|Por Ana Paula Farbman

Argentina ardió en llamas. Se registra en todo el 2020 más de un millón de hectáreas arrasadas por el fuego. Encabezan la lista Chaco (85.000 hectáreas), Salta (71.870), San Luis (47.642) Jujuy (37.240) y Río Negro (36.357). El 95% de los incendios fueron por descuido o intención humana. ¿Intención humana? ¿Por qué destruir la flora y fauna de todo un ecosistema? Para algunos, razones sobran.

El viernes 4 de Diciembre, con 41 votos a favor, 28 en contra y una abstención, la Cámara Alta aprobó la modificación de la Ley De Fuego, impulsada por Máximo Kirchner. La modificación agregada prohíbe el cambio del uso del suelo, fragmentación, loteo o nuevas actividades agropecuarias en áreas afectadas por incendios por un plazo de entre 30 y 60 años, según el tipo de ecosistema, que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas.

En Agosto, la Ciudad de Buenos Aires sintió el humo de una de las zonas con más repercusiones: los incendios en las islas del Delta del río Paraná, una superficie aproximada de 17.500 hectáreas. Allí predominan ecosistemas de humedales e involucra a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Las autoridades rosarinas sostuvieron que los incendios fueron intencionales y la imagen cobró verdad cuando el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Gasparutti, afirmó que detuvieron cerca de Santa Fe a hombres que “portaban bidones de nafta y tenían 25 mil pesos en los bolsillos”.

La denuncia no fue novedad, hace décadas vecinas y vecinos de la zona y ambientalistas apuntan contra los terratenientes, quienes generan estos incendios para “limpiar el terreno” y expandir la frontera sojera y ganadera, dos rubros importantes en la economía local. Esta práctica, sin planificación ni control, implicó un riesgo de devastación de los ecosistemas. El fuego avanzó hasta las casas de las familias que viven en el Delta, los animales que pudieron corrieron, mientras que otros se volvieron cadáveres entre el pastizal quemado.  A todo esto,  se le sumó la contaminación del agua, producto de las cenizas, que a su vez arruinó a los peces.

En el punto más alto del fuego seguía existiendo el Covid-19, y los medios de comunicación masivos, quienes trataban el tema con cierta tibieza, no pudieron hacer oídos sordos cuando le tocó el turno a Córdoba. Nada podía tapar las llamaradas de las sierras, ni los videos, fotos y denuncias que aparecieron en las redes sociales. Se declaró alerta amarilla y bomberos trabajaron codo a codo con los vecinos, junto a hidroaviones y helicópteros de manera incesante, en un contexto de falta de precipitaciones y temperaturas muy elevadas, con poca humedad y vientos fuertes.

Comenzaron las protestas, acampes y actividades a lo largo de todo el país bajo la consigna ¡Ley de Humedales Ya! , denunciado que este tipo de maniobras tienen que ver con un modelo productivo que responde al interés de unos pocos, por sobre el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano.

Trabajadores de la tierra, ambientalistas, ciudadanas y ciudadanos celebramos la nueva ley para proteger nuestros territorios e impedir el avance del agronegocio y el lobby inmobiliario, pero advertimos que no es suficiente, porque aún faltan tratar cuáles serán los modelos de desarrollo pertinentes para vivir, de aquí en más, en una sociedad que contemple métodos de producción que no destruyan el medio ambiente ni atenten contra nuestra vida.