|Por Ailín Colombo
La Cámara de Senadores aprobó anoche el refinanciamiento de la deuda con el FMI con otra movilización en oposición al acuerdo, en las puertas del Congreso. El mismo obtuvo media sanción en Diputados, mientras la manifestación contra el acuerdo era reprimida por la policía porteña.
Desde organismos de derechos humanos y movimientos sociales denuncian persecución a militantes populares tras las protestas en la Plaza del Congreso. A la represión sufrida ese jueves 10 se sumaron tres detenciones preventivas, allanamientos a locales de organizaciones y el pedido de captura al líder del MTR-Histórico, Roberto Martino. Estás acciones son repudiadas por constituir una forma de criminalización de la protesta social y buscar amedrentar a los manifestantes.
Durante la represión detuvieron a un militante del MTR Histórico, Oscar Santillán, sobre Avenida de Mayo. Previamente un grupo de manifestantes lanzó piedras contra las ventanas del parlamento, donde se encontraban las oficinas de la vicepresidenta, quien denunció los hechos caracterizándolos como planificados e intencionales contra su persona.
En los días posteriores a la manifestación se allanaron locales de diferentes movimientos populares, entre ellos del MTR-Histórico, organización a la que también se le dictó orden de captura a su principal dirigente, Roberto Martino, histórico militante con una trayectoria de décadas de lucha. En este marco, detuvieron a otro miembro del movimiento de Martino y a un integrante de C.U.B.A MTR, acusado de lanzar la molotov que hirió a un policía durante la represión del jueves.
Eduardo Soares de la Gremial de Abogadxs y defensor de Santillán explicó en declaraciones al diario Perfil que las imputaciones sobre los detenidos son excarcelables, por lo que se busca acusarlos con la figura de asociación ilícita para manterlos aprehendidos. "Es un delito que se le imputa a una persona por pertenecer a una organización que tiene por objeto producir delitos", aseveró.
El hecho resulta grave, ya que según afirma Soares, la Justicia podría determinar como asociación ilícita a un movimiento social con más de 25 años de historia, "eso hicieron los fiscales y los jueces macristas, del gobierno de la Ciudad", agregó el abogado.
Por los sucesos del jueves 10 hay dos causas abiertas. La primera, a cargo de la Justicia porteña, es por "asociación ilícita, atentado contra la autoridad agravado, daño agravado, obstrucción de la vía pública", entre otros delitos. Por su parte, los tribunales federales de Retiro investigan las pedradas al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández. La jueza que lleva la causa, María Eugenia Capuchetti, pidió a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires que se aparte de la investigación porque considera que se trata de los mismos hechos.
Otra de las acciones de gravedad, que busca escarmentar y criminalizar la protesta social, es la quita del programa Potenciar Trabajo al detenido Santillán, anunciada vía Twitter por el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, a pesar de que el detenido es jurídicamente inocente, ya que no fue juzgado ni condenado.
Desde los organismos de Derechos Humanos resaltaron que el accionar de la justicia busca correr el foco de la “verdadera discusión”, es decir, las consecuencias negativas del acuerdo con el FMI para los sectores populares.