|Por: Ailín Colombo y Paola Amado
El domingo 7 de agosto asumirá un nuevo gobierno en Colombia. Con el 50,44% de los votos en segunda vuelta, la fórmula electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez resultó ganadora en las últimas elecciones de junio pasado. En este contexto, conversamos con Eduardo Matyas Camargo, un jurista colombiano del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de ex-integrantes de FARC, originado tras el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Matyas Camargo trabaja como defensor de Derechos Humanos dentro de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP), un organismo encargado de juzgar los presuntos crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Colombia, que lleva más de 60 años. El jurista es abogado de los excombatientes de la guerrilla y presos políticos colombianos como el líder guerrillero y político Jesús Santrich. Debido a esta actividad es que el abogado visitó Buenos Aires, ya que fue defensor del preso político argentino y exintegrante de las FARC Facundo Molares, que estuvo detenido con pedido de extradición y fue liberado el pasado 28 de julio.
Entrevista completa
¿Cómo es el sistema de la JEP, lo contratan de manera particular sus defendidos o lo contratan a través de la de la JEP? ¿Cómo es que funciona el sistema?
Es posible ambas cosas en el sistema. La Justicia Especial de Paz, que fue un sistema judicial acordado en el Proceso de Paz de La Habana con las FARC, tiene dos modalidades de poder ejercer la defensa de los excombatientes de FARC.
Obviamente, en la Constitución nacional y en los tratados internacionales está lo que se llama el derecho de postulación, es decir, que quien está vinculado a un proceso penal tenga derecho a su propio defensor, entonces eso que no puede ser derogado, no se mantuvo. Existe la posibilidad de que alguien nombre a su propio defensor. Sin embargo, la mayoría de los excombatientes de FARC que están vinculados a la justicia transicional tienen defensores dentro de lo que se llama que se llama el SAAD, Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, que es una especie de defensoría pública creada específicamente para la asistencia de los excombatientes de FARC ante la justicia especial de paz de FARC.
“La situación en Colombia es muy compleja, difícil y dolorosa”
Allí, un grupo de abogados o un abogado coordinador hace el reparto de los procesos de los excombatientes de FARC a estos abogados contratados por la JEP. Es una especie de defensoría estatal porque son contratados por prestación de servicios, no por un contrato laboral de carácter permanente, sin embargo, los paga el Estado, finalmente.
¿Vos estás dentro de ese sistema?
Sí es correcto, yo pertenezco al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa.
¿Y cómo es que llegas a trabajar ahí?
Yo creo que la totalidad de los abogados que trabajan para la JEP con los ex-combatientes de FARC eran personas del Partido Comunista, eran personas cercanas a las FARC, o eran personas defensoras de Derechos Humanos. Yo creo que la mayoría eran muy cercanos a las FARC y al Partido Comunista Colombiano, que tenía vínculos con las FARC.
Sin embargo, yo nunca fui militante de FARC ni del Partido Comunista, pero tenía buenas relaciones con estas organizaciones como defensor de Derechos Humanos en otras organizaciones no gubernamentales. Yo fungía como abogado defensor, muchas veces de abogados defensores de ex-combatientes de FARC. Entonces, tuve y tengo muy buenas relaciones con las personas provenientes de este círculo. Cuando se presentó la selección para contratar a los abogados para el Sistema Autónomo a mí se me ofreció participar en este proyecto, acepté y sigo vinculado a todavía.
El último informe de la JEP habla sobre los miles líderes y lideresas políticas que fueron asesinados en estos últimos años. ¿Cómo se está desarrollando esta problemática actualmente?
Es muy compleja, muy difícil y muy dolorosa. Desde la firma del Acuerdo de Paz, casi en cuatro años, de 2017 a 2021, han sido asesinados 330 ex-combatientes de FARC. Ahí hay de todo, entre los responsables de las muertes de ex-combatientes.
Por un lado, se acusa a los grupos paramilitares que históricamente han estado vinculados con la fuerza pública colombiana. Otras veces, se ha podido establecer, incluso judicialmente, que el ejército los ha asesinado directamente. Porque en algunos casos se ha podido incluso procesar e identificar plenamente que son miembros del Ejército los que los han asesinado. Entonces, tenemos los grupos paramilitares y tenemos el ejército.
Los grupos paramilitares están vinculados al narcotráfico, que asesinan y persiguen a quienes se oponen al tráfico de drogas. Entendemos que los excombatientes de FARC, al dejar el conflicto, no tienen nada que ver con el narcotráfico y a ellos el narcotráfico los persigue también como enemigos. E incluso, por último, lo que tenemos es que algunos de los excombatientes han sido asesinados por lo que se llaman las disidencias de FARC, algunos reductos pequeños de algunos frentes que no se vincularon al proceso de paz, y estos consideraron a los antiguos excombatientes de FARC como sus enemigos. Entonces, también entre parte de ellos ha habido ataques a los desmovilizados, a los reincorporados de las FARC, y ha habido asesinatos, o sea, tenemos una gama de responsables de estos crímenes contra excombatientes de FARC y es muy complicado. Obviamente todos estos grupos actúan en la ilegalidad, salvo la fuerza pública, que también, cuando cometen estos delitos, actúan clandestinamente, por fuera de la ley por lo que es muy difícil de identificar.
¿Cómo analizas el desarrollo del conflicto armado, posterior a lo que fue el Acuerdo de Paz?
Hubo una disminución de las confrontaciones armadas. Había una esperanza de que el país se pudiera pacificar; pero al gobierno de Santos, quien fue el que firmó el Acuerdo, lo subsiguió un presidente enemigo del Proceso de Paz y, con todas estas muertes de los excombatientes por la guerra contra el narcotráfico, todo el conflicto nuevamente ha revivido con fuerza. Hoy se presenta una situación bien compleja. Estamos en transición en Colombia y se puede abrir una compuerta a nuevos procesos de paz y de negociaciones con los grupos armados.
Lo que pasa con la gente que se vincula al narcotráfico es que la inmensa mayoría se vuelve terrateniente y ganadero. La forma de invertir sus ganancias es en la finca, en tierra y en ganado. Entonces son los mismos terratenientes y ellos a su vez, tienen esos ejércitos privados que se llaman paramilitares. Existe una defensa por parte del narcotráfico, pero también una defensa de la tierra y una defensa de sus privilegios. Entonces estos grupos están en este momento muy fortalecidos.
Al nuevo ministro de Relaciones Exteriores le preguntaron cómo se va a manejar al respecto; y dijo, “claro, nosotros vamos a negociar perfectamente”. Lo dijo el gobierno, desde el comienzo, va a haber un cese bilateral de fuego con el Ejército de Liberación Nacional (que es la guerrilla ideológica marxista más grande que hay, no era tan grande como las FARC, pero aún subsiste).
Ha sido planteado por el nuevo gobierno, algo que los anteriores del gobierno siempre rechazaban, que era un cese bilateral de fuego. Este gobierno lo ha dicho desde el comienzo; “Nosotros estamos dispuestos a hacer un cese bilateral de fuego para que haya un ambiente de negociación”.
¿Qué expectativas hay con la entrada del nuevo gobierno en materia de derechos humanos?
Bueno, con el entrante gobierno de Gustavo Petro, que es una coalición de partidos inicialmente de izquierda, actualmente. sorprendentemente buena parte de la derecha se ha sumado al gobierno, aparentemente se ha sumado en el Congreso.
Entonces buena parte de esos partidos de derecha han dicho ahora que no van a ser la oposición a Petro, que se suman a la bancada de gobierno. O sea, por una reforma política, cuando se instala el Congreso, los partidos políticos que tienen representación allí deben manifestar si son de oposición o si son de gobierno.
Bueno con, dentro de las banderas de Gustavo Petro, pues obviamente está la paz. La paz total, digamos, volver a firmar la paz con los grupos de izquierda, y como le decía, hay una propuesta de los grupos de derecha de negociar con el gobierno.
La idea y la propuesta de aceptar una negociación, obviamente es loable y aceptable. La dificultad que yo veo principalmente, en este momento, son los nexos con los Carteles de México. Claro, porque cómo uno va a negociar con un cartel que tiene sede en otro país y que, pues, tanto en México es violento y todo como acá. Entonces, seguramente a los de México no les importa la paz de acá. A mí me parece una gran dificultad eso. Y pues ojalá se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Pero es bastante complejo.
Trabajas con presos políticos; ¿Cuál es su situación en las cárceles de Colombia?
Es muy dramática, la situación de las cárceles colombianas es muy terrible. Existe un nivel de hacinamiento muy alto, digamos del 200%, 300% en las cárceles. Y sobre todo en las cárceles principales donde meten a las personas que consideran más peligrosas.
Ahí están los presos políticos normalmente. Porque los consideran de más alta peligrosidad. Hay un hacinamiento muy alto. Además, pues siempre se ha dicho, y es una realidad que un lugar proclive para la violación de los Derechos Humanos, es la cárcel. En Colombia hace un mes en una cárcel murieron 54 personas, demostrando que la situación carcelaria es explosiva en estos momentos en Colombia, pues existe un alto número de presos políticos. ¿Se considera como presos políticos a los miembros de grupos guerrilleros? Para algunos es tema de discusión, incluso en las organizaciones de Derechos Humanos se discute si las antiguas disidencias son o no presos políticos, porque para algunos ya son narcotraficantes, casi que puros, aliados con el ejército que matan ex-combatientes de FARC.
Algunas organizaciones de Derechos Humanos los defienden como presos políticos. Yo personalmente he entrado en esas defensas y he cuestionado a esas defensas. Realmente las estoy cuestionando, y he renunciado a poderes de los miembros de grupos que se consideran “disidentes de FARC”.
He dicho: Sí yo soy Defensor de Derechos Humanos, yo no puedo entrar a defender a quienes están matando a los Defensores de Derechos Humanos. El panorama de los presos políticos iría desde trabajadores, estudiantes, líderes sociales capturados, por ejemplo, en el marco de la protesta, que la policía ha reportado aproximadamente unos 250 detenidos en el marco de la protesta: los miembros de los grupos guerrilleros, para algunos, los miembros de las disidencias.
Hace menos de un mes, hubo una reunión de organizaciones de Derechos Humanos para plantear una amnistía, un indulto o una sanción de proyecto para la gente vinculada a la protesta. Por lo menos a la protesta social que hubo el año pasado, que dejó 80 muertos. Entonces ya se está mirando esa posibilidad de una normativa que permita cerrar estos procesos. Pero existiría la dificultad de crear una norma que le de la libertad y tener los procesos para los vinculados a los procesos políticos exclusivamente. O sea, si uno dice concierto para delinquir, no entra, porque eso es narcotráfico, eso es delincuencia común; pero es que hay mucho preso político que está procesado como concierto para delinquir, entonces existe esa dificultad normativa. Esa norma no ha salido, digamos, se está solamente pensando, se está estudiando esa posibilidad de que se determinen estos procesos por presos políticos, por protesta social a través de una amnistía en el gobierno de Petro. Teniendo en cuenta, obviamente, que se supone que él mismo fue en su momento un preso político. Y que en el discurso del día en el que se declara ganador en las elecciones; él mismo hizo un llamado público a que los detenidos por las protestas sociales fueran liberados. Esperamos que esa promesa, en alguna manera se pueda concretar, pero esto se daría a través de una norma jurídica en el Congreso.
Uno dice con optimismo, en el Congreso se sumó hasta la derecha al nuevo gobierno. Entonces uno diría, pues las leyes van a salir más fácil. Algunas lo harán, pero es posible que la norma para amnistía de la protesta y presos políticos salga relativamente fácil porque no afecta derechos económicos, pero una norma como la Reforma Agraria, ya puede generar un rompimiento de esa coalición en el congreso.
¿Qué tendría que hacer el gobierno entrante, para garantizar tanto la participación política de lxs excombatientes FARC, como también la reinserción a la vida social de ellos y sus familias? ¿Qué tendría que modificarse, también a nivel judicial, para que no los sigan asesinando y vulnerando sus derechos, tanto a ellos y a los líderes sociales?
Bueno, ahí hay dos aspectos de su pregunta, uno del proyecto de sus vidas, de sus procesos. La participación política y la seguridad. Digamos que no diría que sea necesario modificar las normas existentes, sino más bien aplicar las normas existentes. En el Acuerdo de Paz se estableció la creación de una coordinación para mirar el desmantelamiento de grupos paramilitares. Es decir, si está previsto un aparato estatal mixto para establecer políticas de análisis para el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la concreción de los Acuerdos de Paz. Están previstos mecanismos en donde debe participar la fiscalía, la policía y todo para identificar quiénes son los que están matando a los firmantes de los Acuerdos de Paz.
Ese organismo no funcionó. No se creó con Duque, pero está previsto. Entonces, digamos, uno de los compromisos de Petro es poner en práctica el acuerdo de paz, implementarlo o lo que falta.
Por otro lado, hubo un pronunciamiento de parte de los grupos paramilitares (que se consideran que son unos de los responsables de las muertes de los excombatientes y líderes sociales), diciendo que ellos quieren una negociación con el gobierno entrante y un cese bilateral de fuego. En principio, no es que ellos se enfrenten mucho al ejército.
Las relaciones del ejército con los grupos paramilitares en Colombia son como los matrimonios mal avenidos, en cierta medida, un día están de amigos, y otro día se echan bala. Más que ellos echar bala, el Estado en cualquier momento por razones de política interna o política internacional, el ejército los bombardea. O sea, esa es una cosa, entre las relaciones y entre los grupos paramilitares, desde hace muchos años es así. Se sabe que tienen nexos con el narcotráfico. Y los nexos son básicamente en las regiones mismas, donde el ejército y la policía cobran peajes por entrar a los precursores de la droga, por sacar la droga, etcétera. Ese tipo de relaciones existen. Entonces para desmantelar la violencia contra los líderes sociales, los excombatientes y los ex farc, es muy importante lo que se está planteando, por parte del gobierno y de los grupos armados: un cese bilateral de fuego.
Pero hay otro problema que constituye un Talón de Aquiles, es que buena parte de los muertos son directamente del ejército y de la policía. Esto obedece a una mentalidad que ellos tienen, de ver a la población y a los líderes de izquierda; también a los líderes de los excombatientes de las FARC como la contraparte, producto de una doctrina, lo que se llamaba “La doctrina de Seguridad Nacional”. De verlos como unos enemigos, como amigos de la subversión, como amigos de las guerrillas, como enemigos de la propiedad privada, etcétera.
Existe en la fuerza pública una mentalidad en la que los líderes sociales, los guerrilleros, son enemigos de la fuerza pública y del estado. Mentalidad alimentada desde el ejecutivo mismo y desde los altos generales. Aún en el gobierno moribundo de Duque hubo confrontaciones con altos militares, como con el comandante del ejército; el general Zapateiro, que ayer salió del ejército. O sea, se pueden cambiar de pronto algunos generales, pero existe una mentalidad creada durante muchos años, digamos, es parte de su doctrina, de su formación en la fuerza pública. Una mentalidad contrainsurgente de considerar a lxs líderes sociales, excombatientes como enemigos del establecimiento, es muy difícil de desmontar. Va a ser un proceso largo.
Yo no sé si Petro va a tener la sabiduría, si existe la posibilidad de que haya personas en los altos mandos militares que no estén contaminados o no estén tan adoctrinados por esa ideología. Yo soy muy reacio a creer que haya personas demócratas dentro del ejército colombiano y de la policía. Por la selección… O sea, no sé si en otros países será igual, pero en Colombia para ser oficial de la fuerza pública, de la policía, se entra por escuelas de formación. Como una especie de universidades. Entonces, buena parte de los generales de Colombia son hijos de otros generales, es una casta. Yo no sé qué va a hacer Petro, digamos de dónde va a sacar los generales demócratas respetuosos de los Derechos Humanos de esta institución.
Seguramente con el nuevo gobierno de Petro, haya dos posibilidades: Uno, disminuir la violencia. Los grupos paramilitares y el narcotráfico están diciendo, “queremos negociar y queremos negociar”. Se podría decir que va a aminorar la violencia. Pero por otra parte, pueden estar diciendo, toda esta gente del ejército que opera en las regiones (de alguna forma muy subrepticia): “Pues sigamos matándolos, y creemosle un problema a Petro, un caos, una situación inmanejable, que propicie un cambio gobierno, una situación en la que no se pueda hacer nada”, como sucedió en Chile, antes del golpe de Allende. Entonces, yo lo veo muy difícil.
De parte de este poder ejecutivo, va a haber algo muy positivo, seguramente de parte del ministro de Defensa, va a haber un discurso a favor de los Derechos Humanos y respecto a la vida muy fuerte. El problema es que los miembros de las fuerzas armadas lo interioricen y lo cumplan, eso va a ser muy difícil.
En tu artículo de La Nueva Prensa, que escribiste después de las protestas que se dieron en Bogotá, en abril de 2021. Allí hablaste sobre la cuestión de la Asamblea Constituyente. Hoy en 2022, qué opinas al respecto, ¿Asamblea Constituyente, sí o no, y por qué?
Recuerdo el artículo. Sí, yo soy partidario de que es necesaria una nueva Asamblea Constituyente. Lamentablemente, no sé qué va a pasar, pero lamentablemente, durante la campaña política, uno de los cuestionamientos que le hacía a la derecha y la prensa a Petro era “Petro se va a reelegir”. Ya la constitución se había modificado hace unos 12 años para permitir la reelección del presidente.
En Colombia desde el 91’ no estaba, bueno, desde antes no estaba la reelección. Pero el gobierno de Uribe modificó la Constitución y se hizo reelegir, e incluso Santos, también estuvo dos períodos presidenciales. Entonces las críticas eran que Petro llega al poder (la izquierda llega al poder) y no lo suelta.
Entonces, para permitir la reelección, es necesario cambiar nuevamente la constitución. Por lo menos lo que dijo Uribe, “no eso fue, que se cambió un articulito” “eso no fue nada…” Articulito que permite la reelección (risas).
Entonces Petro hizo la promesa pública de que no se iba a reelegir. Hizo la promesa pública de que tampoco iba a ver una constituyente. Claro. No sé si eso se pueda mantener o que la constituyente quede para dentro de cinco años, después de que él salga. Y de pronto se elija un nuevo gobierno por parte del Pacto Histórico. Y ese gobierno pues ya no tendría esa promesa.
Para muchos (imagino que incluyendo Petro), no sería necesario modificar las normas constitucionales actuales, y con eso, con que se cumpla la constitución y con que se cumplan los Acuerdos de Paz, sería suficiente y seguramente lo es. Pero queda un peligro, voy a dar un ejemplo:
No sé si en Argentina es así…pero en Colombia la constitución dice: “Artículo 1°: Colombia es un Estado social de Derecho”. En los capítulos de derecho en los que regula la estructura económica del Estado colombiano, dice “Los servicios son públicos, etc…” pero todo está concesionado. Entonces el agua es un servicio público, pero las empresas que lo prestan son privadas. De nuevo, la constitución dice: “La señal de televisión es pública, es estatal”. Entonces un particular no puede de la noche a mañana, fundar un canal. Todo tiene que ser a través del Estado y este le da una concesión, una autorización. Lo mismo pasa con los demás servicios públicos: agua, luz, salud, educación, transporte, internet. En la constitución colombiana dice que todos esos servicios son públicos. Pero en la práctica, todo está en manos de los particulares.