierre músical del rapero Willy Bronca.
La organización denunció que durante el 2023 fueron documentados 414 casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. La oradora de la jornada resaltó que bajo el gobierno de Alberto Fernández murieron 1924 en manos de integrantes de las fuerzas represivas, 384 en 2023.
Nueva resolución represiva de Bullrich
La abogada explicó que la coordinadora sigue registrando casos a diario: “Ayer recibimos mensajes de tres familias por tres nuevos asesinados. Uno de ellos recibió un disparo en la nuca a corta distancia con escopeta 1270 con posta de goma en el interior de una casilla en José León Suárez. A la media hora estaba muerto”. Este tipo de casos se podría acrecentar ante la nueva resolución del Ministerio de Seguridad.
Horas antes de la presentación del archivo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en la ciudad de Rosario la resolución 125/2024, que consiste en un nuevo reglamento de empleo de armas para las fuerzas policiales y federales. Por esta nueva medida, los efectivos podrán disparar en defensa propia o de terceros, para detener a quien oponga resistencia, para impedir la fuga y dentro de los lugares de detención en defensa propia o de terceros.
Además, el protocolo exceptúa a los miembros de la fuerza a identificarse y dar la voz de alto incluso cuando “resultare evidentemente inadecuada o inútil”, dejando la potestad a consideración del efectivo. Otra de las medidas graves es que se considera “de peligro inminente” cuando el personal de seguridad piense que el sospechoso cuenta con un arma letal aunque se compruebe lo contrario o cuando efectúe “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”.
“La nueva resolución del Ministerio de Seguridad reimplanta aquella 956 (conocida como Doctrina Chocobar) pero es todavía más grave la cantidad de excepciones que establece para el uso del arma de fuego, el disparo por la espalda, el disparo en situación de fuga y para la impunidad en genera, además de omitir la voz de alto y suspendiendo incluso que preventivamente se separe durante el proceso al funcionario investigado”, reclamó Verdú.
Modalidades represivas
Como se observó en los últimos informes, la modalidad represiva más extendida antes del cambio de gobierno dejó de ser el gatillo fácil y pasó a ser, con 248 casos, la muerte bajo custodia en contexto de encierro, es decir, cárceles, comisarías u otros lugares de detención. A su vez, el gatillo fácil, que consta de fusilamientos, se dió en 106 casos, quedando en segundo lugar, según el informe.
"Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento. Según informes oficiales, entre 2001 y 2022 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 105.000, a las que hay que sumar alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos", explica el informe.
En cuanto a los homicidios en contexto de represión de la protesta, se registró un caso, el de Facundo Molares Schoenfeld, militante político y trabajador de prensa asesinado por la Policía de la Ciudad durante una concentración en la Plaza de la República, junto al Obelisco el 10 de agosto de 2023. Desde 1983, Correpi documentó 93 casos de muertes en manifestaciones.
De acuerdo al informe, la mayoría de las muertes de mujeres en manos de integrantes de las fuerzas guardan relación con la violencia machista y patriarcal. Los “femicidios de uniforme” como los denomina la organización, fueron 12 en 2023, mientras que se registraron dos femicidios relacionados y 6 en contexto intrafamiliar e interfuerzas (entre efectivos).
En lo que respecta a la modalidad de gatillo fácil, como lo fue históricamente, la Policía Bonaerense es la que más casos perpetra. Pero resta hacer una salvedad, para Correpi, la fuerza más letal es la Policía de la Ciudad, con su antecesor, la Policía Metropolitana. Verdú describió que la fuerza de la Ciudad tiene 26 mil efectivos, mientras que la Bonaerense, 105 mil.
"Con la cuarta parte de los efectivos, la Policía de la Ciudad alcanza, en apenas 7 años de existencia, casi la mitad de la letalidad de la 'maldita policía'. Hace falta mucha convicción represiva para, con la cuarta parte de los efectivos, cometer la mitad de los fusilamientos", reflexionó Correpi en el archivo. Además, la abogada resaltó que más del 75% de los asesinatos de gatillo fácil cometidos por esta fuerza ocurrieron en el conurbano bonaerense, es decir, mientras no estaban en servicio.
La palabras de las diputadas
“Correpi nos dio la tarea de ponerle nombre, apellido, edad, barrio, provincia a esos pibes que mata la policía cotidianamente, que son parte de ese control social brutal que ejerce el Estado capitalista. Es parte de mantener a raya a la población, se complementa con la represión a la protesta social y no siempre es visibilizado”, sostuvo Bregman.
Por su parte, Zaracho expresó, “no vengo de la política tradicional, y conocí a la policía cuando nos reprimen cartoneando y se llevaban a los pibes en cana. Me tocó vivir eso con 15 años, que se llevaran a mi hermana o a mis vecinos por venir a cartonear a la Ciudad de Buenos Aires”.
Son 9175 personas asesinadas en democracia
La coordinadora registró a lo largo de sus informes que 1983 a 2023 fueron asesinadas 9175 personas por el aparato represivo del Estado en todas sus modalidades, además, ese número incluye a las desapariciones forzadas en democracia. Como recalcó Verdú, los archivos de la década del 1980 están incompletos porque fue difícil reconstruir los casos años después, y, por otro lado, los mecanismos para denunciar estos hechos eran muy dificultosos.
El archivo de casos de Correpi se realiza desde 1996 por iniciativa de Delia Garcilazo, miembro de la coordinadora y mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado y asesinado en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992. El entonces presidente Carlos Menem declaró a los medios ante las crecientes denuncias de fusilamientos sumarios que “hay periodistas de pluma fácil”, ante esta provocación de funcionarios que negaban públicamente el fenómeno del gatillo fácil, Delia propuso crear una lista de asesinados por las fuerzas represivas y presentarla en Plaza de Mayo.