Ayer, el gobierno colombiano no le permitió el ingreso al país a Juan Grabois que viajaba como parte de una comitiva de derechos humanos. En el aeropuerto de Colombia, las autoridades migratorias, según denunció el dirigente social, lo hostigaron.  La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos que tiene como objetivo auditar el estado de los DDHH en el calor de las protestas actuales está conformada por decenas de referentes de organizaciones populares y de derechos humanos de nuestro país.

“Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un ‘riesgo para la Seguridad de Estado’” escribió en Twitter el referente de la UTEP, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y parte de la delegación de Solidaridad y DDHH.

La comitiva está conformada por referentes de los derechos humanos como Pablo Pimentel de APPDH MAtanza, Ismael Jalil de Correpi, Pablo Bres de SERPAJ, Leonardo Perez Esquivel, Sergio Maldonado, entre otros, y varias organizaciones populares como Patria Grande, Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie, FOL y FPDS. Es importante señalar que la delegación argentina permanecerá en Colombia hasta los primeros días de junio, viajará por ciudades centrales en relación a revuelta y movilización social, y también en aquellos focos donde se denunció más el avasallamiento de los Derechos Humanos

A si mismo, luego de esta agenda planteada, el fin es “elaborar un informe minucioso, que de corresponder, tienda a visibilizar las situaciones de abuso de poder en el marco del Paro Nacional, y denunciarlas a nivel nacional e internacional tal como prevé el Protocolo de Estambul’ plantearon desde la Misión.

“Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡no tenemos miedo! La Patria Grande está de pie.” siguió tuiteando Grabois, que sumado a él, le negaron la entrada a dos funcionarios más bajo la misma noción de que ‘su presencia era una amenaza para el estado colombiano’.

En este contexto, no se puede dejar de mencionar que el último informe de la ONU reveló 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública desde finales de abril hasta el 21 de mayo. Entre estos casos: 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios, 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, que van desde agresiones oculares, disparos de armas de fuego hasta violencia sexual y cientos de personas desaparecidas.

Si bien Juan Grabois terminó deportado y lo subieron custodiado a un vuelo a Lima sin demasiada explicación de su destino ulterior, 20 compañeras y compañeros de la Misión Internacional Solidaridad y Observación de DDHH seguirán adelante con la agenda pautada.