La Ley de Reforma del Estado de 1989, sancionada a un mes de haber asumido el presidente Carlos Menem, dió inició al proceso de privatizaciones de las empresas públicas del Estado, entre ellas los ferrocarriles.

Los trenes eran fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país, permitían que los habitantes de los pueblos y sus producciones llegasen a las grandes ciudades y zonas portuarias a bajo costo. Los ferrocarriles originalmente de capitales ingleses fueron estatizados durante la primera presidencia de Perón y permanecieron en manos del Estado hasta la década del ‘90.

Los trenes fueron concesionados por empresas privadas que nunca dejaron de recibir subsidios, los cuales fueron aumentando año tras año. La extensión ferroviaria se redujo en decenas de miles de kilómetros. El tren dejó de pasar por 19 provincias. 

Miles de estaciones cerraron dejando aislados a miles de pueblos, algunos llegaron a desaparecer y se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo. Lejos de las promesas iniciales, las privatizaciones de los trenes no modernizaron ni mejoraron el servicio.

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