|Por Ailín Colombo
|Fotografía por Antonella Giuso
Los operarios de la empresa química Dalgar del partido bonaerense de Esteban Echeverria llevan once días de paro y acampe en la entrada de la planta. Exigen que se revoquen los 20 despidos y suspensiones aleccionadoras que la empresa sancionó cuando comenzaron una medida de fuerza en reclamo de mejoras de condiciones sanitarias.
“Esto comenzó cuando empezó la pandemia. Al ser esenciales, nos llamaban a trabajar y nos encontramos sin barbijos, sin alcohol, que son las cosas esenciales que tenemos que tener y ahí empezó la pelea”, explicó Diego Morono, delegado de la planta. Según él, el detonante del conflicto fue que, como la comisión interna exigió el cumplimiento del protocolo sanitario por COVID-19, la empresa tomó represalias contra un compañero y lo suspendió por protestar contra un intento de flexibilización laboral. “Pretendían que un compañero hiciera hasta tres tareas”, resaltó el delegado.
Entre las irregularidades que los 25 trabajadores de la planta denuncian se encuentran, además, la persecución sindical, la falta de pago de la última quincena de salarios y de las cargas sociales de diciembre. También, Morono sumó que se les descontó parte del sueldo a compañeros que enfermaron de COVID-19 y a los que no pueden asistir a trabajar porque tienen una condición de riesgo.
El delegado detalló que “encargados y jerarcas vinieron a trabajar igual con COVID. Muchos de nosotros también tuvimos casos y la empresa no los quería reconocer. Tuvimos que pedir que nos hicieran el hisopado a todos y ahí aparecieron seis compañeros positivos. En ese contexto, pedimos a la empresa que tome algún tipo de protocolo para que no sigan los contagios, pero no respetó los contactos estrechos y teníamos que venir a trabajar igual”.
Sergio Garnica, miembro de la comisión directiva de SPQyP de Avellaneda (Sindicato del Personal Químico y Petroquímico) reclamó que “la empresa aduce que por el bloqueo, los despidos son con causa” y por lo tanto se les negará la indemnización en caso de no ser reincorporados. Además denunció que “el dueño se llama Darío García y el abogado patrocinante es Joaquín Zappa, que es el abogado de la Cámara Química. Estos son los responsables de que todos estos problemas que se tienen que solucionar dialogando con puja de intereses entre los trabajadores y la empresa, hayan llegado a esto, despidos por reclamos de seguridad, reclamos de COVID, por una mejora en el salario.”
Los trabajadores apelan a la solidaridad de otros obreros para poder resistir la medida de fuerza debido a la supresión del pago de la última quincena. “Estamos acá de corte, en base a eso se van arrimando otros compañeros y nos están colaborando con el sustento para seguir aguantando acá”, agradeció Morano y sumó, “no tenemos ninguna respuesta de nadie, ni del Estado, ni del Ministerio de Trabajo, ni de la empresa, así que en conjunto con el Sindicato de Químicos, que es el que nos representa, vamos a estar acá hasta reincorporar las 20 personas.”
