El 1 de abril del 2017 Sebastián Wagner violó y asesinó a Micaela García en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos. Un año después del femicidio se sancionó la ley que lleva el nombre de la joven, la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado.

El sentido de la Ley es que les funcionaries estatales, desde jueces hasta fuerzas de seguridad, estén capacitades para responder ante situaciones de violencia de género, para prevenirlas, investigar y actuar sobre el agresor. Sin embargo, pasaron cuatro años del femicidio de Micaela y tres de la promulgación de la ley y las cosas no parecen haber cambiado mucho.

Basta con mirar un mes atrás y ver lo ocurrido con Úrsula, quien fue asesinada por Matías Ezequiel Martínez, su ex pareja y agente de la policía bonaerense, al que había denunciado 18 veces. O el caso de Guadalupe, también asesinada por su ex pareja, Bautista Quintriqueo, a pesar de tener una perimetral y denuncias por violencia de género.

Según datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en lo que va del año ocurrieron 70 femicidios, de los cuales 10 fueron en manos de fuerzas de seguridad. A su vez, 13 de las víctimas habían realizado al menos una denuncia y 7 tenían medidas de protección.

En ambos casos, el Estado, su Justicia y la Ley Micaela brillaron por su ausencia. La justicia no actuó a tiempo ni de manera eficiente y en el caso de Úrsula el asesino era miembro de la policía. Pero, lamentablemente, Guadalupe y Úrsula no fueron las únicas víctimas de la falta de implementación de la ley y del desamparo del Estado. Según datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en lo que va del año ocurrieron 70 femicidios, de los cuales 10 fueron en manos de fuerzas de seguridad. A su vez, 13 de las víctimas habían realizado al menos una denuncia y 7 tenían medidas de protección.

Hasta que no haya una efectiva puesta en práctica de la Ley Micaela, una reforma judicial con perspectiva de género y un Estado a la altura de las circunstancias y dispuesto a reducir la violencia de género, las mujeres y disidencias seguirán muriendo en manos de hombres, de los hijos sanos del patriarcado.