|Por Ailín Colombo
|Fotos Julieta Piermaría Gómez
Hace más 45 días el Tercer Malón de la Paz acampa frente al edificio de Tribunales en la Plaza Lavalle del microcentro porteño. Esperan ser recibidos por los integrantes de la Corte Suprema y exigen la nulidad de la reforma de la Carta Magna jujeña por inconstitucional. Revista Resistencias charló con Néstor Jeréz, cacique del pueblo Ocloya y con Kuntur Vargas, encargado de prensa.
“Por el Territorio, por el Agua y por la Vida” el Tercer Malón, integrado por comunidades indígenas de Jujuy, recorrió 1875 kilómetros desde La Quiaca hasta Buenos Aires. La caravana partió a pie en julio pasado, y luego de alternar caminatas y viajes en micro, llegó al centro porteño el pasado 1 de agosto, en coincidencia con el Día de la Pachamama.
El pasado 11 de septiembre, Revista Resistencias visitó el acampe y acompañó la marcha del Malón desde Plaza Lavalle a Plaza de Mayo, donde estaba previsto un acto solidario organizado de la mano del Ministerio de Cultura. “Es necesario que el pueblo escuche a los guardianes naturales, a los conservadores ambientales del planeta”, sostuvo Jeréz, que habla firme y molesto, ya que la actividad fue suspendida por mal clima. Sin embargo, se realizó el acto sindical en el que participó Sergio Massa.
Su molestia se debe a que considera que están siendo ignorados. El 1 de agosto realizaron el pedido formal para ser recibidos por la Corte Suprema. “Hay un silencio cómplice a pesar de que el Procurador General de la Nación ya se ha expedido y entendió que se deben expedir los jueces, como así también deben convocar a una audiencia pública. Hasta la fecha no tenemos respuesta”, se indigna Jeréz.
“Seguimos caminando los despachos de los 257 diputados, de los 72 senadores. Nos preocupa el silencio de todos los legisladores, pedimos que se expidan si realmente van a acompañar la demanda del pueblo o van a ser cómplices también de la continuidad de genocidio y los exterminios de los pueblos”, remarcó.
Decreto del presidente
El pasado 18 de agosto, el Presidente Alberto Fernández recibió a una delegación de las comunidades. Luego, el 30 de agosto decretó la creación de una comisión para la investigación de las denuncias de violencia institucional realizadas tras la represión a las manifestaciones opositoras a la reforma.
El Malón denuncia que la comisión no se activa por la falta de reglamentación del decreto. "Esta comisión tiene un plazo de 60 días, si no se apuran, van a llegar las elecciones nacionales y quizás ya todo esto no tenga sentido", advirtió Kuntur, comunicador intercultural indígena.
Traicionados por el gobierno de Morales
Kuntur Vargas es un comunicador intercultural indígena jujeño que realizó el viaje en caravana desde La Quiaca, de donde es oriundo, hasta Buenos Aires. Describió la experiencia como “totalmente única por poder participar con nuestros abuelos, que son la sabiduría. Más allá de que no sepan de leyes o cuestiones legales, son grandes sabios”.
El comunicador explicó que se sienten traicionados por el gobierno de Morales: “comenzó a trabajar estratégicamente. Ha creado la Secretaría de Pueblos Originarios de Jujuy a cargo de Natalia Sarapura, una mujer originaria que cuando empezó a trabajar con el gobierno pasó de ser una hermana originaria a alguien que ha traicionado a su pueblo”.
“Nos hizo firmar muchos papeles. Creímos que nos iban a dar el título a nuestras comunidades originarias, y no, era justamente para realizar un relevamiento para que sepan las megamineras o las multinacionales con cuánto territorio y con qué minerales cuenta cada comunidad”, lamentó Kuntur.
¿Por qué la reforma es inconstitucional?
De acuerdo al Malón, la reforma parcial de la Carta Magna jujeña es anticonstitucional porque viola derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por ley en nuestro país. Se trata del "convenio 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina. Tenemos varias leyes que nos defienden. Justamente todo esto nos hemos ganado con luchas".
Por otra parte, en los artículos 94 y 95 de la nueva Constitución jujeña se conciben a los bienes naturales con una mirada productividad. "La provincia se apropia del agua, se apropia de los recursos naturales, se apropia de la biodiversidad, de la genética y prohíbe al pueblo jujeño expresar su derecho", definió Jeréz.
También sostienen que la reforma no sé publicó en tiempo y forma para que sea discutida por la población y que se aprobó de forma exprés en 20 días sin respetar el plazo de 90 días que establecía la Asamblea Constituyente. Así también, Morales violó el artículo 247 del Código Penal que prohíbe la suma de poder político, ya que cumplió las funciones de gobernador y presidente de la Convencional Constituyente en simultáneo.
