La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue promulgada esta tarde, tras la sanción en la cámara alta del Congreso Nacional el pasado 30 de diciembre, en el Museo del Bicentenario se llevó adelante un acto en el que participaron el Presidente Alberto Fernández, el gabinete del Ejecutivo y numerosas referentes de organizaciones y colectivos que pelearon por el aborto legal.

Construcción al calor de la lucha feminista

A partir de este momento, comienza a regir en el país una nueva normativa construida al calor de la lucha feminista. A este movimiento se le presentan nuevos desafíos para la aplicación de la ley conquistada. En este proceso, las redes de coordinación nacional que emplearon las organizaciones a lo largo de varios años, serán fundamentales para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Durante la jornada del viernes se publicará en el Boletín Oficial la Ley IVE (27.610), junto a la denominada Ley de los Mil Días (27.611), que crea un programa para asistir económicamente a mujeres que quieran continuar con su embarazo hasta los primeros tres años. En la primera se espera la modificación de dos vetos parciales en los artículos 4 y 16 sobre las causales de aborto que contemplan la "Salud Integral" de las mujeres, varones trans y personas de otras identidades con capacidad de gestar. Una vez entrada en vigor la ley 27.610, la reglamentación será realizada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; la Secretaria de Legal y Técnica y el Ministerio de Salud, a cargo del ministro Ginés González García, como autoridad de aplicación.

La militancia tiene ahora un papel fundamental, así como ganó las calles y logró poner en debate el aborto en todo el país durante el 2018, y recientemente conquistó el derecho, el trabajo de redes como las Socorristas, Profesionales de la Salud, Abogadxs Feministas y las distintas organizaciones que componen a la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito serán las principales actrices para ganarle a las trabas de los sistemas provinciales que, incluso con la ley de aborto de 1921 y el fallo F.A.L. de 2012, continúan sin implementar u obstaculizan los mismos.