A casi cuatro años de iniciada la causa, los militantes Daniel Ruiz y César Arakaki fueron condenados a prisión efectiva por participar de las jornadas de lucha de diciembre de 2017 en contra de la reforma previsional promovida por el gobierno de Mauricio Macri. Ruiz, del Partido Obrero (PO), fue sentenciado a tres años de prisión, mientras que Arakaki, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) a tres años y cuatro meses.
El juez Javier Feliciano Ríos, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, dispuso la sentencia por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por mano armada e intervención de más de tres personas. "Era de esperar que me condenaran para justificar los 13 meses de cárcel que pasé en Marcos Paz, y para dar un mensaje a los empresarios que impulsan la reforma laboral, porque en aquel momento repudiamos las reformas de Macri a pedido del FMI y en el actual contexto de negociaciones era necesaria una condena a manifestantes que salieron aquella jornada, es seguridad jurídica para el régimen", señaló Daniel Ruiz a Página12. Los fundamentos del fallo serán conocidos recién en febrero.
En una sentencia de fuerte contenido político con un objetivo aleccionador, los abogados defensores indicaron que las pruebas de los delitos que le son imputados a ambos condenados son nulas. "La condena por lesiones contra César es un verdadero disparate. El policía que lo acusaba de haberle causado una herida en el cráneo, confrontado con clarísimas imágenes de video que muestran al compañero muy lejos de él en el momento que una piedra que proviene de otro sector le golpea y rompe el casco y lo tira al piso, debió admitir en el debate que fue ese golpe, y no otro, el que lo lastimó. Por eso desistió inmediatamente de su querella", detalla Correpi en un comunicado.
Aquel 18 de diciembre de 2017, el pueblo encabezado por sus organizaciones populares salió a las calles decidido a impedir la sanción de la Ley de Reforma Previsional impulsada por el entonces gobierno de Mauricio Macri, que significaba una estafa para las y los jubilados. Esta ley formaba parte de un paquete amplio de reformas neoliberales que pretendía sancionar el macrismo fortalecido tras su victoria en las elecciones legislativas de ese mismo año y que las jornadas de lucha de esos días pudieron frenar. La resistencia popular en Plaza Congreso fue tan fuerte como la represión que llevó adelante la policía, en el marco de ese desigual enfrentamiento fueron denunciados estos dos militantes. Por estos mismos hechos, se encuentra detenido hace más de un año, actualmente con prisión domiciliaria, Sebastian Romero, conocido como el “Gordo Mortero”.
El día de la sentencia, en las afueras de Comodoro Py partidos y organizaciones de izquierda realizaron una concentración para pedir la libertad de Ruiz, y la absolución de ambos imputados.
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